Planes de Gobierno 2025: no todos los candidatos presidenciales impulsan reformas a la Constitución escrita en Montecristi

No todos los aspirantes a la Presidencia de la República tienen en su “radar” impulsar una reforma a la Constitución de Montecristi, vigente desde hace 16 años, o hacer una nueva a través de los mecanismos previstos en aquella. Así lo revelan los planes de gobierno que estos entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el momento de su inscripción, entre septiembre y octubre pasados.

La Constitución refiere tres vías para realizarle modificaciones: la enmienda, cuando se trata de cambios “menores” que no implican la alteración de la estructura del Estado o regresión en derechos; la reforma parcial, cuando son cambios en la estructura, el carácter o los elementos constitutivos del Estado, pero que no restringen derechos; y la asamblea constituyente, que se convoca cuando se trata de cambios en la estructura del Estado y que restringen derechos y garantías. Cada vía tiene su procedimiento, que puede ser a través de la Asamblea Nacional, consultas populares y referéndums. En todos los casos se requieren pronunciamientos previos de la Corte Constitucional.

Los aspirantes Jimmy Jairala, Centro Democrático, lista 1; Jorge Escala, Unidad Popular, lista 2; Víctor Aráus, del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4; Henry Konfle, Partido Social Cristiano (PSC), lista 6; Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN); Leonidas Iza, Pachakutik, lista 18; y Jan Topic, SUMA, lista 23, no plantean realizar cambios constitucionales. O al menos no lo dicen de forma abierta. Algunos hablan de hacer reformas institucionales de algún tipo, pero no explican la vía para ello.

En el caso de Noboa, que se postula a la reelección, él presentó el mes pasado dos propuestas de reforma parcial a la Constitución: una para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional y otra para quitarles a las organizaciones políticas el financiamiento estatal para sus actividades y para las campañas electorales. La primera ya está en trámite en la Asamblea Nacional y la otra sigue en la Corte.

Los otros nueve aspirantes sí hacen referencia a reformas constitucionales en sus programas de gobierno.

Así, Andrea González Nader, de Sociedad Patriótica 21 de Enero, lista 3, propone redactar una nueva constitución “a través de diferentes mecanismos democráticos y participativos”.

Para ello, dice que promoverá un debate nacional sobre el tema mediante un proceso participativo que involucre asambleas ciudadanas, audiencias públicas y mecanismos democráticos, como un referéndum. “Este proceso puede contar con el apoyo de universidades, centros de investigación y organismos internacionales que faciliten los recursos para organizar debates y mesas de diálogo; e involucrar a expertos en derecho constitucional, académicos y representantes de la sociedad civil en el proceso de redacción de la nueva constitución. El financiamiento para los estudios y la asesoría puede provenir de cooperaciones internacionales o acuerdos con fundaciones que promueven la democracia y la gobernabilidad”, refiere.

Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, dice en su plan de gobierno que no descarta “reinstitucionalizar el país mediante un proceso constituyente participativo”. Pero no da mayores detalles de en qué consistiría dicho proceso.

Luis Felipe Tillería, de Avanza, lista 8, habla de proponer una reforma a la Constitución “que establezca el sistema de jurados como una opción en el sistema judicial, especificando sus competencias, composición y funcionamiento”, y otra para “sustentar los polos de desarrollo de los ciudadanos y de los sectores estratégicos, que aporten al crecimiento del país”. No da más detalles de cómo sería esa reforma.

Igualmente, Carlos Rabascall, de la Izquierda Democrática (ID), lista 12, propone una reforma “para garantizar la autonomía total del Poder Judicial y de la Fiscalía, alejándolos de la influencia política”. Tampoco da detalles.

Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que sus facultades para designar autoridades pasen a la Función Legislativa plantea el aspirante del movimiento Amigo, lista 16, Juan Iván Cueva, a través de una reforma parcial a la Constitución, que presentaría en los primeros seis meses de su eventual gobierno.

También propone una reforma constitucional para incluir un artículo que garantice el derecho de los padres a recibir un bono educativo para cada hijo en edad escolar; con ello daría paso a la creación de un “bono de oportunidades educativas (BOE)”, una iniciativa destinada a permitir que las familias elijan la institución educativa que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos usando fondos públicos para financiarla.

Pedro Granja, del Partido Socialista, lista 17, habla también de impulsar la reestructuración del CPCCS quitándole la atribución de designación de autoridades, y cambiar la forma de elegir al Consejo de la Judicatura, promoviendo la designación de sus vocales por concurso público de méritos y oposición, con veeduría ciudadana (como estaba previsto en la Constitución antes de las reformas del 2011).

En tanto que Iván Saquicela, del movimiento Democracia Sí, lista 20, quiere impulsar “una profunda reforma constitucional” para acabar con la infiltración del crimen organizado en la justicia, fortaleciendo los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“El Consejo de la Judicatura se subordinará a la nueva Corte Suprema de Justicia liderada con gente capaz y honesta. El órgano disciplinario de la Función Judicial será de magistrados, independientes de la Corte Suprema, autónomo, con especialidad en la rama del derecho administrativo. La Fiscalía General del Estado será autónoma y tendrá su propio manejo administrativo y financiero; no puede ser parte, como hoy, del manejo del Consejo de la Judicatura; deben estar separados la acción y la jurisdicción”, señala el aspirante en su plan de gobierno.

Propone una Asamblea Nacional con no más de 60 miembros, con dos cámaras de diputados y senadores; los senadores serán los asambleístas nacionales. Y también espera eliminar el CPCCS; con ello, las autoridades serán nombradas por el Senado, bajo concurso de oposición y méritos.

Francesco Tabacchi, del movimiento CREO, lista 21, dice que propondrá una reforma “para recuperar las misiones de las Fuerzas Armadas contenidas en la Constitución de 1998″.

Henry Cucalón, del movimiento Construye, lista 25, también es partidario de eliminar al CPCCS con una reforma constitucional. “Según el artículo 442 de la Constitución, es posible suprimir este organismo, como lo ratificó la Corte Constitucional del Ecuador en su sictamen n.° 10-19-RC/20, párrafo 68″,

También propone disminuir el número de asambleístas: establecer un número fijo de 135 legisladores, de los cuales 15 seguirán siendo elegidos bajo circunscripción nacional, reduciendo el número mínimo de asambleístas provinciales a 1, unificando las circunscripciones del exterior a una sola y redistribuyendo los otros 95 asambleístas entre todas las provincias con base en el último censo nacional de población.

Asimismo, dice que impulsará una enmienda constitucional que establezca que el presupuesto general del Estado tendrá una vigencia de dos años, así se reducirá el tiempo que las instituciones públicas le dedican a la preparación y aprobación de presupuestos anuales, que generan ineficiencias y desperdicio de recursos que resultan en una pérdida de calidad en la atención de las necesidades de la ciudadanía. (I)