La inseguridad, el incremento de la violencia atada al crimen organizado y las nuevas modalidades de delincuencia (extorsión en sus diversas formas, ciberdelitos, entre otros) están entre los problemas principales que mantiene la población ecuatoriana y que espera sean resueltos por quien esté hasta mayo de 2029 en la Presidencia de la República. El próximo 13 de abril, en la segunda vuelta electoral presidencial, participarán 13,73 millones de votantes habilitados.
Recuperar la seguridad en el Ecuador, la misma que genere un clima en el que las actividades económicas, sociales puedan desarrollarse, está entre los objetivos principales que mantienen en sus planes de gobierno Daniel Noboa, actual primer mandatario y candidato por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y la presidenciable del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.
En ambos casos, los aspirantes a llegar al Palacio de Carondelet para gobernar al Ecuador los próximos cuatro años coinciden, además de ver a la seguridad como un aspecto crucial para el desarrollo del Estado, en que esta problemática no solo debe ser vista desde el aspecto policial o militar, sino que debe ser abordada de manera urgente e integral, es decir, desde aspectos económicos, sociales, laborales, educativos, salud, reformas legales, entre otros.
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Pese a que en el 2024 Ecuador experimentó una reducción de 1.215 muertes violentas en relación con el 2023 (8.248 asesinatos registrados), el año más violento desde el 2021, el país aún mantiene cifras altas en los primeros tres meses de 2025. Ciudades de la Costa, como Guayaquil o Durán, ambas en la provincia del Guayas, se han visto en su mayoría afectadas por esa violencia en relación con muertes que mantendrían una vinculación con hechos provenientes del crimen organizado, el narcotráfico y las disputas territoriales.
Cifras del Ministerio del Interior revelan que al 30 de enero de 2025 Ecuador cerró con 750 asesinatos, cifra que es superior a los meses de enero de los años 2014, que cerró con 151 homicidios intencionales, el 2015 con 98, 2016 con 99, 2017 con 95, 2018 con 73, 2019 con 83, 2020 con 113 y los años 2021, 2022, 2023 y 2024 con 122, 318, 534 y 504, respectivamente.
Según el informe mundial 2025 de Human Rights Watch, en lo que tiene que ver con Ecuador en 2024, “en un contexto de frágiles instituciones democráticas”, el país ha experimentado un aumento de la violencia por parte del crimen organizado. Por ejemplo, se resalta en el documento la fuerte presencia de la extorsión y los secuestros extorsivos, los cuales, dice, hasta septiembre de 2024 habrían alcanzado las más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión. “Uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia”, se anota en el informe.
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El candidato a la Presidencia de ADN, Daniel Noboa, tiene claro que el país por años estuvo sumido en el caos a causa de la inseguridad, la falta de una visión integral para combatirla, la corrupción, falta de empleo, restricciones para acceder a educación y los servicios de salud, entre otros. Cree que ha sido un reto empezar a cambiar esos patrones implantados desde hace varios años, pero piensa que para lograr cambios significativos es necesario, desde otra concepción partidista, aunar esfuerzos para erradicar las prácticas que han polarizado a la sociedad ecuatoriana.
“Mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad es nuestra prioridad, necesitamos continuar fortaleciendo los servicios sociales para atender a grupos vulnerables y en situación de pobreza, Cuando las necesidades básicas de nuestra población están atendidas, el entorno en el que crecen nuestros niños y jóvenes se fortalece, haciendo que sean menos vulnerables ante las amenazas de las redes de la delincuencia y crimen organizado”, sostiene en su plan de gobierno Noboa.
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Para Luisa González, se debe establecer “un orden imparcial y sin discriminación por ninguna causa”, en el que se fomente una cultura de paz y una educación basada en el respeto y la empatía. Por ello cree que se deben implementar políticas y acciones que aseguren la seguridad ciudadana mediante estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad: la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades y, por otro, actuar con contundencia y pleno respeto de los derechos humanos frente a la violencia.
“Nos comprometemos a trabajar en conjunto con las organizaciones políticas y sociales, las instituciones de seguridad y la sociedad civil para promover y proteger la paz, la seguridad y el orden. Exigimos la rendición de cuentas de aquellos que atentan contra estos valores, y propiciamos la implementación de políticas y medidas efectivas que promuevan la justicia y la equidad. No descartamos la realización de un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar el país”, sostuvo González.
El exministro del Interior Patricio Carrillo refiere que los retos y los desafíos en materia de defensa y seguridad son múltiples, pero las opciones que se tienen cada vez son menos amplias. Ante las condiciones de violencia que experimenta la sociedad ecuatoriana, el exfuncionario público piensa que se debe recurrir a todos los espacios.
Entre los riesgos que se mantienen en el tema de inseguridad, Carrillo explica que estos no solo pasan por el mapa de riesgos múltiples que vive el Ecuador, sino también pasa por la irracionalidad política, pues, afirma, el Ecuador se ha convertido en un país con políticas de gobierno y no se ha logrado diseñar políticas de Estado.
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“Lo primero que hay que hacer es cohesionar al Estado. No podemos ir la mitad de ecuatorianos a pedir cooperación a un país y la otra mitad estar gritando fuera y no queremos este tipo de cooperación. (...) Creo que el primer reto de cualquiera de los dos candidatos es cohesionar el Estado. Lo segundo, romper con la corrupción y la impunidad., (...) Ya no están teniendo impacto los decomisos, las detenciones masivas. Lo que está generando es también más corrupción e impunidad. Y si no solucionamos la impunidad, la delincuencia y el crimen organizado van a ganar terreno”, aclaró.
Propuestas de Daniel Noboa:
+ Diseñar y aplicar políticas públicas de seguridad, de acuerdo al escenario actual de riesgo y amenaza, para prevenir y controlar los fenómenos de delincuencia y violencia que aquejan al país.
+ Fortalecer y diseñar acciones para contrarrestar la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal.
+ Ejecutar acciones a través del Bloque de Seguridad para contener y reducir la violencia criminal.
+ Establecer planes de acción para la prevención del delito, con pertinencia territorial y enfoque social.
+ Crear programas y servicios comunitarios, con el fin de prevenir y contrarrestar la delincuencia juvenil.
+ Garantizar la seguridad interna y recuperación del espacio público a través de programas intersectoriales que promuevan ambientes seguros y la paz interna.
+ Garantizar la soberanía y la integridad territorial a través del control fronterizo y el reconocimiento de los tratados internacionales.
+ Establecer los controles correspondientes dentro del sistema penitenciario con el fin de garantizar el orden interno, respetando los derechos de las PPL.
+ Establecer un plan de rehabilitación e inclusión de personas privadas de la libertad y adolescentes infractores, a fin de garantizar la reinserción y evitar la reincidencia de estas personas.
+ Fortalecer las políticas de ciberseguridad y protección de datos personales precautelando la seguridad y privacidad de la ciudadanía.
Propuestas de Luisa González:
+ Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
+ Reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar las filas de las fuerzas de seguridad.
+ Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos.
+ Retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas.
+ Prevenir el crimen con políticas y programas de prevención del delito.
+ Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Fortalecer la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de los delincuentes en cuanto a la aplicación de la ley y de justicia penal.
+ Reinstitucionalizar el país mediante un proceso constituyente participativo.
+ Promover la cooperación y el intercambio de información sobre actividades criminales y patrones delictivos, entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.
+ Combatir la impunidad, implementando medidas que garanticen que los delincuentes sean llevados ante la justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones, lo que incluye fortalecer los sistemas judiciales y penitenciarios, asegurando juicios justos y transparentes.
+ Organizar la participación y la solidaridad ciudadana, así como los mecanismos de alarmas comunitarias junto con los GAD en todos sus niveles. (I)
