La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el análisis del proyecto económico urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública que remitió el Ejecutivo para su trámite en un plazo de treinta días.
Desde el Ejecutivo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, fue el encargado de fundamentar la propuesta del régimen que busca enfocarse en el servicio público de calidad y oportuno, basado en eficiencia, simplificación y la eliminación de la corrupción por la contratación pública.
Comentó que el sistema de contratación pública en el Ecuador ha sufrido una serie de desviaciones y tergiversaciones que no permiten que el Estado tenga una adecuada gestión; por lo tanto, la Función Ejecutiva decidió tomar este proyecto para hacer ciertas reformas con urgencia económica, pues la contratación pública en el 2024 movió alrededor de $ 8.000 millones, que representan el 6,5 % del producto interno bruto, y los cambios que se proponen implican un ahorro significativo en los procesos de contratación pública.
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Ante los legisladores, el secretario jurídico de la Presidencia señaló que, en esencia, lo que se busca es implementar el concepto del mejor valor por dinero, pues actualmente existe una ley que tiene varios candados y bloqueos y que determina el tipo de procedimiento que se tiene que buscar para cada bien, servicio u obra, que en total suman más de 30 procedimientos de contratación.
El mejor valor por dinero, explicó Andino, no es más que buscar el equilibrio entre el mejor precio y la calidad, pues no todas las veces lo barato es lo mejor. Por lo tanto, se busca que el comprador público sea el que direccione estratégicamente la compra hacia lo mejor para el Estado.
Dijo que el proyecto busca identificar a los proveedores del Estado, para ello se plantea un registro único de proveedores y además se medirá la eficiencia de su servicio; también se incluyen incentivos para aquellos que realicen su trabajo con eficiencia y denuncien acciones de corrupción. Comentó que el proyecto entusiasma al Gobierno y que ha tenido acogida en el sector de los proveedores.
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Andino también dijo que se pueden tener los mejores estándares en la normativa, pero si los servidores públicos no se forman y se desarrollan adecuadamente para luego proceder a ser evaluados, no se tendrá el éxito deseado.
Justificó la calificación del proyecto como económico urgente, por los datos económicos y el ahorro que podría significar este proceso, pero además, porque la ciudadanía espera respuestas.
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También comparecieron los representantes de las cámaras de la construcción y del sector automotor, quienes presentaron algunas observaciones a la propuesta. (I)
