Tribunal suspendió juicio del caso Triple A, se retomará el 21 de marzo con presentación de testigos

El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado suspendió este sábado, 14 de marzo , la audiencia de juzgamiento del caso Triple A , proceso en el que está acusado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con otras 21 personas naturales y jurídicas. La diligencia se reinstalará el 21 de marzo , cuando el tribunal prevé iniciar la práctica de la prueba con la presentación de los testigos anunciados por la Fiscalía.El tribunal también resolvió dejar sin efecto la audiencia convocada para este domingo, 15 de marzo , y dispuso oficiar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y al director de la Cárcel del Encuentro para que informen los días y los horarios en los que los abogados podrán reunirse con sus defendidos . El tribunal advirtió que, de no cumplirse esta disposición, la audiencia podría no reinstalarse en el momento previsto.En tanto, se conoce que entre 111 y 115 testigos y peritos usarán la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), como ente acusador la primera y acusación particular las dos siguientes. En la audiencia de este sábado, 14 de marzo, el juez Jorge Sánchez (ponente) dispuso que 48 horas antes de la reinstalación de la audiencia de juicio la Fiscalía presente la lista de los testigos.Durante la jornada se escucharon los alegatos de apertura de varias defensas.El abogado de Alvarez, Ramiro García Falconí, sostuvo que resulta imposible ejercer una defensa adecuada si su cliente no está presente físicamente en la audiencia. Además, cuestionó la teoría del caso de la Fiscalía y afirmó que existe una falta de entendimiento del delito que se imputa. Según explicó, para que exista comercialización ilegal debe identificarse a un comercializador y a un comprador en una transacción irregular, algo que —dijo— no se ha demostrado. García señaló que Alvarez fue representante legal de tres empresas comercializadoras, pero que ninguna estación de servicio en la frontera le pertenece. También sostuvo que todo el combustible comercializado por las empresas vinculadas al alcalde provino de Petroecuador y enfatizó que la cadena de distribución de combustibles está controlada de principio a fin por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos , por lo que —según su postura— no existe evidencia de transacciones ilícitas ni elementos para imputarle responsabilidad penal.Otros abogados también cuestionaron la acusación fiscal. Ernesto Pazmiño, defensor de Fausto Vinicio Vaca, apuntó que los hechos atribuidos no se configuran como un delito penal, sino, en todo caso, como asuntos de carácter administrativo. En esa línea, las defensas de otros procesados afirmaron que la Fiscalía no ha logrado individualizar responsabilidades ni demostrar la participación de sus representados en una supuesta estructura criminal. Abogados de varios procesados puntualizaron que las operaciones de sus clientes fueron lícitas, que contaban con permisos para la comercialización de combustibles y que la acusación se basa en presunciones o interpretaciones incorrectas de hechos administrativos.La Fiscalía subraya que entre 2020 y 2024 se habría conformado una estructura societaria que desvió combustible subsidiado, lo que habría causado un perjuicio al Estado de $ 61,5 millones , correspondientes a la comercialización irregular de más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina. En la próxima audiencia, prevista para el 21 de marzo , el tribunal dará paso a la etapa de práctica de pruebas con la comparecencia de los testigos anunciados por la acusación. (I)

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