Plataforma llama a la Iglesia católica, a la Asamblea Nacional y movimientos indígenas a ‘velar’ porque se cumpla la condonación de deudas en la banca pública

La Plataforma por la condonación de deudas de los agricultores, artesanos, pescadores y emprendedores llama a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y a la Asamblea Nacional para que vele por el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno en las mesas de diálogo, esencialmente, la condonación de deudas en la banca pública.Luego de conocer las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo respecto de que no se podrán condonar las deudas en la banca pública hasta los $ 10.000, esta Plataforma que agrupa a varias organizaciones sociales, entre ellas la Fenocin, mantuvo una asamblea para analizar este hecho y adoptó siete medidas para hacer que se cumpla con el compromiso.Este 23 de noviembre, en un comunicado divulgado por César Pérez, coordinador de la Plataforma, se responsabilizó al régimen de “haber roto uno de los puntos más importantes” de los acuerdos de paz, suscritos en las diez mesas de diálogo que mantuvieron la Fenocin, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con autoridades del Gobierno.En este cónclave que se habría extendido hasta la madrugada de este miércoles, los dirigentes sociales resolvieron exhortar a la Conferencia Episcopal, que actuó como garante de los diálogos, a que “vele por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno”.A la Asamblea Nacional le solicitarán que convoque a comparecer a los funcionarios públicos “que en sus declaraciones intentan crear un clima de violencia en el país”.A la Conaie, Feine y Fenocin les piden que convoquen a una reunión de “emergencia” para discutir sobre este suceso y que a su vez, las organizaciones sociales se reúnan para dar una respuesta al Gobierno en el “campo popular y legal”. Mientras tanto, insistirán al presidente Guillermo Lasso en que firme el decreto ejecutivo que operativice la condonación de las deudas y se “frenen los intentos de juicios coactivos y embargos iniciados por el Banco de Fomento en liquidación y el BanEcuador por deudas que no pasan los $ 10.000 y los agricultores no están en capacidad de cancelar”.Finalmente, exigen que se cobren $ 1.096 millones a los 500 deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI).La posición de este colectivo social se dio tras las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena , que este martes anunció que lo correcto es trabajar en soluciones como el alivio financiero, pero no condonar deudas porque se afectaría a la liquidez de las instituciones financieras públicas.“(…) Si reprogramas y te damos años de gracia, puedes seguir operando. La condonación hasta $ 10.000… eso no va a suceder. En lo que a mí me corresponde, que es dar un dictamen de finanzas, no se puede dar porque sería hacer un hueco en el patrimonio del BanEcuador. Lo que la gente pide es alivio, no que le condonen las deudas. Como esto se vaya a resolver, no me corresponde, es en otra instancia”, declaró este martes a periodistas.Recalcó que la condonación de deudas hasta los $ 10.000 pondría en riesgo al BanEcuador y “es un golpe de $ 188 millones”, aunque consideró que la condonación hasta los $ 3.000, que rige en la actualidad, se aprobó porque ello no pone en riesgo la cartera de dicha entidad financiera.El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, en una conferencia de prensa de este martes, recordó que esta medida está contemplada en el artículo 196 de la Ley de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 que establece una condonación de créditos hasta los $ 10.000 y que se incorporó también entre los 218 acuerdos suscritos en las mesas de diálogo.El dirigente insistió en que las autoridades gubernamentales ofrecieron divulgar el decreto ejecutivo que viabilice dicha medida entre el 20 y 21 de noviembre y hasta el momento no se ha cumplido, por lo que analizarán en asambleas las medidas de hecho que empujarán en respuesta a lo que consideran una “burla”.“Es una tomadura de pelo después de pasar tres meses en diálogos. No es posible que se burlen del pueblo al no cumplir con los acuerdos. La gente no aguanta más y es porque el Gobierno no sabe cumplir los acuerdos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el 20 o 21 de noviembre se firmaría el decreto y no se cumplió; no les da la gana de cumplir. Al contrario, se van por la tangente, con explicaciones que no son verdaderas: ‘que el banco va a quebrar’. El banco tiene sus propias previsiones”, manifestó Espinoza.Ellos están a la espera del decreto, de lo contrario activarán sus asambleas locales en las que se planificará un posible “paro”, pero concentrado en varias provincias de la Costa, como Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Santa Elena , en donde están los agricultores afectados por no poder cancelar sus créditos.Estas acciones implicarían plantones, cierres de carreteras y no se descarta la “toma” de las sedes del BanEcuador, se advirtió. (I)

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