Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación denominada caso Caja Chica no solo reactivaron el debate político en torno a la Revolución Ciudadana (RC), sino que también avivaron el debate sobre el sistema electoral ecuatoriano y ¿quiénes son legalmente responsables del manejo de los fondos de campaña?
La discusión tomó fuerza luego de que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondiera a las declaraciones de la excandidata presidencial Luisa González, quien cuestionó por qué la Fiscalía no la investiga a ella, pese a haber sido presidenta del movimiento durante el proceso electoral de 2023.
Aguiñaga sostuvo que González intenta “desligarse de su responsabilidad” y recordó que, según el Código de la Democracia, la responsabilidad sobre los fondos de campaña recae en el candidato y en el responsable del manejo económico, no en el presidente del movimiento.
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El Código de la Democracia es explícito respecto de las responsabilidades en el manejo de recursos de campaña.
El artículo 215 autoriza a las organizaciones políticas a recibir aportes económicos lícitos, en dinero o en especie, siempre que estos sean debidamente valorados, registrados y contabilizados, y dentro de los límites de gasto establecidos por la ley.
El artículo 216 detalla las fuentes permitidas de financiamiento, entre ellas:
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En todos los casos, las organizaciones están obligadas a declarar, registrar y justificar el origen y monto de los recursos.
Uno de los puntos centrales es el artículo 217, que establece que el responsable del manejo económico es quien recibe y registra las contribuciones, y debe emitir comprobantes y garantizar que todo aporte sea contabilizado. Sin comprobantes, los aportes en especie son nulos.
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Además, el artículo 219 prohíbe de forma expresa la recepción de recursos de origen ilícito, así como aportes de personas con contratos o litigios con el Estado, y veta el financiamiento de campañas por parte de personas jurídicas privadas.
El punto más relevante para el debate político actual está en el artículo 224, que señala que la persona encargada del manejo económico es responsable de la liquidación de cuentas y del reporte ante el organismo electoral, pero no actúa sola.
La norma establece que:
“La organización política, el candidato, binomio, la lista y el jefe de campaña serán solidariamente responsables por la administración de los fondos asignados para la campaña.”
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Es decir, el candidato sí tiene responsabilidad directa, junto con el responsable financiero, en la administración de los recursos.
En cambio, la ley no atribuye esa responsabilidad de forma automática al presidente del movimiento, salvo que haya participado directamente en el buró de campaña o en el manejo económico.
Aguiñaga sostuvo que no formó parte del buró de campaña de 2023, que renunció a la presidencia de la RC el 18 de octubre de 2023, tres días después de las elecciones, y que la rendición de cuentas se presentó cuando ya no ocupaba ese cargo. “No firmé, no revisé ni avalé esas cuentas porque no era mi función”, afirmó.
Su postura provocó una dura reacción del expresidente Rafael Correa, quien la acusó de “cálculo político” y de haberse distanciado del correísmo en medio de lo que considera una persecución judicial contra el movimiento.
Asimismo, los artículos 230 al 236 regulan la rendición de cuentas. Tras el sufragio, el responsable económico debe presentar un balance consolidado de ingresos y egresos, con listado de contribuyentes, origen de los fondos y respaldos contables.
Si existen observaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede ordenar subsanaciones o auditorías especiales y, de encontrar indicios de infracciones, presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral o ante otras instancias de control, sin perjuicio de responsabilidades penales.
El caso Caja Chica es una indagación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023, con dinero que habría provenido de Venezuela.
En ese marco, la Fiscalía ejecutó allanamientos en los domicilios de Luisa González, Patricio Chávez (asambleísta por Pichincha), Suad Manssur (exsuperintendenta de Compañías), entre otros. También figuran como investigados el expresidente Rafael Correa, el excandidato presidencial Andrés Arauz, los exministros de Economía Patricio Rivera y Fausto Herrera, y la abogada Bibian Hernández.
(I)
