Uruguay fue la guarida fiscal ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en los sobornos de la constructora Odebrecht. Estudios jurídicos que prestaron sus servicios, bancos que escondieron los fondos y los prestanombres formaron parte del equipo uruguayo utilizado por la multinacional para un esquema que se extendió en toda Latinoamérica.