Tres millones de dólares se ofrecieron por la Subdirección de Operaciones de Aduanas

La operación Danubio tuvo su origen en la denuncia que realizó la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), Carola Ríos Michaud, a la fiscal general del Estado en septiembre de 2021, cuando a una de sus asesoras le ofrecieron $ 3 millones por la Subdirección General de Operaciones.Lo reveló la principal autoridad del Senae, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio, que llevó a la Fiscalía del Estado y a la Policía Nacional, en la madrugada del 21 de julio, a realizar allanamientos para develar presuntos actos de corrupción que tienen relación con la oferta de cargos en distintas entidades públicas a cambio de altas sumas de dinero.A la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también fueron invitados la fiscal general, Diana Salazar, el secretario de la administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, Iván Correa, y el exconsejero ad honorem del Gobierno Juan José Pons. Ninguno acudió y la mesa de Fiscalización insistirá en el llamado. Carola Ríos Michaud relató que la investigación fiscal nació de una alerta que hizo ella por vía telefónica a la fiscal general, Diana Salazar, cuando en septiembre de 2021 una de sus asesoras fue interceptada por Juan Acancela, en un centro comercial de Guayaquil, en un intento de soborno ofreciéndole $ 3 millones por la Subdirección Nacional de Operaciones. Tras la llamada telefónica, Salazar delegó a una fiscal de apellido Romero, quien le recomendó hacer la denuncia como anónima con la idea de no alertar a las personas que iba a iniciar una investigación. Aclaró que no es común que se conozcan denuncias por parte de la Dirección General de Aduanas hacia la Fiscalía por presuntos actos de corrupción y eso genera ese escepticismo hacia la institución.Alertó que hay mafias que no les interesa que esté ella en el cargo y que tampoco les interesa que se implementen los escáneres de mejor tecnología que dispuso el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Decreto 227. Los puertos están llamados a hacer la renovación de los equipos, afirmó.Relató que con los escáneres y en algunos operativos con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encontraron en paquetes de courier armas y municiones, que ingresan por los aeropuertos de Quito y Guayaquil. “Exportamos cocaína e importamos armas”, acentuó Ríos.L a funcionaria del Senae contó que una organización autodenominada Frente de Organizaciones Sociales en el 2021 solicitó una reunión con ella y asistieron Camilo Morales y Juan Acancela, quienes hablaron de necesidades de las comunidades en Cotopaxi que querían recibir donaciones de las mercancías en abandono que permanecen en aduanas. Y señalaron que una de las cosas que les preocupaban es el cargo de director distrital de Latacunga, porque no era una persona de la zona. Tras una planificación acudió a la provincia y mantuvo reuniones con comunidades de Cotopaxi, donde se recibieron las peticiones de donaciones que luego se canalizaron a través de la exministra de Inclusión Social Mae Montaño.Luego de esas reuniones, añadió Carola Ríos, comenzó una persecución por parte de Juan Acancela a una de sus asesoras del equipo hasta interceptarla en un centro comercial de Guayaquil, donde le hizo la propuesta de pagar por el cargo más relevante en operaciones que es la Subdirección Nacional de Operaciones. La Subdirección Nacional de Operaciones del Senae se encarga de supervisar las operaciones del Servicio Nacional de Aduanas a nivel nacional; es decir, los directores distritales de cada punto de aduanas en el país coordinan actividades con el subdirector. La implementación de normativa y de manuales de procedimiento es supervisada por la subdirección. Luego de ese ofrecimiento de dinero, la asesora le comunicó sobre la situación y posteriormente canalizó la denuncia de manera directa a la fiscal general del Estado.Hace unos días, un fiscal de apellido Burbano pidió información de Talento Humano del Senae; luego, el caso se volvió mediático, donde se dice que hay funcionarios de aduanas involucrados o vinculados al proceso, afirmó Ríos. “No hay un proceso de investigación a la aduana, no hay el cometimiento del delito, lo que llama la atención es que se haya dado este festín mediático señalando que en la aduana se venden puestos, nada está a la venta, lo que sí es real es que hubo un intento de sobornar a una funcionaria de mi administración para lograr un cometido”, puntualizó. Reveló que hay un proceso por concusión contra una funcionaria del área de Atención al Cliente distrito de Aduanas de Guayaquil por exigir dinero a un usuario para agilizar el trámite en la aduana, asimismo, se destituyó a un funcionario de aduanas encargado de revisar físicamente los contenedores, por hacerse “de la vista gorda y no detallar lo que venía en un contenedor con mercadería desde China”.Carola Ríos afirmó ante la Comisión de Fiscalización que conoce a Juan José Pons como representante de una asociación de exportadores de banano y la relación ha sido como cualquier otro representante de los grupos de exportadores, productores, cámaras y gremios. (I)

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