Por pedido del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, sentenciado a trece años de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga, la mañana de este miércoles, 7 de enero, la continuación de la audiencia de habeas corpus que solicitó fue declarada reservada por el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que conoce el recurso constitucional.
“Por mi estado de salud, debe de ser privada. Solamente con las personas que están actuando aquí, ya sean ustedes, los abogados que representan a las otras partes y a mi abogado personal. No puede ser pública por lo delicado de mi estado de salud”. Esa fue la respuesta que dio Muentes ante la consulta hecha por la jueza ponente de la sala, Rita Bravo, respecto a si el accionante tenía algún inconveniente en que la diligencia sea pública o preferiría que sea reservada.
La jueza Bravo, así como también los magistrados nacionales Luis Adrián Rojas y Pablo Loayza, son los encargados de analizar los argumentos dados por la defensa de Muentes dentro de un habeas corpus en el que se aduce que el exasambleísta mantiene problemas complejos de salud que no han podido ser tratados en la Cárcel del Encuentro, la cual está ubicada en la provincia de Santa Elena.
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El objetivo del recurso es que se lo remita a un Centro de Privación de la Libertad (CPL) que no sea la Cárcel del Encuentro, que mantenga las condiciones para que se controle la situación médica del solicitante. Las instancias accionadas son el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio Nacional a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la Procuraduría General del Estado (PGE) y el CPL Santa Elena o Cárcel del Encuentro.
Pablo Muentes fue trasladado desde la Cárcel 4, en Quito, hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, el 5 de agosto de 2025 debido a una alerta de amenaza contra la integridad de ambos. Luego, el 10 de noviembre siguiente, el exlegislador socialcristiano fue llevado hasta la recién construida Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
La primera diligencia dentro del habeas corpus planteado por Muentes se dio el 1 de enero pasado en la Corte Nacional. Luego de negar el pedido de diferimiento hecho por el MSP, debido a que el tiempo para preparar la defensa fue reducido, el tribunal instaló la audiencia y escuchó el fundamento del habeas corpus expuesto por Diego Chimbo, abogado de Muentes, y la respuesta en las entidades demandadas.
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Atendiendo el pedido para que se abra el término de prueba suficiente, la sala de la CNJ dispuso la reinstalación de la diligencia este miércoles, 7 de enero, a las 10:30. Asimismo, ante la solicitud de la parte accionante, los jueces Bravo, Rojas y Loayza dispusieron que el Ministerio de Salud Pública proporcione los nombres de los médicos que han atendido a Pablo Muentes y los correos electrónicos de contacto.
Creyeron que el “Encuentro” era solo una palabra y que seguirían siendo intocables.
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025
Pero este ya no es el Ecuador de antes.
Bienvenidos. pic.twitter.com/tlpvJVjmCb
La etapa de presentación de prueba se abrió para Muentes con el interrogatorio de un médico del MSP que atendió a Muentes en la Cárcel del Encuentro. Chimbo también adelantó que, más allá de que en el expediente se incluyó el testimonio dado por su cliente, él adelantó que solicitaría al tribunal que brinde a Muentes, quien asistió vía Zoom desde la Cárcel del Encuentro, la oportunidad de hablar ante la sala como parte de su derecho de última palabra.
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Nada de eso pudo ser escuchado por el público que se había conectado a la diligencia, pues por disposición de la ponente se retiró de la conexión a todo aquel que no era parte procesal.
El caso Purga en el que fue sentenciado Pablo Muentes:
El 13 de marzo pasado, los jueces nacionales Daniella Camacho, Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre arribaron a la convicción de que el exlegislador Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas María Fabiola Gallardo y el exjuez de Guayas Johann Marfetán eran responsables del delito investigado en el caso Purga, en calidad de autores.
A los tres los sentenciaron a trece años y cuatro meses de prisión y una multa de 40 salarios unificados básicos (SBU), $ 18.800, además de 20 años de pérdida de derechos de participación.
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En cambio, respecto a los exjueces Reynaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Henry Taylor y Alberto Lino, y los exfuncionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Juan Riofrío y Ruth Solano, el tribunal encontró la prueba necesaria para sentenciarlos como colaboradores.
Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor y Riofrío recibieron una pena de nueve años y cuatro meses de prisión, una multa de 20 SBU ($ 9.400) y quince años de pérdida de derechos de participación. A Lino y Solano, por la cooperación eficaz dada en el proceso penal a la Fiscalía, se los condenó a un año y cuatro meses de cárcel.
Dentro de la sentencia oral, la jueza ponente señaló que la “estructura delictiva” investigada manipuló y controló la justicia en la provincia del Guayas con el fin de obtener fallos favorables, ganancias económicas e impunidad. Se aclaró que en la parte alta de la organización Muentes estuvo al mando de la operación, Gallardo fue quien la dirigía y Marfetán se encargó de la planificación. (I)
