Como una “cortina de humo” para desviar la atención de la crisis energética. Así califican dirigentes de algunas organizaciones políticas nacionales a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, para reformar parcialmente la Constitución vigente y que el Estado deje de financiar a los partidos y movimientos.

El anuncio del Ejecutivo se realizó la tarde de este viernes, 20 de septiembre de 2024. El jefe de Estado propone reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución. La idea es retirarle al Estado la obligación de financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos, así como el financiamiento de su publicidad electoral.

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Actualmente, las agrupaciones políticas reciben recursos estatales a través del Fondo Partidario Permanente (que no es para todos sino para los que cumplan ciertos requisitos de votación) y el Fondo de Promoción Electoral (que se reparte de manera equitativa entre todos los que presenten candidaturas).

La propuesta de Noboa fue remitida a la Corte Constitucional (CC) para que determine la vía para hacer esta modificación. La jueza ponente es Karla Andrade.

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Gustavo Larrea, presidente del movimiento Democracia Sí, lista 20, dijo que la propuesta no le parece mala, pero sí cuestiona el momento en el que se la presenta. “Es una cortina de humo para desviar la atención de la crisis energética”, señaló.

Larrea también aclaró que el Estado no financia a las organizaciones. El aporte estatal en los procesos electorales se da a través de las franjas publicitarias, explica. Y añade que este hecho tiene una razón y es el principio de la igualdad en las campañas.

Según Larrea, si no existiera esto, se correría el riesgo de que existan campañas millonarias sin control. Y lo que más le preocupa es que dentro del financiamiento de los partidos políticos haya fondos oscuros o ilegales provenientes del narcotráfico.

Por eso, señaló que la Corte debe analizar con mucha responsabilidad el pedido de reforma parcial de Noboa.

Desde el lado de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, también se refieren a la iniciativa del Ejecutivo como una estrategia de apartar la atención de la crisis energética.

El asambleísta Leonardo Berrezueta señaló que es “una propuesta demagógica para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el país”.

Según el legislador de RC, la intención del Gobierno es poner a discutir este tema a la clase política en un momento que no es el oportuno. “Me parece que es pura estrategia electoral”, señaló.

Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, lista 1, consideró que esta reforma debe estar acompañada de un plan o un esquema que limite la inversión de los partidos políticos en las campañas electorales.

Si esto no sucede, Jairala afirmó que se perdería el principio de equidad y que los más perjudicados con esto serían los medios de comunicación.

Por otro lado, indicó que la propuesta de que los movimientos y partidos políticos generen sus propios fondos no le parece mal. Sin embargo, señaló que en el futuro al único que beneficiaría esto sería al presidente de turno que busque la reelección. Esto porque “la publicidad del presidente no tiene límites”, reflexionó.

Para Arturo Moreno, fundador del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), la propuesta de reforma atenta contra los derechos políticos de las organizaciones.

Él afirma que el aporte estatal en las campañas electorales precisamente garantiza la participación de dirigentes sociales que no tienen poder económico como otros partidos. “Hace años solo los más poderosos podían ser candidatos. Los líderes sociales y comunitarios no tenían posibilidades para costear una campaña electoral, y por eso no tenían oportunidades”, señaló.

Para él, la propuesta “significa que estamos volviendo a la época donde había dueños del país por la capacidad económica (...). Quieren quedarse solo los que tienen poder económico, y los que no estarían fuera de las candidaturas”.

Esta es la segunda propuesta de reforma parcial que presentó Noboa en la Corte en la semana que culmina. La otra se refiere a levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional. El juez ponente en ese caso es Enrique Herrería. (I)