El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Protección de Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, envió este lunes sus observaciones sobre la Ley de Inteligencia, una de las polémicas leyes promovidas en Ecuador por el presidente Daniel Noboa cuya legalidad se encuentra bajo valoración de la Corte Constitucional.
En calidad de amicus curiae a favor de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta ley, el relator especial presentó un escrito donde insta a evaluar la Ley de Inteligencia porque, desde su punto de vista, “no satisface plenamente los requisitos del derecho internacional” por varias razones.
Entre los puntos más polémicos de la Ley de Inteligencia figura que los agentes puedan recibir identidades falsas y manejar fondos exentos del control de la ley de contratación pública, así como exigir a las empresas telefónicas datos sobre sus clientes.
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El relator argumentó que el sistema de inteligencia no está sujeto a ningún órgano de supervisión independiente y que está controlado por el presidente, quien además designa a la máxima autoridad del sistema nacional de inteligencia.
También cuestionó que el órgano rector informe a la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente Especializada en sesión cerrada porque limita la transparencia pública y debilita su eficacia como mecanismo de supervisión eficaz.
Asimismo, apuntó que, si bien es legítimo proteger la identidad de los agentes de inteligencia, la norma no contempla la posibilidad de desvelar su identidad en casos de presunta actividad delictiva.
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Algunos artículos de la Ley de Inteligencia fueron suspendidos de manera temporal por la Corte Constitucional para valorar la constitucionalidad de algunos de ellos.
Entre ellos, se encuentra el relativo a que los agentes encubiertos puedan adquirir identidades falsas y que el sistema nacional de inteligencia pueda solicitar información a las empresas telefónicas y datos a otras entidades, así como disponer de fondos sin cumplir la ley de contratación pública.
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Esta norma, junto a la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional, provocaron un fuerte rechazo entre algunos sectores de la sociedad ecuatoriana, lo que motivó la celebración de marchas y manifestación para exigir su derogación.
Actualmente, la Corte Constitucional de Ecuador y el Ejecutivo nacional mantienen un fuerte pulso político que se intensificó el pasado 12 de agosto cuando el jefe de Estado lideró una nutrida marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a su decisión de suspender parte de sus normas.
Un mes después, el pasado jueves, repitió la escena en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, aunque esta vez anunciaron la marcha como una manifestación a favor de la paz, sin mencionar la disputa con el alto tribunal ecuatoriano. (I)
