El director nacional de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, confirmó que la Superintendencia de Bancos, en coordinación con esa institución, realizó un requerimiento formal de información a la banca nacional sobre varias personas naturales vinculadas al denominado caso Encuentro. Así lo indicó en una entrevista con radio Exa la mañana de este martes, 5 de mayo de 2026.
Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh son dos de las personas cuyos movimientos financieros serán objeto de revisión en el periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024 por actividades consideradas sospechosas dentro del sistema financiero nacional.
Neira precisó que el pedido de información se dirige de manera particular al Banco Guayaquil.
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“Las personas naturales vinculadas al vaso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en este banco, sino que también formaban parte del Gobierno del Encuentro”, afirmó el funcionario, en referencia al gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
La identidad de las dos personas de las cuales se solicitó información al Banco Guayaquil se mantiene en reserva.
El objetivo, según explicó Neira, es “determinar qué esquema financiero se utilizó” por parte de quienes aparecen identificados en los análisis de inteligencia financiera relacionados con este caso.
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El requerimiento de información por parte de la Superintendencia se realizó en articulación con la UAFE en virtud del convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones, el cual se sustenta en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos.
La Superintendencia de Bancos aclaró en un comunicado que esta solicitud “no implica determinación de responsabilidad alguna” y que la información que sea remitida será analizada en coordinación con las autoridades competentes.
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La información solicitada es de carácter amplio. Incluye detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Según el comunicado de la Superintendencia, este acto “forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y acciones preventivas, a nivel nacional, orientados a seguir garantizando la transparencia e integridad de todo el sistema financiero ecuatoriano”.
Neira fue enfático al señalar que “todos los requerimientos de información se basan en información jurídica y técnicamente independiente”.
Explicó que la función de la UAFE consiste en hacer análisis financiero sustentado en los reportes de operaciones sospechosas recibidos del sistema financiero, y que su rol es apoyar a la Fiscalía General con los elementos de inteligencia financiera necesarios para avanzar en la investigación.
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La Superintendencia de Bancos, por su parte, reafirmó en su comunicado el compromiso de “seguir actuando con independencia técnica, rigor jurídico y coordinación interinstitucional” para fortalecer la prevención del riesgo de lavado de activos y proteger la confianza en el sistema financiero ecuatoriano.
Respecto del estado procesal del caso Encuentro, el director de la UAFE indicó que la Fiscalía está esperando que Hernán Luque llegue al país para que rinda su versión. “Pero estamos trabajando para aportar con información”, agregó.
En cuanto a las gestiones internacionales para lograr la comparecencia de los investigados, el funcionario señaló que Cancillería y la Embajada de Ecuador en Argentina han dado seguimiento al proceso de extradición de Luque, mientras que en Colombia se adelantan diligencias similares respecto de Nain Massuh, con gestiones adicionales en España para otros casos relacionados.
El caso Encuentro investiga una presunta red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico entre 2021 y 2023.
La trama central gira en torno al presunto cobro de sobornos y la venta de cargos públicos en entidades estatales, mediante una estructura orientada a colocar personas afines en empresas del Estado a cambio de presuntos beneficios económicos.
En este caso ya hay dos personas sentenciadas: Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), como cómplice.
Neira reveló, asimismo, que en 2025 la UAFE reportó a la Fiscalía General del Estado movimientos irregulares por más de $ 1.500 millones identificados en el Sistema Financiero Nacional y en el de Economía Popular y Solidaria.
Según el funcionario, en esos movimientos “no había origen de fondos y había patrones cuestionables de lavado de activos, testaferrismo, corrupción y crímenes contra la Administración pública”. (I)
