El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, al presentar el informe anual de labores destacó el ahorro que ha significado para el Estado su gestión en arbitrajes internacionales y en los casos judiciales nacionales, por la defensa técnica ejercida, con lo dijo ha protegido el interés público.
Dijo que este 2026 será su último año de gestión y que en el 2025 la Procuraduría que dirige marca un hito histórico en la gestión de causas, pues se procesaron 11.978 causas, de las cuales 9.396, equivalentes al 78 % se resolvieron mediante sentencias favorables al Estado.
Sobre los casos relevantes, en materia penal se destacan los resultados obtenidos en el caso Pantalla, donde la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia condenatoria contra los principales acusados. De igual manera en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que el tribunal de juicio dictó sentencia el 30 de junio 2025, condenando también a los principales acusados como coautores del delito de peculado.
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Así también, en los casos Purga, Obstrucción a la Justicia y caso Las Torres, hasta el momento el país ha conseguido resultados favorables.
En materia constitucional, afirmó Larrea, sobre el caso Hermanos Isaías, la Corte Constitucional aceptó las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado en contra de las decisiones judiciales emitidas dentro de los juicios civiles de insolvencia seguidos por el Banco Central del Ecuador en contra de los hermanos Roberto y William Isaías Dasum.
En los procesos finalizados, en el año 2025, en los que se reclamaban cuantías por un total de $ 133 millones, la Procuraduría evitó el pago de $ 121 millones, lo que representa un pago evitado del 91 % del total de las cuantías.
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Recuperación de activos
En lo relacionado con recuperación de activos, el procurador del Estado dijo que logró la abstención de pagos por $ 1,9 millones, que corresponde a casos como Sobornos, Odebrecht, Pantalla, Metástasis, Carlos Polit, etcétera.
Y sobre los casos de repetición, la Procuraduría ha intervenido en juicios contra los exministros Ponce y Cordero, así como los casos denominados Camba Campos y Quintana Cuello, logrando, por cierto, avances significativos en la tramitación de estas causas.
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Respecto del arbitraje nacional, el valor de las demandas sumaba un total de $ 92 millones, no obstante, los tribunales arbitrales que conocieron estas causas fijaron un monto final a pagar de $ 25 millones, lo que significa que se evitó un pago de más de $ 67 millones, correspondiente al 73 % de las cuantías.
En lo relativo a asuntos internacionales, durante el año 2025, la Procuraduría del Estado alcanzó logros sin precedentes en el ámbito de la defensa internacional, generando un ahorro superior a $ 4.091 millones con un 94 %, pago evitado al Estado y sus entidades. Lo que evidencia que en los arbitrajes internacionales ha existido una actuación técnica sólida, estratégica y altamente efectiva, afirmó.
Respecto al arbitraje internacional, durante el 2025, hubo 78 causas activas en arbitrajes en materia de inversión, arbitrajes comerciales y juicios en sede extranjera.
De los casos destacó los arbitrajes internacionales que se plantearon en contra del Estado por parte de RBC, China Road and Bridge Corporation, Corporación Nacional de Cobre del Chile, Codelco, Santiago Romero y Mario Auxiliadora Rodríguez, Linton Trading y el conocido caso Chevron 3. En todos estos casos, la defensa de los intereses estatales obtuvo un resultado completamente favorable.
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Y se logró que las demandas se desechen en su totalidad o con un ahorro sustancial de al menos el 94 % de pago evitado, entre la cuantía reclamada y el monto finalmente otorgado por los tribunales.
En el caso de Linton Trading sobre inversiones en casinos, el tribunal arbitral dispuso que la demandante restituya, además al Ecuador, el 80% de los costos incurridos en el arbitraje. Es decir, en este caso la cuantía reclamada por Linton superaba los $ 200 millones y el tribunal no solo que no concedió ningún valor económico a la demandada, sino que incluso condenó a Linton al pago a favor del Ecuador y los costos por honorarios profesionales de sus abogados en el arbitraje.
Sobre el caso Romero, también en materia de inversiones en casinos, el 3 de diciembre de 2025, el tribunal por mayoría dictó un laudo sobre jurisdicción acogiendo las objeciones del Ecuador y declarando su falta de jurisdicción. En términos prácticos, dijo el procurador, la defensa del Estado en este caso evitó un posible pago superior a $ 152 millones.
En el caso China Road and Bridge Corporation mediante el audio final del 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Arbitral resolvió de manera unánime declarar la nulidad absoluta del contrato de alianza estratégica, pues concluyó que el instrumento vulneraba normas imperativas del ordenamiento jurídico ecuatoriano y que el vicio identificado afectaba su validez desde el origen. Las reclamaciones económicas era por $36′503.000.
Finalmente, sobre el caso Chevron en contra de Ecuador en su fase tres, el procurador del Estado, donde se la cuantificación de una responsabilidad que ya fue declarada en agosto de 2018. La pretensión de las demandantes ascendía con intereses a la fecha de de petición de laudo, aproximadamente $ 3.300 millones.
Y el tribunal, añadió, acogiendo la posición ecuatoriana, el modelo de daños y de intereses propuesto por Ecuador, fijó una indemnización total de $ 220 millones ($ 180 millones por concepto de capital o daños y $ 40 millones de intereses prelaudo).
Si bien es verdad, dijo, que se ordenó un pago a favor de los demandantes, la estrategia de defensa del Estado evitó el pago de más de $ 3.100 millones, lo cual implica una reducción del 93,4 % frente a lo pretendido.
El proceso, explicó Larrea, continúa hacia una cuarta fase sobre las costas del arbitraje. (I)
