La frontera norte de Ecuador enfrenta desde hace varios años una situación compleja de seguridad, marcada por la presencia de grupos armados colombianos, bandas criminales ecuatorianas y economías ilícitas vinculadas principalmente al narcotráfico.
Este escenario sirve de base para el reclamo del Gobierno de Daniel Noboa a Colombia por una mayor cooperación en materia de seguridad y la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida justificada por una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Para Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), las dinámicas criminales en la zona fronteriza no han cambiado sustancialmente en los últimos años, aunque sí se han vuelto más complejas.
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“El narcotráfico sigue siendo la principal actividad del crimen organizado en la frontera. Hay que entenderlo no como un delito autónomo, sino como una cadena de valor que conlleva otros delitos conexos”, explicó.
Según Rivera, esa cadena incluye actividades como el tráfico de combustibles, el ingreso de precursores químicos y otras economías ilícitas que permiten sostener el negocio del narcotráfico. En los últimos años, señaló, se ha producido un cambio relevante: la cercanía de los cultivos ilícitos del lado colombiano con la frontera ecuatoriana y el mayor involucramiento de organizaciones criminales locales.
“Antes participaban únicamente grupos colombianos; ahora hay grupos ecuatorianos que forman parte de esa cadena de valor. Esto genera una dependencia mutua entre organizaciones de ambos países para movilizar mayores volúmenes de droga hacia los mercados internacionales”, indicó.
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Disidencias, bandas y control territorial
En la frontera con Ecuador operan varias estructuras armadas de origen colombiano, conformadas principalmente por disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y células del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que retomaron las armas tras los procesos de paz iniciados desde 2016. Estas organizaciones mantienen presencia en departamentos como Nariño y Putumayo, con incidencia directa en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
Del lado ecuatoriano, el escenario se ve agravado por la actuación de bandas criminales locales que disputan territorios, rutas del narcotráfico y economías ilegales. Entre las organizaciones con mayor incidencia se encuentran Los Tiguerones, Los Lobos y estructuras vinculadas a Los Choneros, además de grupos más pequeños que operan mediante alianzas temporales, según consta en investigaciones de organizaciones como Insight Crime.
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Rivera explicó que los actores que dominan el territorio pueden variar, pero que en la base del problema se mantiene la presencia de disidencias armadas colombianas.
“Los nombres han ido cambiando con los años, pero se trata principalmente de disidencias de las FARC, sumadas a bandas ecuatorianas con fuerte presencia en la frontera, especialmente en Esmeraldas”, señaló.
El impacto del proceso de paz de las FARC
El actual escenario de violencia en zonas fronterizas se da en el contexto del proceso de desmovilización de las FARC iniciado tras la firma del acuerdo de paz definitivo en 2016, durante el gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos.
El cese del fuego entró en vigor el 29 de agosto de ese año y, a partir de 2017, comenzó la dejación de armas y la concentración de los combatientes en zonas veredales de distintos departamentos del país, entre ellos Nariño, Putumayo, Caquetá y Arauca, territorios cercanos a la frontera con Ecuador.
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De acuerdo con datos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, hasta 2020 se desmovilizaron 13.394 integrantes de las FARC, de los cuales 10.293 eran hombres y 3.101 mujeres. El proceso incluyó la entrega de armas bajo supervisión internacional y programas de reincorporación a la vida civil.
Sin embargo, no todos los frentes de la guerrilla aceptaron el acuerdo. Desde 2017, varias estructuras se apartaron del proceso y pasaron a la clandestinidad. Estas facciones, conocidas como disidencias, no reciben los beneficios del acuerdo de paz y continúan operando como actores armados ilegales.
Informes de la fundación Paz & Reconciliación (Pares) señalan que los grupos armados pos-FARC han crecido de manera acelerada en antiguos territorios de la guerrilla y operan en más de un centenar de municipios colombianos, articulados en organizaciones como las lideradas por alias Gentil Duarte y la llamada Segunda Marquetalia, encabezada por alias Iván Márquez.
Economías ilícitas diversificadas
Aunque la cocaína sigue siendo el principal producto del narcotráfico en la frontera, el director del OECO subrayó que otras actividades han ganado relevancia.
“Además de la cocaína, hay mercados ilícitos que resultan rentables, como el tráfico de marihuana o de nuevas sustancias psicoactivas”, indicó, al mencionar decomisos recientes de ketamina como ejemplo de la adaptación de los grupos criminales.
A estas actividades se suman delitos como la extorsión, conocida como ‘vacunas’, que afecta tanto a agricultores y propietarios de fincas como a comerciantes en ciudades fronterizas.
“Estas extorsiones pueden derivar en intimidaciones, hechos violentos e incluso asesinatos”, explicó Rivera.
La minería ilegal es otro de los factores que inciden en la inseguridad de la zona. De acuerdo con el analista, la rentabilidad de esta actividad ha llevado a que grupos armados y bandas criminales la incorporen como una fuente adicional de financiamiento.
Datos recopilados por organizaciones que monitorean conflictos armados y violencia indican que, entre 2023 y 2024, se registraron cientos de incidentes en las provincias fronterizas del norte del país. Estos incluyeron enfrentamientos armados, ataques contra civiles, decomisos de armas, incautaciones de droga y uso de explosivos.
Las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos concentran la mayor parte de estos hechos. En Esmeraldas predominan los choques entre bandas criminales ecuatorianas, mientras que en Sucumbíos y Carchi se observa una presencia más marcada de grupos armados colombianos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
Este contexto de violencia y expansión criminal es uno de los principales argumentos del Gobierno ecuatoriano para sostener que existe una falta de control efectivo del lado colombiano de la frontera.
En tanto, la seguridad en la frontera común se convirtió en el eje de una escalada comercial entre ambos países. Ecuador impuso un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, medida que, según el presidente Noboa, se mantendrá hasta que exista un compromiso verificable para enfrentar conjuntamente el narcotráfico y la minería ilegal.
Colombia rechazó esa posición y respondió con medidas comerciales y la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica.
Como expectativa para ver cómo avanza la cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico en América Latina, está prevista para el 3 de febrero una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, encuentro que podría tener repecursiones también en la tensión con Ecuador.
Efectos
Por su parte, un análisis del centro de estudios Insight Crime advierte que el deterioro de la cooperación entre países puede tener efectos contraproducentes en la lucha contra el crimen organizado transnacional. De acuerdo con ese informe, las tensiones diplomáticas y las medidas comerciales restrictivas pueden facilitar el contrabando y debilitar los mecanismos de coordinación operativa en zonas fronterizas.
El estudio señala que, en otros escenarios de la región, la reducción del intercambio de información y de las operaciones conjuntas ha limitado la capacidad de los Estados para enfrentar redes de narcotráfico, mientras que los períodos de mayor cooperación bilateral han permitido incautaciones más significativas y golpes a las economías ilícitas.
Insight Crime subraya que los grupos criminales tienden a aprovechar vacíos institucionales, disputas políticas y falta de coordinación entre países, especialmente en territorios fronterizos donde el control estatal es históricamente débil.
(I)
