La crisis interna se profundizó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Mientras cuatro consejeros de mayoría reinstalaron una sesión para debatir la remoción de la presidencia de Sofía Almeida, esta última denunció un golpe de Estado al organismo y pidió al Gobierno nacional que no interfiera.
La mañana de este miércoles, 9 de febrero, los exteriores del Consejo amanecieron resguardados por efectivos de la Policía Nacional, pues los vocales Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán reinstalaron la sesión permanente n°3, en la que entre otros puntos, consta el debate de una moción para remover de la presidencia a Sofía Almeida y reformar todos los reglamentos para la designación de autoridades de seis entidades del Estado.
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Almeida reaccionó con indignación a estas pretensiones. En una rueda de prensa este 9 de febrero, tildó de “golpistas y mercenarios” a los cuatro consejeros, que buscan “implosionar” el Consejo y darle un golpe de Estado por sus presuntos intereses de designar autoridades.
Aseguró que ella no ha solicitado la presencia de la Policía Nacional en los alrededores del Consejo; y en esa línea pidió al presidente de la República, Guillermo Lasso, que disponga su retiro, pues ello le hace presumir que habría una “injerencia” del régimen en la institución.
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Ella denunció que fue el consejero Hernán Ulloa el que pidió la presencia de la Policía, sin su autorización. “¿Quién es el consejero Ulloa para que haga una solicitud de esta magnitud? Esto podría entenderse como una injerencia de otro poder del Estado en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana”, denunció.
Advirtió que presentará acciones legales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que denunciará a los cuatro consejeros por haber afectado bienes públicos al haberse roto, supuestamente, la seguridad del edificio del Consejo para sesionar.
Mientras Almeida daba estas declaraciones en una rueda de prensa virtual, los cuatro vocales de mayoría sesionaban en el Consejo de forma presencial.
Argumentaron que el vicepresidente David Rosero no ha convocado a la reinstalación de esta sesión permanente, por lo que al tener ellos la mayoría la reinstalaron y nombraron un secretario, Nelson Silva, para que dé fe de los actos públicos.
En medio de esto, Rosero remitió una convocatoria para reinstalar esta plenaria el próximo 15 de febrero. Pero los cuatro consejeros ignoraron esta convocatoria y continuaron el debate.
Esta sesión permanente se instaló el pasado 27 de enero, luego de que los cuatro consejeros lograron aprobar el ingreso de una moción en el orden del día, para remover de la presidencia de Almeida.
La moción la planteó el consejero Francisco Bravo, amparándose en el Código Orgánico Administrativo, que establece la posibilidad de discutir en los cuerpos colegiados la remoción de las autoridades.
Se argumentó que Almeida no ha entregado información a los consejeros, que ha incumplido y abusado de sus funciones, como convocar a sesiones con 24 horas de anticipación, sin observar que se lo debe hacer en un mínimo de 48 horas; por falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades; por suspender sesiones de forma arbitraria.
Almeida presentó una medida cautelar para evitar que se trate este punto, y la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas) Karly Vargas se la otorgó, alegando que la moción de Bravo violentaba la seguridad jurídica.
Sin embargo, Ulloa también presentó una acción de protección y la jueza Larissa Ibarra Lamilla, de la misma unidad judicial, la revocó.
Con ello, Bravo, Ulloa, Rivadeneira y Estupiñán se reinstalaron en el pleno permanente.
Al momento, los consejeros discuten la remoción del cargo de Almeida. Incluso para que ejerza su derecho a la defensa, la llamaron por teléfono, pero ella no contestaba. (I)