Entre 2001 y 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró 1.391 suicidios en el grupo etario de 0 a 14 años en Ecuador. Es decir, un promedio de casi 60 muertes por año en niños y adolescentes. Son datos que, para especialistas, evidencian la falta de refuerzo en los sistemas de salud pública y educativo en el área de salud mental.
En ese contexto, la Asamblea Nacional aprobó, de forma unánime (145 votos), el 22 de abril de 2026, el proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, que introduce reformas, principalmente, a la Ley Orgánica de Salud Mental.
La normativa obliga al Estado a incorporar la materia de Psicoeducación en las mallas curriculares de todas las instituciones educativas del país y a reforzar la atención en salud mental desde un enfoque preventivo.
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El texto fue trabajado en la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, integrada en su mayoría por legisladores del movimiento Revolución Ciudadana.
El proyecto ahora está en manos del presidente Daniel Noboa para sancionarlo (aprobarlo), vetarlo parcialmente o de forma total. Tiene un plazo de 30 días que ya está corriendo.
El informe elaborado por la comisión estructura la propuesta en cuatro ejes: educativo, comunitario, de salud mental, y de arte, cultura y deporte.
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La implementación de la materia “Psicoeducación” está prevista de forma gradual. Según las disposiciones transitorias del proyecto, en 2026 comenzaría en bachillerato, en 2027 en básica superior y en 2028 en educación inicial y básica elemental.
El Ministerio de Educación tendría 120 días para elaborar un cronograma vinculante con contenidos, metodología y criterios de evaluación.
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La asambleísta Mireya Pazmiño, de la bancada Revolución Ciudadana (RC) e integrante de la comisión que tramitó el proyecto, describe los dos pilares centrales de la norma.
“En el ámbito de educación, el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud deben incorporar en la malla curricular la materia de psicoeducación en cada una de las unidades educativas públicas y privadas. Y en cuanto al ámbito de salud, está destinado para que el Ministerio de Salud establezca parámetros para que la salud psicológica sea una prioridad y tenga unos seguimientos especializados”, dice.
El proyecto también crea el Consejo Consultivo de Salud Mental, en reemplazo de una figura de veeduría ciudadana que, según el informe de la comisión, no generaba impacto suficiente. Este consejo estaría integrado por actores del Estado y la sociedad civil, y tendría facultades para recibir denuncias, emitir recomendaciones y vigilar el cumplimiento de políticas.
Adicionalmente, la norma obliga a que las compañías de seguros, públicas y privadas, incluyan coberturas de salud mental en sus planes, bajo amenaza de sanción, y establece la participación de estudiantes de psicología en actividades de promoción y prevención como parte de sus prácticas preprofesionales.
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El respaldo desde adentro y afuera de la comisión
José Chiriboga, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de Salud Mental del Ecuador y participante en las mesas técnicas que alimentaron el proyecto, sostiene que la apuesta por la prevención tiene una justificación epidemiológica concreta.
“Epidemiológicamente, más que la niñez es la adolescencia la que tiene uno de los factores de riesgo más complicados en este momento, en temas de depresión, ansiedad y suicidio. Es uno de los grupos etarios con mayor carga de suicidio”, señaló Chiriboga.
El psicólogo Chiriboga también defendió la creación del Consejo Consultivo como uno de los aspectos más relevantes del proyecto: “Nosotros podemos validar estrategias de prevención, de promoción, de atención, proponer cuestiones de mejora continua, pero además el Consejo va a receptar denuncias de malas prácticas, de centros de rehabilitación ilegales, que está pasando mucho actualmente en Ecuador”.
Sobre la participación de estudiantes de psicología en campañas de prevención, el especialista aclaró que no se trata de reemplazar a profesionales.
“Al dirigirlos hacia la prevención y la promoción, primero les insertamos ya dentro del sistema, les hacemos ganar experiencia y al mismo tiempo atacamos el problema de la prevención. Pero evitamos que incurran en prácticas donde todavía no tienen una preparación y una certificación legal, como atender pacientes”.
Desde el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), la asambleísta Nathaly Farinango manifestó respaldo al proyecto a pesar de no formar parte de la comisión que lo trató.
La legisladora ancló su postura en el mismo dato que da pie a esta historia: “En Ecuador la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 10 a 14 años es precisamente el suicidio. Desde el Estado se debe hacer algo, que se incluya este apoyo dentro de nuestra malla curricular. Por eso nosotros decidimos apoyar el proyecto de ley”, sostuvo Farinango.
‘Redundancia y presupuesto’
Pero también hay voces que cuestionan del proyecto. Gabriel Ordóñez, psicólogo clínico y académico, planteó dos problemas de fondo.
El primero tiene que ver con la superposición normativa. “Hay ciertos artículos que ya están en la Ley Orgánica de Salud Mental, que ya están en el reglamento de la ley, y que de alguna manera esta propuesta repite. Se duplican normativas en vez de fortalecer lo que ya existe”, advirtió Ordóñez, quien precisó que durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Salud Mental se elaboró tanto esa ley como su reglamento operativo.
El segundo cuestionamiento apunta a la viabilidad operativa. “El Ecuador está lleno de buena normativa de política pública, pero cuando sacas una normativa y no hay un poder de decisión del Estado y no hay un presupuesto que acompañe a esa normativa, es letra muerta”, afirmó.
Ordóñez advirtió, además, que los psicólogos en instituciones educativas ya trabajan con cargas que pueden superar los 800 o incluso 1.500 estudiantes por profesional. A eso sumó una cifra que dimensiona la brecha: Ecuador destina menos del 1 % de su presupuesto de salud a salud mental, cuando la media latinoamericana es del 4 %, según el profesional de la salud.
La propia Pazmiño, impulsora del proyecto, reconoció las limitaciones del sistema: “Lastimosamente el sistema de salud atraviesa ahora una crisis sostenida, provocada por la desinversión del Estado en los últimos nueve años. Lo que necesitamos ahora es la voluntad política”.
La legisladora señaló que la implementación efectiva dependerá de que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el presupuesto correspondiente y que los recortes que han afectado tanto a educación como a salud no impidan la ejecución de la norma.
Ordóñez coincidió en ese diagnóstico desde otra perspectiva: “Si ya tenemos un déficit de psicólogos en los centros educativos, ya están sobrecargados, pedirle a ese psicólogo que ahora también va a tener que hacer programas de psicoeducación, ahí es donde va a fallar la propuesta”. (I)
