La presentación de programas de Gobierno ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un requisito legal indispensable para inscribir candidaturas, según el artículo 97 del Código de la Democracia.
¿Pero cuánto peso tienen en la decisión de los electores? Tres analistas consultados por este Diario creen que ninguno, ya que son pocos los ciudadanos que, en efecto, les echan al menos un ojo. Pero sí son útiles para para pedirle cuentas a la autoridad que resulte elegida.
Ecuador volverá nuevamente a las urnas este 20 de agosto próximo para escoger presidente y vicepresidente de la República, y 137 legisladores nacionales, provinciales y del exterior. Estos comicios se derivan de la muerte cruzada decretada por el actual mandatario, Guillermo Lasso, por la cual se disolvió el Parlamento y adelantaron las elecciones.
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Los analistas políticos Gabriel Hidalgo y Pedro Donoso expresan que son pocos los electores que realmente se interesan por revisar los planes de trabajo presentados por los candidatos presidenciales.
Quizás los periodistas o académicos que estén haciendo algún tipo de análisis o estudio. “Pero, en general, el grueso de la gente, ni siquiera la medianamente informada, los lee. Y peor los militantes de un partido o los seguidores de un candidato”, refiere Hidalgo, quien agrega que dichos textos suelen ser muy abstractos y técnicos, alejados de las realidades cotidianas.
Lo que sí incide, opina, es el nivel de conocimiento de los aspirantes, que se potencia en la campaña con el respaldo de la maquinaria electoral que lo auspicia.
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Donoso expresa que, entonces, los ciudadanos se quedan con lo que los medios de comunicación o los generadores de opinión reseñan de esos planes.
“El rol de los medios es interpelar a los candidatos. En estos planes no hay cómos o cuándos, porque son, como todo en este país, sobre diagnósticos. Hablan del qué, pero la gran clave es cómo el candidato explica cómo hará las cosas porque ahí se revela su postura ideológica. Todos dicen que quieren sacar al país de la pobreza, por ejemplo, la diferencia está en los cómos... Cuando usted escuche a un candidato hablar del qué, pero no puede explicar el cómo, cambie de candidato”, reflexiona.
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Nadie los lee, pero sí sirven para algo...
Pedro Donoso señala, sin embargo, que los planes de gobierno no son solo un requisito formal en campaña sino que tienen una “utilidad fundamental para la gobernabilidad”.
Así, cuando al candidato gana, su programa debe convertirse en su Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve como base para dos acciones contempladas en la Constitución. Una, que si el presidente considera que la Asamblea Nacional está bloqueando su ejecución, puede decretar la muerte cruzada; y otra, que su incumplimiento puede dar paso a un pedido de revocatoria de mandato.
Gabriel Hidalgo indica que hay un vacío en la ley respecto a cómo aplicar la revocatoria de mandato para un gobierno de transición como el que asumirá en noviembre de este año, el cual durará menos de dos años.
La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último, señala la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
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“¿Que pasa si no cumplen sus planes? ¿Se puede aplicar la revocatoria? Debe ser entre el segundo y el tercer año, pero este periodo es de año y medio. Se podría pedir desde el año, pero eso no es inmediato, tiene que calificarlo el CNE, luego recoger firmas... hasta que concluya ya termina el mandato”, indica.
Análisis de los contenidos
Alfredo Velazco, director de la plataforma Usuarios Digitales, que lleva al menos una década revisando los contenidos de los planes de gobierno, dice que en estas elecciones ha visto los documentos menos concretos en cuanto a contenidos. “No dan cifras, antes hemos visto que proponen tantos miles de empleos, o tantas decenas de miles de casas, o tantos dólares de incremento salarial... y con eso podíamos ver qué se iba o no cumpliendo... Ahora no hay nada de datos”, señala.
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Y en cuanto a la forma, un análisis de Usuarios Digitales determinó que solo uno de los ocho planes, el de Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos (listas 8-23), cumplió con los cuatro ítems que prevé el Código de la Democracia y que están desarrollados en un manual elaborado por el CNE: diagnóstico, objetivos generales y específicos, metas plurianuales, y mecanismos de rendición de cuentas.
Velazco cree que debe plantearse una reforma a la legislación electoral para exigir más rigurosidad en los planes de trabajo. “Se le está poniendo rigurosidad al debate, cuando lo que digan allí no es de obligatorio cumplimiento. En cambio, si no cumplen el plan pueden ir a revocatoria de mandato”.
Gabriel Hidalgo coincide con esa idea; agrega que ahora tranquilamente el aspirante puede arrancar las páginas de un libro de recetas, firmarlo y entregarlo al CNE.
La norma no faculta al organismo para evaluar contenidos, solo puede pedir cambios en aspectos de forma.
Aunque Hidalgo destaca que por primera vez desde la vigencia de la ley electoral, el CNE ha negado, al menos momentáneamente, el registro de dos candidaturas a causa de fallas en sus planes de gobierno en cuestiones de forma. “Los firmaron y los entregaron sin cambios en el contenido”, explica. (I)
