La legislatura conoció en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que permite al presidente de la República declarar la condición de proyectos de vivienda estratégicos en el país.
Tras el segundo debate, el pleno acogió el pedido del legislador ponente, Milton Aguas, para que el proyecto retorne a la Comisión de Gobiernos Autónomos, para en el plazo de ocho días recoger las observaciones presentadas en el debate y se ajusten los textos definitivos para luego someter a votación en el pleno.
La legislatura conoció el informe para segundo debate del proyecto que aplica al menos 40 reformas a la Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que en lo sustancial otorga atribuciones al presidente de la República, quien con un informe del Ministerio de Infraestructura y Transporte puede declarar la condición de Proyecto Nacional Estratégico de Construcción de Vivienda.
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Con ello, cualquier proyecto podrá ser declarado estratégico a nivel nacional siempre que cumpla con los requisitos que se definirán en el reglamento emitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de ente rector de hábitat y vivienda.
Los proyectos que, por su impacto económico y generación de empleo, sean declarados proyectos nacionales de carácter estratégico, se sujetarán al régimen de habilitación correspondiente, sin que ello altere el objeto principal de la presente ley.
La legislatura conoció y debatió el proyecto de ley a las 13:05 de martes 24 de marzo de 2026.
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El legislador Milton Aguas (ADN) dijo que las reformas son un acto de responsabilidad con las futuras generaciones, es poner la tecnología a través de los sistemas de información geográfica al servicio del ciudadano de a pie. Quienes se oponen a este proyecto de ley, dijo, apuestan a que sigan las muertes en el invierno por falta de planificación en los municipios.
Reveló que antes del pleno de este martes, ADN se reunió con las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea y han escuchado las observaciones, y por ello, planteó que se suspenda este punto en el orden del día y retorne a la mesa de gobiernos autónomos y se acojan las observaciones y se obtenga un texto final para la votación.
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Previamente, la asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), indicó que con esta ley lo más importante es que los municipios y las prefecturas entiendan que es muy importante el trabajo en conjunto en cuanto al otorgamiento de licencias, de las delimitaciones del suelo, como estos permisos burocráticos antes de poder ya desarrollar los proyectos inmobiliarios.
Es necesario tener procedimientos cortos y eficientes, pues no puede ser que la burocracia de los GAD sea un obstáculo para que “nosotros podamos desarrollar vivienda, tanto vivienda con recursos públicos, ahora vivienda también con las donaciones de los privados”, apuntó.
Centeno destacó que el proyecto fortalece a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial en los procedimientos para el otorgamiento de licencias, pues se otorgan plazos de hasta 30 días para las autorizaciones respectivas para el uso y gestión de suelo. Dijo que la Asamblea quiere dar un mensaje a las alcaldías para que puedan realmente ser coherentes con tanta burocracia y que puedan otorgar los permisos a tiempo, para poder desarrollar los proyectos habitacionales que el país necesita.
Patricia Núñez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), advirtió que preocupa el proyecto porque, a su criterio, quita ciertas potestades que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, y esas potestades se están otorgando al Gobierno nacional a través del Ejecutivo, para que pueda declarar un espacio o un territorio como un bien de interés social y construir viviendas.
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Con ello, dijo Núñez, se quitan competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y además se exige que los municipios aprueben en un plazo de 30 días la propuesta de proyectos de vivienda de interés social; si no lo hace, el Gobierno de forma inmediata asume esa responsabilidad de declarar estos bienes de interés social.
Manifestó que esta ley se enlaza a lo que está analizando la Asamblea Nacional con el proyecto económico urgente respecto de los incentivos tributarios al sector privado por la donación de viviendas de interés social.
Con ello, dijo la legisladora de la RC, en lo fundamental el proyecto da mayor potestad al Gobierno para que pueda entregar los terrenos a las inmobiliarias para la construcción de viviendas a cambio de votos.
El legislador Cristian Benavides (IND) destacó dos aspectos fundamentales del proyecto de ley, primero el fortalecimiento de la Secretaría de Ordenamiento Territorial como ente técnico de control y con ello, puedan ser observados y sancionados aquellos alcaldes que por razones electorales o compromisos financieros violentan la ley y otorgan permisos de construcción en zonas de riesgo y que luego terminan en desastres para las familias.
El segundo aspecto son las sanciones, desde las leves hasta las muy graves. Benavides aclaró que la gestión del uso del suelo es competencia exclusiva de los municipios; por lo tanto, el Gobierno nacional no puede disponer sobre la planificación del uso del suelo, eso no cambia, y es una atribución de los municipios.
Lo que cambia en la ley, añadió Benavides, es la posibilidad de que el Gobierno pueda declarar ciertas áreas de expansión urbana como prioritarias para hacer vivienda social.
Con ello se permite que el presidente de la República pueda crear ciertos proyectos necesarios o relevantes y estos proyectos de alguna manera se los pueda viabilizar a través de planes parciales.
Aclaró que este tipo de reformas son positivas porque se pretende generar mano de obra, construcción y el abastecimiento de vivienda social, que es lo que más uno requiere sobre todo en el país.
Aclaró que la ley no violenta la autonomía de los GAD, sino que simplemente el Gobierno nacional pueda de alguna manera motivar a la construcción de vivienda social a veces “en contradicción con algunos gobiernos locales que muchas veces, a costa de la autonomía, se creen dueños de los territorios”, afirmó.
El legislador Benavides aclaró que declarar un proyecto como emblemático, necesario para la construcción de vivienda social, le corresponderá al presidente de la República, pero tiene que coordinar obligadamente con quienes han elaborado estos trabajos. “No es que pueden hacer vivienda en cualquier lugar, no es que pueden ir a una zona, por ejemplo, rural productiva”, apuntó. (I)
