La actual Corte Constitucional (CC) todavía no ha tomado una decisión respecto a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que dio paso a la creación de una veeduría solicitada por grupos sociales para diagnosticar y evaluar el proceso de cesación y designación de los jueces de dicha Corte por parte del CPCCS transitorio, y que previamente había iniciado acciones de fiscalización a la designación de la fiscal general, Diana Salazar, lo que incumpliría el dictamen interpretativo de esa misma CC que blindó a este último organismo de transición.