Una contradicción entre el testimonio del testigo protegido de la Fiscalía, Juan Patricio A., y declaraciones personales de la fiscal general, Diana Salazar, ha encontrado la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, en el marco de la audiencia de juicio del asesinato del excandidato presidencial y periodista, que se reinstaló este miércoles 26 de junio en la capital.
La diligencia se instaló el pasado 25 de junio y en esa primera parte se escucharon, además, los testimonios de los policías que capturaron a los presuntos asesinos de Villavicencio, quien murió el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin de campaña.
Sarauz recordó que el testigo protegido dijo que había escuchado que el “precio” de la cabeza de Villavicencio era de $ 200.000 y que la orden de matarlo había salido “del Gobierno de Rafael Correa”; sin embargo, Salazar ha dicho que “existía un contrato por un millón de dólares por dos personas” para matarla a ella y a Villavicencio. “Quisiera que nos comente al país entero y a la familia (de Villavicencio) de dónde tiene ella esa información, ya que el testimonio del testigo protegido no menciona nada de lo que ella ha dicho nacional e internacionalmente”, manifestó.
Publicidad
Dijo que también quisiera saber por qué no se ha vinculado al caso a alias Chino Onda, quien fue señalado por el testigo protegido como el que lo quiso contratar para el crimen.
Además, Sarauz exigió conocer en qué estado se encuentran las investigaciones de las muertes de las siete personas a las que se habría identificado como los “gatilleros” de Villavicencio, quienes fueron detenidos pocas horas después del crimen pero que luego fueron hallados muertos en sus celdas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y en la cárcel de El Inca, en Quito.
La mujer afirmó que detrás de estas inconsistencias hay “intereses muy oscuros”. “Y espero que la Fiscalía no se esté prestando para dejar de lado a muchas personas que debieron estar vinculadas en este proceso”, indicó.
Publicidad
Sarauz dijo que debe revelarse quiénes tenían el poder político para repartir la capital entre los microtraficantes procesados y cómo fue que estos obtuvieron beneficios penitenciarios.
“Yo veo un caso débil por parte de la Fiscalía, ha hecho un trabajo pésimo en estos diez meses, se ha estado burlando del dolor de la familia y de la fe que teníamos en la Fiscalía”, indicó.
Publicidad
El abogado de Sarauz, Hugo Espín, insistió en que han notado contradicciones entre los testimonios que ya se han presentado. “Ellos mismos se contradicen en elementos fundamentales; por ejemplo, el haber dicho que se revisaron las líneas técnicas de las cámaras de seguridad cuando esto no se verifica por el testigo que supuestamente lo hizo... No es la etapa correspondiente, pero revisaremos una por una todas las expresiones de los testigos y si existen responsabilidades las llevaremos a la Fiscalía para que se investiguen”, dijo.
Esta segunda parte de la audiencia se desarrollará hasta la tarde de este miércoles; luego se retomará el 2 y el 12 de julio de este año. (I)
