Luego de la renuncia de un grupo de ciudadanos que conformaban la veeduría ciudadana del concurso de elección del nuevo fiscal general del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sesionó este lunes 12 de abril para escoger a tres nuevos representantes. La sesión estuvo liderada por Axel García, subcoordinador de Control Social del CPCCS y por Juan Carlos Calvache, técnico de la Subcoordinación de Control Social del CPCCS.
Este lunes se nombró a Guido Egas Tello en calidad de coordinador; Yolanda Silva como subcoordinadora, y Edison Cando como nuevo secretario.
“Estamos los mismos veedores mucho más comprometidos para que este proceso sea transparente”, dijo Egas.
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Hugo Arteaga, Marlene Espinosa y Julio Aguilar, quienes se desempeñaban como coordinador, subcoordinadora y secretario, respectivamente, y otras siete personas renunciaron alertando de una posible falta de acceso a información y garantías para completar la tarea.
Los diez exveedores denunciaron una posible presencia de veedores afines al bloque de mayoría de consejeros.
“De los veedores no estamos ni siquiera el 10 % y esa es una respuesta ciudadana, lo que quiere decir que la ciudadanía ha perdido la confianza”, dijo Egas.
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La veeduría ciudadana está conformada por 311 veedores acreditados para “vigilar la transparencia” para la elección de un nuevo fiscal general. Los 311 veedores fueron convocados este lunes de forma obligatoria a la reunión, pero solo se presentaron 23.
Los ciudadanos ausentes podrían ser desvinculados de la veeduría por “incumplimiento de sus deberes”.
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A nivel general del concurso, luego de la sesión de la comisión el pasado 10 de abril, 28 postulantes a fiscal general continuarán a la fase de calificación de méritos sobre 50 puntos, en la que competirán cuadros como el exministro de Gobierno y exaspirante a la Fiscalía José De La Gasca, el actual fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, entre otros exjueces.
El nuevo coordinador de la veeduría hizo un llamado a los rectores de las universidades para que sus catedráticos elaboren un banco de preguntas “que será objeto del proceso de defensa oral de los postulantes”.
Ecuador debía contar con un nuevo fiscal general en funciones desde abril de 2025; sin embargo, el proceso de selección continúa. El periodo constitucional de Diana Salazar concluyó en esa fecha y desde entonces la titularidad de la Fiscalía atraviesa un escenario de inestabilidad administrativa. (I)
