Cuatro recursos subjetivos contenciosos electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) se han presentado en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la cual se adelantó la fecha de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026.
Los recursos ingresados ante el TCE, hasta la fecha, fueron presentados desde el pasado 30 de marzo por representantes de diferentes organizaciones políticas.
El primero lo oficializó la presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, y el abogado Gabriel Rivera López. El segundo recurso lo presentó el ciudadano Pablo Ricaurte Altamirano, presidente nacional del movimiento L.I.D.E.R. Una tercera acción la ingresó el asambleísta y presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano Valladares. Y la cuarta acción fue impulsada por Holver Trinidad Giler Macías, presidente provincial de Sucumbíos y afiliado del Partido Izquierda Democrática (ID) y por su abogado Paúl Desamblanc Cañadas.
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Este último recurso subjetivo fue inadmitido por el juez del TCE Guillermo Ortega, quien argumentó falta de legitimación activa por parte de Giler Macías. El magistrado dispuso el archivo de esta causa. En tanto, el resto de acciones se encuentran en la fase de sustanciación.
A la vez, el mismo 30 de marzo, Andrés Albuja Batallas, docente universitario, ingresó una acción de inconstitucionalidad de acto administrativo con efectos generales en contra de la resolución del CNE.
El ciudadano argumenta que “el adelanto de las elecciones de febrero de 2027 a noviembre de 2026 no solo vulnera los derechos políticos, sino que impone una carga financiera regresiva a los gobiernos autónomos descentralizados”.
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“Obligar a los municipios a convivir con autoridades electas durante seis meses previos a su posesión desarticula la planificación financiera, fomenta el gasto ineficiente de salida y paraliza la inversión pública, contraviniendo el principio de eficiencia en la administración de recursos públicos”, dice el documento presentado ante la CC.
El docente pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de lo resuelto por el CNE.
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La causa se sorteó y recayó en el despacho del juez constitucional Jorge Benavides.
Por su parte, el Partido Social Cristiano presentó una acción pública de inconstitucionalidad ante la misma Corte Constitucional. El recurso fue ingresado la tarde de este miércoles, 1 de abril.
El PSC alega que la Constitución prevé situaciones específicas e inalterables para la anticipación de un proceso electoral; la falta de sustento técnico y prohibición expresa para justificar las modificaciones con pronósticos meteorológicos; y la vulneración a los derechos de participación, a la seguridad jurídica y vaciamiento del contenido material del proceso electoral.
“Estas acciones se sustentan en la Constitución y en el Código de la Democracia, con el objetivo de garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de participación política”, señaló el partido en un comunicado.
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El cambio de la fecha de las elecciones se adoptó el pasado 27 de marzo con los votos de los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita (vicepresidente) y Diana Atamaint (presidenta), con base en un informe remitido por el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) y de la Secretaría Nacional de Riesgos, de que aparentemente en el primer trimestre del 2027 se producirá un fenómeno climático que impedirá que el electorado acuda a las urnas.
Con la modificación del calendario electoral, la jornada de votación para las elecciones de alcaldes, prefectos, vocales de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se adelantó del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. (I)
