Por segunda ocasión, el gobierno de Guillermo Lasso propuso una terna para la designación de una de las principales autoridades el Estado con concursantes que estarían incursos en inhabilidades. Se trata de la designación del titular de la Procuraduría General del Estado, en la que dos postulantes no habrían certificado el cumplimiento de uno de los cinco requisitos establecidos por la Constitución para ejercer esa dignidad.