La posibilidad de activar una revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa ha vuelto a instalarse en el debate público. Dirigentes indígenas, organizaciones sociales y actores políticos han planteado la idea como una respuesta a un presunto malestar ciudadano creciente, especialmente por la inseguridad y la situación económica.
Aunque por ahora no existen solicitudes formales en trámite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), los anuncios reactivan un mecanismo que, en los últimos 20 años, ha sido invocado repetidamente contra tres presidentes en funciones: Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pero sin llegar a concretarse.
La revocatoria del mandato fue incorporada al ordenamiento jurídico como una herramienta de control ciudadano y democracia directa. Sin embargo, su aplicación práctica, sobre todo en el caso del presidente de la República, ha demostrado ser compleja.
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Los antecedentes muestran que, aunque el mecanismo genera expectativa política y mediática, los procesos han quedado truncado en fases tempranas, principalmente por incumplimiento de requisitos legales y dificultades probatorias.
Daniel Noboa enfrenta primeras ideas de revocatoria
En las últimas semanas, la posibilidad de una revocatoria contra Daniel Noboa ha sido mencionada por organizaciones como la Fenocin y la Ecuarunari, esta última encabezada ahora por el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza.
También figuras políticas como el correísta Andrés Arauz han impulsado el tema en redes sociales, aunque sin detallar aún una solicitud formal ante el CNE. El exmandatario Rafael Correa, no obstante, ha aclarado que la Revolución Ciudadana no ha tomado una decisión al respecto.
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Para iniciar el proceso se requiere primero que el presidente cumpla al menos un año en funciones, lo que ocurrirá el 24 de mayo de 2026. Luego, el CNE debe calificar el pedido y, si lo admite, los proponentes tendrían que recolectar cerca del 15 % de firmas del padrón electoral nacional, es decir, alrededor de dos millones de adhesiones en un plazo de seis meses.
A esto se suma la dificultad de probar una de las causales previstas en la ley, especialmente el incumplimiento del plan de trabajo, que suele ser general y diseñado para todo el periodo presidencial.
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Por eso, aunque el tema ha ganado visibilidad mediática, este tipo de acciones han sido vistas más como una estrategia de presión política que un proceso viable en el corto plazo.
Rafael Correa, el antecedente más mediático
Durante el gobierno de Rafael Correa se registró el intento de revocatoria más visible y mediático que ha enfrentado un presidente en Ecuador. En 2010, el periodista Carlos Vera lideró una iniciativa para activar el mecanismo y obtuvo del CNE los formularios necesarios para recolectar firmas. El proceso generó amplia atención pública y se convirtió en un punto de confrontación política entre el correísmo y sus opositores.
Sin embargo, la iniciativa no avanzó. En febrero de 2011, el CNE archivó el proceso debido a que las firmas no fueron entregadas dentro del plazo establecido.
Años más tarde, en 2015, en un contexto marcado por protestas sociales contra leyes laborales y de herencias, se presentó un nuevo pedido de revocatoria impulsado por el dirigente del movimiento político Democracia Sí, Marcelo Larrea. Esta solicitud fue rechazada por el organismo electoral al no cumplir con los requisitos de admisión.
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En ese entonces, Correa respondió públicamente a estos intentos minimizándolos y desafiando a sus detractores a activar la revocatoria si consideraban que su gestión debía ser interrumpida. Ninguno de los pedidos llegó a la etapa de recolección efectiva de firmas ni a una consulta popular.
Lenín Moreno múltiples pedidos, todos inadmitidos
Al igual que su predecesor, el presidente Lenín Moreno enfrentó varios intentos de revocatoria durante su mandato, aunque ninguno logró superar la revisión inicial del CNE. Entre 2018 y 2019 se presentaron diversas iniciativas ciudadanas y políticas que alegaban incumplimientos del plan de gobierno y cuestionaban decisiones clave del Ejecutivo.
Uno de los pedidos más notorios fue impulsado por simpatizantes del expresidente Correa, quienes argumentaron que Moreno había incumplido el programa con el que llegó al poder. En mayo de 2019, el CNE inadmitió la solicitud de manera unánime al considerar que no se aportaron pruebas suficientes que sustenten la causal invocada.
Ese mismo año, colectivos de migrantes retornados y organizaciones sociales presentaron una petición formal motivada por el rechazo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y por las primeras revelaciones del caso INA Papers.
También surgió un pedido promovido por el Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, basado en desacuerdos ideológicos con decisiones del Ejecutivo. Todos estos intentos fueron descartados por incumplir los requisitos legales y no avanzaron a la fase de recolección de firmas.
Trámite de Guillermo Lasso se elevó a tribunales
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, los intentos de revocatoria alcanzaron un nivel de formalidad mayor y derivaron incluso en disputas judiciales. En 2022 se presentaron tres solicitudes contra el presidente y el vicepresidente Alfredo Borrero, impulsadas por colectivos ciudadanos y dirigentes sociales que alegaban incumplimiento del plan de trabajo.
Aunque inicialmente el CNE verificó que los pedidos cumplían con los requisitos formales de presentación, posteriormente negó la entrega de formularios para recolectar firmas, argumentando que no se acreditaron pruebas suficientes sobre las causales invocadas. Esta decisión fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo que dio lugar a una serie de recursos, apelaciones y recusaciones de jueces.
El TCE ordenó retrotraer el proceso en una de las causas, dejando sin efecto una sentencia de primera instancia y disponiendo que un nuevo juez conozca el expediente. Pese a ello, el proceso nunca avanzó a la etapa de recolección de firmas ni a una eventual consulta popular y el gobierno de Lasso finalizó con la invocación de la muerte cruzada.
Un patrón que se repite en autoridades locales
El patrón se repite en el ámbito seccional. Desde 2024, ciudadanos han presentado diez pedidos de revocatoria contra alcaldes de siete provincias, sin que hasta ahora ninguno haya derivado en la remoción de una autoridad electa en 2023, cuyo periodo culmina en 2027.
De acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral (CNE), la mayoría de estas solicitudes fue rechazada en la fase inicial por incumplimiento de requisitos legales o por falta de sustento en las causales invocadas. En otros casos, los procesos se estancaron por desistimiento de los proponentes o por recursos administrativos.
El primer pedido de este ciclo se presentó contra el alcalde de Huaquillas, Luis Florencio Farez Reinoso, y fue el único en el que el CNE autorizó la entrega de formularios para la recolección de firmas. Luego se impulsaron solicitudes contra alcaldes de Rocafuerte, Riobamba, Zamora, Atacames, Montúfar, Carlos Julio Arosemena Tola y Quito.
Asimismo, en Quito, el proceso contra el alcalde Pabel Muñoz fue de los más mediáticos del 2025, pero su proponente Néstor Marroquín desistió en octubre pasado. Marroquín lo hizo luego de no presentar las firmas requeridas dentro del plazo establecido. El promotor argumentó que la exigencia de declaraciones juramentadas generó temor y desconfianza entre los voluntarios, al implicar responsabilidades penales por posibles inconsistencias en las rúbricas, y cuestionó el sistema de verificación del Consejo Nacional Electoral, al que calificó como manual y subjetivo.
Según datos del CNE, hasta agosto de 2025, entre 2010 y 2025 se han presentado 264 pedidos de revocatoria del mandato en Ecuador, dirigidos contra autoridades nacionales y locales. Las provincias con mayor número de solicitudes son Guayas, Pichincha y Manabí. Sin embargo, solo una mínima fracción de estos procesos ha llegado a las urnas y aún menos ha terminado en la destitución efectiva de una autoridad.
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