Dos cosas tienen claras los abogados que representan a los padres de la menor de 12 años que habría sido violada por Santiago Díaz, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que fue suspendido como legislador: que existen los elementos suficientes para que sea condenado el único autor y que no puede existir ningún tipo de beneficio en este caso que esté relacionado a una presunta cooperación eficaz con la Fiscalía en otra investigación.
El 26 de marzo pasado, la inasistencia del abogado de Díaz por una situación médica obligó a que los jueces Pablo Coello (ponente), Galo Rumiguano y Milton Maroto declaren fallida la diligencia en la que se iba a juzgar al exlegislador del correísmo como autor directo de violación. La declaratoria de los jueces penales se dio pese a que la sala de juicio poco antes ya habían negado un pedido de diferimiento hecho por la defensa del procesado argumentando temas de salud.
Pese a la decisión, de forma oral los integrantes de la Sala convocaron a las sujetos procesales para el 16 y 17 de abril próximos a la instalación de la etapa de juzgamiento.
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El inicio de la investigación
Ante la denuncia de la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio pasados, cinco allanamientos donde se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios.
La entrega del legislador suspendido, quien se ocultó por varios días, se produjo luego que la Fiscalía mantuviera acercamientos con su defensa. Díaz decidió presentarse ante la justicia y se definió como punto de encuentro en la parroquia de Tumbaco. El 21 de julio de 2025 se hizo efectiva la orden de detención con fines de formulación de cargos emitida contra el ecuatoriano de 56 años por la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha.
Un día después de la detención arrancó la instrucción fiscal en este caso. A tan solo horas de que el aún asambleísta nacional Díaz Asque se entregó a la justicia para que se le formulen cargos, la jueza Olalla le definió la medida cautelar de prisión preventiva y dispuso que la instrucción tenga una duración de 60 días.
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Esos dos meses se cumplieron el 22 de septiembre pasado, cuatro días después de que se concretó el traslado del legislador suspendido desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, hasta la denominada Cárcel 4, en Quito. Santiago Díaz fue trasladado desde la Cárcel 4 hacia La Roca el 5 de agosto de 2025, debido a una alerta de amenaza contra su integridad de ambos. Ese traslado quedó insubsistente el 18 de septiembre pasado.
En esos meses de instrucción fiscal y de la audiencia preparatoria de juicio de noviembre pasado, en la que fue llamado a la etapa de juzgamiento, Santiago Díaz tuvo acercamientos con la Fiscalía y empezó a ser trasladado de forma continua a la sede de la Fiscalía General.
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Hoy se conoce que la cooperación que estaría dando es en un caso que aún se mantiene en etapa reservada de investigación previa que se llama caso Caja Chica y en el que se analiza el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. En esa línea se empezó a indicar que la entrega de información relacionada con su exagrupación política, la Revolcuión Ciudadana, estaba atada a posibles beneficios en el caso de violación. Ni de la colaboración ni de supuestos beneficios se ha hablado oficialmente hasta el momento desde la Fiscalía.
Beneficios en un tema de violación por colaborar en otros casos es ‘jurídicamente imposible’
Joan Paul Egred, abogado del padre de la menor y quien denunció la violación, explica que la existencia de beneficios para Santiago Díaz en el caso de violación por colaborar en otro u otros casos en la práctica no ha sucedido, no va a suceder, y jurídicamente es imposible.
“El señor (Santiago Díaz) puede colaborar en investigaciones de delincuencia organizada, de enriquecimiento privado injustificado, en la que usted quiera. En esas investigaciones, por colaborar, él puede tener un beneficio, pero nada tiene que ver con el caso de la violación de la niña, en donde nosotros buscaremos que se le imponga a Díaz el máximo de la pena por el delito de violación, más todas las agravantes que correspondan, sin ningún tipo de beneficio. Este hombre tiene que responder con cárcel y ser condenado”, sostuvo Egred.
El 30 de enero pasado, el expulsado de los registros de la RC fue trasladado hasta la Fiscalía para rendir una versión en Caja Chica, investigación previa en la que han sido notificadas ocho personas relacionadas con el correísmo.
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En el caso Caja Chica se analiza el origen de los fondos de la campaña electoral presidencial de la RC en 2023. Entre los investigados están el expresidente Rafael Correa; la abogada en libre ejercicio que intervino en el caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo, Patricio Rivera y Fausto Herrera; el excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la RC Andrés Arauz; la excandidata presidencial en 2023 de la RC Luisa González; el actual asambleísta por Pichincha del correísmo y exgerente de la aerolínea estatal TAME Patricio Chávez; y Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías entre 2011 y 2018.
‘El país necesita un baño de verdad’
“He venido a dar mi versión en el caso Caja Chica, porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”, señaló Díaz a su salida de la versión que rindió en enero pasado. La última vez que estuvo en la Fiscalía Santiago Díaz fue el 18 de marzo pasado. En ese día, dijo su abogado, el acusado del delito de violación ratificó su versión inicial dada dentro del caso Caja Chica.
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que refiere sobre el delito de violación, describe que la violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, se define, será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.
El ataque contra la niña se habría dado cuando la víctima tenía 11 años de edad y acudió, en diciembre de 2024, a una reunión con su madre y su tía, además de Santiago Díaz, a quien la pequeña conocía porque su madre trabajaba para él. En esa reunión el atacante le habría dicho a la niña que tenía un regalo para ella. Subieron a un cuarto, él cierra la puerta y utilizando su fuerza, utilizando sus manos, habría cometido el adulto el acto de violación.
Existen las pruebas ‘suficientes y contundentes’ para demostrar la violación de la menor
María del Mar Gallegos, también abogada de la menor violada, afirma que como consecuencia de este acto hay un examen médico legal, en el que se confirma que existió tal violación. La abogada recordó que cuando la niña decidió contar lo que le ocurrió habían transcurrido aproximadamente seis meses.
“Tenemos las pruebas suficientes y contundentes, más de 60 pruebas, entre periciales, testimoniales y documentales, que van a dar fe y a aprobar la responsabilidad de Santiago Díaz en la violación en contra de una menor de edad. (...) Al menos diez pruebas periciales que lo que confirman es que la niña fue violada vía anal”, sostuvo Gallegos en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.
La abogada recordó que Santiago Díaz, en su rol como asambleísta, intentó pasar una ley reformatoria del COIP, en el que buscaba disminuir la edad para el consentimiento para temas de relaciones sexuales, es decir, quería bajar la edad de 12 años. Para la experta en temas: “¿estaba buscando impunidad para su propio caso o es que no era la primera vez que lo hacía y no era la última vez que lo iba a hacer?”.
La abogada Gallegos critica que una persona acusada de violar a una menor de edad esté en una prisión como la Cárcel 4, en Quito, y no en cárceles como Turi, en Cuenca; o en Cotopaxi, en Latacunga, lugares en el que cree debe estar alguien que ha cometido un grave delito sexual.
“Es así que Santiago Díaz, ya por temas políticos, se está beneficiando de alguna forma, y esto no puede ser así. La integridad de una niña, la indemnidad sexual de una niña, una niña no puede ser una moneda de cambio para temas políticos ajenos a ella”, concluyó. (I)
