La Unión Nacional de Educadores (UNE) reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de admitir a trámite dos de sus demandas de inconstitucionalidad: una en contra de la Ley de Fortalecimiento Crediticio y otra contra una resolución de la Procuraduría General del Estado que dio paso a la designación de Leonardo Alarcón como fiscal general subrogante.