Por el no en la pregunta G: Fernando Bastias, activista de derechos humanos, cree que el aumento de penas no disuadirá a los delincuentes de cometer delitos

Fernando Bastias, abogado y vocero del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), señala que el Ecuador vive una grave crisis de inseguridad, que se expresa no solo en el aumento acelerado de las muertes violentas, sino también en la falta de capacidad del Estado de garantizar el control de los centros de privación de libertad y los espacios urbanos, y la ejecución de una política social. Bastias siente que el presidente Daniel Noboa, con la consulta, promueve un discurso de guerra a la población y juega con su miedo.

¿Qué objeta de esta pregunta?

A esta pregunta se la está exponiendo como una solución a los problemas de la crisis de seguridad, y frente a eso hay que hacer algunas reflexiones. Lo primero es que la finalidad del sistema penitenciario en Ecuador, según nuestra Constitución, es la rehabilitación de la persona. Es decir, que le tiene que interesar mucho más al Estado lo que haga durante el cumplimiento de la pena que el número de años. Y es que desde la mirada de la criminología penal, de los derechos humanos, el incremento de la pena no genera ningún tipo de influencia para la prevención del cometimiento de delitos. Una crisis de seguridad necesita medidas concretas. Una mano dura, sí, pero desde un enfoque técnico. Entonces no solamente porque en algún momento alguien dijo que incrementar las penas a determinados delitos va a prevenirlos va a colocarse eso en una consulta popular que nos cuesta $ 60 millones. De hecho, la Asamblea Nacional ya hizo una reforma al Código Orgánico Integral Penal en el 2013, en que se incrementaron las penas a una serie de delitos como extorsión, robo, prevaricato, terrorismo, delincuencia organizada y este año planeaba nuevamente hacer la reforma a algunos delitos, entre ellos casi todos los que proponen la consulta popular. Sentimos, lamentablemente, que la consulta busca medir políticamente la situación del presidente.

Usted dice que no hay pruebas de que el aumento de penas haga desistir a los delincuentes de seguir cometiendo delitos. ¿Entonces qué efecto tiene?

La pena nace como una consecuencia del cometimiento del delito. Sí, para disuadir a la persona de cometerlos. Pero el que les incrementen en diez años más las penas no va a persuadir a ningún integrante de una banda del crimen organizado a evitar cometerlos, porque se mueven a través de la impunidad y la corrupción del Estado. Para confrontarlas tiene que haber otro tipo de medidas.

¿Cuáles?

Bueno, de entrada hay que reconocer que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado señala que Ecuador en el 2021 ha bajado puntos en términos de resiliencia institucional y ha subido en criminalidad. ¿Qué significa la resiliencia? Es la capacidad del Estado para poder confrontar los problemas relacionados con el crimen organizado, y la criminalidad, por supuesto, el número de delitos cometidos. Y la pregunta que nos hacemos es cómo así ha bajado la resiliencia en los últimos años en que hemos tenido esta política de mano dura de la que se nos ha dicho que va a funcionar, con militarización, incremento de penas, reformas para la impunidad de militares y policías, reducción de beneficios penitenciarios. Pero las cifras nos indican que eso no ha funcionado para nada. Y de ahí hay que tomar las decisiones técnicas. Lo primero es la recuperación de la institucionalidad. Ahora hay muchas instituciones, la Secretaría de la Seguridad, el Consejo de Seguridad, y se acaba de crear Comité de Crisis que reemplaza al ECU911. Necesitamos un solo espacio donde tomen decisiones todas la autoridades de las instituciones públicas. Lo segundo es identificar el dinero ilícito que se está lavando en el Ecuador. El presidente ya ha manifestado que va a potenciar a la UAFE, pero seguimos esperando decisiones concretas. Y luego ya vienen otras medidas a nivel territorial. En Guayaquil hay una experiencia interesante del Municipio que pone el tema de la intervención de la fuerza pública como segundo plano y tienen un enfoque más de recuperación de espacios públicos. Y por último que haya una real rehabilitación a los presos. Todas son acciones que puede tomar el presidente sin necesidad de una consulta popular.

¿Qué es lo que debería plantearse para que haya una real rehabilitación social?

Hay algunos pasos que han sido recomendados por organismos internacionales y por nosotros. Lo primero es la eliminación del SNAI, entidad que no puede seguir funcionando como está, se tiene que eliminar, transformarse en un ministerio, o al menos tiene que pasarse esa competencia a otro ministerio para que se hagan reformas al sistema penitenciario. Luego hay que hacer la clasificación de las personas privadas de libertad en función de su peligrosidad (...) porque los procesos de rehabilitación son distintos. Por último, tener los espacios adecuados, fíjese que en la Penitenciaría de Litoral ni siquiera hay espacios para que los médicos puedan atender a los presos. El presidente tendría en ello una oportunidad para combatir la criminalidad porque, si yo rehabilito y tengo el control de la cárcel, es un punto menos para el crimen organizado. (I)