La abogada Johanna Verdezoto del Salto se convirtió este miércoles, 28 de agosto, en la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con cuatro de siete votos de los miembros del organismo.
En una sesión ordinaria se escogió a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana en reemplazo de Mishelle Calvache Fernández, quien renunció a su vocalía para ser precandidata a la Vicepresidencia de Ecuador, junto con el presidenciable Jan Topic Feraud, para los comicios generales de febrero de 2025 por el Movimiento SUMA.
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La designación de Verdezoto se dio con los votos de Andrés Fantoni Baldeón, Juan Guarderas Cisneros, Jazmín Enríquez Castro y el de ella. El vocal Augusto Verduga Sánchez se abstuvo. Mientras que las consejeras Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas votaron en contra, recordando que la consejera y nueva vicepresidenta se enfrenta a denuncias de presuntos hechos de corrupción que se investigan en la Fiscalía General del Estado.
Bonifaz recordó que hay sospechas de actos de corrupción que rodean la gestión de la ahora vicepresidenta e incluso un juicio político en marcha en la Asamblea Nacional.
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La nueva vicepresidenta tiene 32 años, es abogada y tiene un máster en Derecho Penal. En las elecciones de 2023 alcanzó el 19,47 % de los votos (1′126.428). Con su elección aseguró que iba a representar a las organizaciones sociales y al pueblo montuvio, con el que se identifica por ser oriunda de Montalvo, Los Ríos.
Su experiencia profesional la obtuvo mediante un concurso de méritos en el que logró su primer cargo público como asistente legal en la Defensoría Pública durante dos años (2015-2017). Luego, laboró en el Consejo de la Judicatura de su provincia como ayudante por cuatro años, hasta junio del 2021; en la Defensoría de Pueblo estuvo cuatro meses, y en la Procuraduría fue secretaria regional por cuatro meses, antes de regresar a la Defensoría del Pueblo de Los Ríos como delegada.
Como consejera llegó con un plan de trabajo para crear una metodología que permita fiscalizar y verificar qué hacen las autoridades o instituciones con los recursos públicos, y establecer acuerdos con organizaciones sociales para dar a los jóvenes talleres sobre enfoque de género y de derechos humanos “para que se involucren en la toma de decisiones”.
Además ofreció que trabajará con municipios y prefecturas para incentivar la participación ciudadana y el control social en los barrios, impulsar las asambleas y el uso de la silla vacía, y luchar contra la corrupción con la investigación de las denuncias.
En tanto, sobre los señalamientos de Bonifaz, Verdezoto tiene un juicio político en ciernes. Ella era parte de la mayoría de Bonifaz, Verduga y Saltos y empezó a distanciarse en medio del concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública.
La Revolución Ciudadana empezó a fiscalizarla. Se divulgaron fotografías de ella en una oficina con Daniel Frías Toral, expostulante a defensor público y otros actores políticos. Luego se unió a Fantoni, Calvache y Guarderas y removieron a Bonifaz de la Presidencia.
Bonifaz divulgó una denuncia que se presentó en contra de Verdezoto en la Fiscalía General por una de sus exasesoras en el CPCCS, que la acusa de presuntos actos de corrupción, esencialmente, concusión por el presunto pago de un canon de su arrendamiento por parte de uno de sus asesores. (I)