Hernán Ulloa Ordóñez reclama para sí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras la autoconvocatoria de la mayoría de consejeros del pasado miércoles.
En esa sesión se comprometió a tomar una actitud “diferente” y anunció que hay situaciones por cambiar. Además, dijo que solicitará que la información de contrataciones se eleve a la web institucional para conocimiento de la ciudadanía. De ser ratificado en el cargo, una vez que se resuelvan varias acciones de protección en trámite, sería el cuarto presidente de ese organismo en casi tres años del actual periodo.
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Antes, Ulloa era el consejero suplente del primero de la lista de varones y con la destitución de Christian Cruz (extitular del organismo) le correspondió principalizarse. Aquí fue cuando Sofía Almeida subió a la Presidencia.
Ulloa, según la página del CPCCS, está cursando un masterado en Derecho Procesal Penal, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. También es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas.
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Fue secretario de la Fiscalía Provincial del Guayas en delitos aduaneros y tributarios, telecomunicaciones, delitos de delincuencia organizada y transnacional, Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Física y Unidad de Delitos contra la Propiedad.
Además, fue técnico de Información del Programa BID – ATN/5612, en la Corporación Financiera Nacional; asistente administrativo del área de patrocinio en la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Estuvo como director del Programa Estado de Derecho que se transmite por MAXTVOnline.
Entre sus referencias como voluntariado consta que participó como coordinador del ‘Censo: Presos sin sentencia’ (1996) en la Dirección del Centro de Rehabilitación Social del Guayas. Fue presidente de la Organización Internacional Juvenil, Capítulo Ecuador y titular del Consultorio Jurídico de la Junta Cívica de Guayaquil.
Ulloa ha participado en varios casos como abogado. Por ejemplo, defendió a Juan Carlos Vallejo, quien participó en una marcha en el norte de Guayaquil y pidió disculpas públicas, sanciones penales y administrativas, y la reparación de su vehículo.
También fue abogado del ciudadano israelita Shy Dahan, quien fue asesinado en el interior de una cárcel ecuatoriana. Y llevó adelante el caso de las ciudadanas argentinas asesinadas en 2016 en Montañita.
Armando Ortega es abogado en libre ejercicio y conoce a Ulloa desde la universidad cuando asistían a la Facultad de Derecho. Dice que es una buena persona. “Es una persona profesional respecto del libre ejercicio de la abogacía. Hemos compartido en algunas ocasiones defensas en casos. Yo he visto que ha participado bastante en temas penales y constitucionales”, opina.
Le desea lo mejor, en caso de que sea confirmado en la presidencia del CPCCS. “Es una persona que se graduó, tiene su cargo y desempeña una función de los principales poderes del Estado y creo que es el segundo más importante. Espero que le vaya bien en el cargo”, comenta.
Julio Arévalo, abogado en libre ejercicio, conoce a Ulloa desde hace diez años. Ambos se han defendido mutuamente en casos personales y dice que es un gran amigo.
“Yo lo que he dicho a Hernán es que un atributo de él es que es incansable y cuando se propone algo está ahí, ahí”, menciona, y agrega que Ulloa patrocina varias causas sociales sin cobrar.
Arévalo indica que Ulloa domina bastante el derecho y considera que con la presidencia del CPCCS no dio un paso en falso “si no hubiera el amparo legal”. “Estoy seguro de que lo hace con todo el conocimiento que está sucediendo”.
Como vocal del Consejo inició agrupándose en una minoría con Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira (nombrada vicepresidenta en la sesión del 9 de febrero) y tomó una posición de rechazo a varias decisiones polémicas que se tomaron por la anterior mayoría que lideraban Sofía Almeida, Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán.
Una de ellas fue respecto de la remoción del cargo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) a Fausto Murillo, que se dio en abril del 2021.
Votó en contra de esa moción que planteó Almeida amparándose en un informe elaborado por el exministro del Trabajo Andrés Isch, quien pidió la salida de Murillo porque reportaba un impedimento legal.
Ulloa advirtió que la resolución que se aprobó por Almeida, Rivadeneira, Dávalos y Estupiñán era ilegal. Finalmente, Murillo fue reintegrado a la Judicatura tras un pronunciamiento de la Corte Provincial de Pichincha en una acción de protección.
También encabezó la protesta en contra de la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado.
Reveló que Córdova renunció a su cargo como secretario del CPCCS porque tenía la intención de ser candidato en el concurso público para la designación del titular de la Defensoría Pública; además, que no tenía experiencia en materia de defensa de los derechos humanos, por lo que incumplía el requisito constitucional para ejercer ese cargo.
No obstante, la mayoría de ese entonces lo designó y defendió esta elección hasta en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
En los últimos meses rechazó con insistencia la elaboración de los reglamentos para designar a las autoridades de control. Primero reclamó que la mayoría los “aisló” en la integración de los equipos técnicos, encargados de revisar las hojas de vida de los candidatos a ser comisionados ciudadanos que elegirán a las autoridades y de aquellos que se postulen a ser una autoridad.
Las normas que se trabajaron por el personal del departamento jurídico, nombrado por Almeida, hicieron que en los reglamentos para todas las designaciones estos equipos técnicos se integren por ocho personas nombradas por el pleno y no por un delegado de cada consejero. Eso impedía tener su “ojo seco” en cómo se revisaban los reglamentos, advertía Ulloa.
En la actualidad y actuando como presidente del organismo, pretende llevar a cabo con Bravo, Rivadeneira y Estupiñán la reforma de todos los reglamentos aprobados, y en especial el del contralor.
Aunque hay una solicitud de juicio político en proceso en contra de los cuatro vocales, impulsado por las bancadas del PSC, UNES y algunos asambleístas de Pachakutik (PK), que por ser mayoría en el Legislativo podrían concluir con su censura y destitución, Ulloa aspiró a que, de ser ese el escenario, en los meses que les quedaría en el cargo, “haber hecho las reformas” a esos reglamentos para que se elija a autoridades probas, ofreció. (I)