Con la convocatoria para que rindan su versión y la ampliación de su versión 22 personas, audiencias de extracción de dispositivos electrónicos, pedidos de asistencia penal a Estados Unidos, España y Colombia, peritajes económicos, psicológico y de entorno social, entre otros, es con lo que cerrarán los cuatro meses de instrucción fiscal definidos dentro del proceso penal que investiga a los posibles autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El 12 de marzo próximo se cierran los 120 días de la etapa de instrucción contra siete personas identificadas como parte de la autoría intelectual del crimen, al estilo sicariato, que se produjo la noche del 9 de agosto de 2023, días antes de que se realice la primera vuelta de las elecciones anticipadas para la Presidencia de la República.
Los 90 días iniciales de la instrucción fiscal en lo que la Fiscalía ha nombrado como caso Magnicidio FV arrancaron el 3 de septiembre de 2025 con la formulación de cargos contra José Serrano, el exministro de Rafael Correa; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, y el condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área pública de la salud y la justicia, Daniel Salcedo.
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Los 120 días de instrucción terminan el 12 de marzo próximo
Casi dos meses después de cerrados los primeros tres meses de la etapa de instrucción y luego de varios diferimientos, la Fiscalía logró que se vinculara a la causa a Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; a su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, los tres ubicados como cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.
Estas vinculaciones hicieron que la instrucción fiscal del caso Magnicidio se alargara otros 30 días, terminando así esta etapa procesal el 12 de marzo próximo.
Según la Fiscalía, alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis habrían participado en la planificación previa del crimen perpetrado contra el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. De acuerdo con la teoría de Fiscalía, los ahora imputados coordinaron previamente el ataque mortal con apoyo de los grupos irregulares armados de Colombia, por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de altas sumas de dinero.
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Los siete procesados tienen vigente una orden de prisión preventiva, pero solo dos la cumplen: Salcedo y Arboleda, debido a que cuando se inició su procesamiento en Magnicidio FV ya estaban detenidos cumpliendo otras penas de prisión. Serrano, Jordán y Aleaga han apelado sus prisiones preventivas desde Estados Unidos, los dos primeros, y el último desde Venezuela. Alias Pipo permanece preso en España, mientras que de alias Lobo Menor no se conoce su paradero.
Fiscalía dispone se convoque a versiones solicitadas por procesados
En ese contexto, dentro de los últimos días de la instrucción fiscal se ha dispuesto que se convoque a 22 personas para que rindan su versión o las amplíen. Por ejemplo, el exministro José Serrano pidió las versiones de siete personas, quienes deberán acercarse entre el 9 y el 10 de marzo próximo a la Fiscalía de Pichincha.
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El abogado de Luis Arboleda solicitó que sea él convocado a rendir su versión y la diligencia se dará el 10 de marzo próximo, a partir de las 15:30. También como parte de su defensa se pidieron peritajes de enlaces de TikTok y YouTube, psicológico para un análisis de credibilidad, copias certificadas a la Comisión de la Verdad y una asistencia penal internacional (API) a Estados Unidos.
Desde el lado de Xavier Jordán, su defensa pidió su propia comparecencia para ampliar su versión por vía telemática el 9 de marzo próximo y lo hará a partir de las 11:00. Así también requirieron la versión telemática de Joviana González, peritajes y una APl al Reino de España.
La abogada defensora de Chavarría Barre, alias Pipo, pidió que se den dos versiones, una de ellas de Andrew Scott Pickle, agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) que habló en septiembre de 2023 con varios de los colombianos detenidos como autores materiales de la muerte de Villavicencio. La versión del ciudadano estadounidense está planificada para el 9 de marzo próximo, a las 09:30.
Por pedido de la defensa de alias Lobo Menor se convocó a rendir su versión a Edwin Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias Flaca, ambos condenados a más de 34 años de cárcel por ser parte de los autores materiales del crimen del presidenciable. También fue convocada desde esa parte Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Las dos primeras versiones serán el 10 de marzo a las 12:00 y 14:30, respectivamente; mientras que Sarauz lo deberá hacer por vía telemática el 12 de marzo siguiente, desde las 09:00.
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Finalmente, en lo que respecta a versiones, Daniel Salcedo solicitó que sean convocados a rendir su versión seis personas. Ante esa solicitud, la Fiscalía dispuso que el 12 de marzo próximo rindan su versión libre y voluntaria Paulina Jarrín Gonzaga, Washington Ruiz Cortez, Víctor Rivadeneira Macías, de la actual asambleísta de la RC y exministra de Justicia del correísmo Lady Zúñiga Rocha; del exsecretario jurídico presidencia Alexis Mera Giler; Diego Vallejo Cevallos, exasesor del ministro Serrano y quien se ha declarado perseguido político.
Entre las 10:00 y 15:00 del 12 de marzo próximo deberán rendir su versión estos siete convocados. Ese mismo día la Fiscalía también llamó por segunda vez a Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, para que rinda su versión libre y voluntaria, a partir de las 15:30.
Se han solicitado además otras diligencias que tienen que ver con la recolección de pruebas documentales, peritajes digitales y pedidos de información a instituciones del Estado, las cuales fueron dispuestas para su cumplimiento a la brevedad posible. Entre los solicitantes están Daniel Salcedo, Xavier Jordán, Luis Arboleda y José Serrano.
Del lado de la acusación oficial, la Fiscalía, se ha pedido autorización judicial para la explotación de dispositivos que se encuentra en cadena de custodia, se ha dispuesto un peritaje de entorno social, así como otro tipo de pericias y análisis, los cuales deben ser entregados lo más pronto posible. (I)
