Mientras quedan alrededor de dos meses para que se instale oficialmente el gobierno del presidente electo Daniel Noboa, los gobiernos locales (cantones, provincias y parroquiales rurales) esperan reunirse en estos días con el nuevo mandatario para comunicarle las demandas de los territorios y articular acciones para enfrentar a los problemas, especialmente la seguridad y el fenómeno de El Niño, además de definir salidas a las deudas que tiene el Gobierno central.

Hay predisposición al diálogo y a llegar a consensos con la nueva administración, según lo dicho por voceros de los municipios, juntas rurales y prefecturas, que reclaman recursos económicos para atender las emergencias que se avecinan y las necesidades actuales.

El presidente electo, desde la campaña electoral, ha ofrecido apertura para llegar a consensos y trabajar en conjunto, en busca de soluciones a los problemas que tiene el país.

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En el caso de los 221 cantones agremiados en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Johnny Firmat, director ejecutivo, indicó que entre las propuestas que se harán al presidente electo es “trabajar con un nuevo modelo de gestión descentralizado, desconcentrado y autonómico”.

Se pedirá que “no se recorte ni un centavo más a los municipios”. Sobre el dinero que adeuda el Gobierno a los municipios, Firmat reconoció que ha habido apertura y se ha avanzado con las transferencias. No obstante, todavía existen varios rubros impagos y se espera que las cuentas queden saldadas antes de terminar la actual presidencia.

Los montos que están pendientes suman un total de $ 981,22 millones, de acuerdo con cifras de la AME. Los valores corresponden a: $ 299,67 millones que deben ser pagados en octubre, por asignaciones del Modelos de Equidad Territorial; $ 49,92 millones por devolución del impuesto al valor agregado (IVA); $ 373,41 millones por el Fondo de Desarrollo Sostenible; $ 5,54 millones por Ley 047; $ 24,32 millones por Fondos FINGAD; y, $ 62,86 millones por la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica entre los 2016-2023.

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Al presidente Noboa se le va a proponer una agenda de pagos, “para que se pueda hacer un POA (Plan Operativo Anual) y planificar las obras para los cantones”, expresó Firmat.

De cara a enfrentar las secuelas del fenómeno El Niño, otro planteamiento será reactivar créditos a largo plazo, con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), para las obras de gran infraestructura. Y que se fortalezcan los COE cantonales.

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“Yo no concibo a ningún gobierno central, a ninguna administración, que pueda tener éxito si no coordina con los territorios que representamos los tres gremios (municipios, prefecturas y juntas parroquiales)”, señaló el director ejecutivo de la AME, al tiempo de insistir en la necesidad de que el nuevo mandatario y su equipo fijen una reunión con los representantes de los tres niveles de gobiernos locales.

Desde las prefecturas, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) envió lunes 16 de octubre una misiva al presidente electo, felicitándole por su victoria en las urnas y extendiendo la voluntad de coordinar acciones.

La titular del Congope y prefecta de Pichincha, Paola Pabón, indicó que en el texto se solicitó a Daniel Noboa un espacio para que los gobiernos provinciales puedan ser parte del proceso de transición entre el gobierno entrante y el saliente. “Sumar esfuerzos por el bien del país”, es el mensaje que da Pabón al nuevo Ejecutivo.

El gremio de prefecturas planteará tres temas al nuevo Jefe de Estado: la deuda que tiene el Gobierno central con los gobiernos provinciales, que asciende a $ 421 millones; cómo enfrentar al fenómeno El Niño, ya que 14 provincias se verán afectadas directamente y 6 de manera indirecta; e, intervenir en la red vial estatal que se encuentra en pésimas condiciones.

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A diferencia de la experiencia de los municipios, Pabón contó que no ha habido apertura por parte del Ministerio de Finanzas para dialogar con los gobiernos provinciales sobre las asignaciones impagas.

La deuda abarca valores que corresponden a devoluciones del IVA desde el año 2016, en algunos caso, por riego y drenaje desde el 2022, y $ 80 millones por la Ley de Desarrollo Amazónico, entre otros. Al respecto, el Congope también planteará fijar un plan de pagos, los cuales bien podrían atarse a atender el fenómeno de El Niño, aseguró Pabón.

Al igual que los municipios, las prefecturas proponen crear un producto crediticio en el BDE para alquiler de maquinarias. Esto ya se planteó al gobierno de Guillermo Lasso, pero no ha avanzado, a pesar de que al presidente le pareció una buena idea, contó la titular del Congope.

En materia de seguridad, se espera tener a un presidente de la República “que ahora sí se ponga al frente”, “queremos ver a un Jefe de Estado comandando los territorios, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas”.

“Hay provincias que están en situación calamitosa. Hay provincias donde no se puede contratar obra pública”, lamentó Pabón. Lo dijo porque en Esmeraldas, por ejemplo, el momento que se adjudica un contrato “antes de que llegue el anticipo (de pago), llega el vacunador a quien va a ejecutar la obra para decirle: usted no puede entrar a ese territorio, si no paga la vacuna respectiva”.

Por ello, Pabón reiteró su pedido urgente de que la Policía y el Ejército resguarden las instalaciones públicas de Esmeraldas.

Respecto a las necesidades de las parroquias rurales, Pabel Cantos, presidente Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), contó que el miércoles 18 de octubre tuvo una corta reunión con la vicepresidenta electa Verónica Abad y le entregó las propuestas de las 824 juntas parroquiales.

Lo que buscan es que ejecuten temas pendientes, como el pago de $ 30 millones por retrasos en varios rubros; dotación de equipamiento para la Policía Nacional, restauración de destacamentos policiales, más efectivos de la fuerza pública.

Cantos manifestó que por falta de recursos y planificación no se puede avanzar en acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño.

“Quedamos (con Verónica Abad) en conversar con los equipos de trabajo, una vez que se posesionen, con cada una de las carteras de Estado”, compartió el dirigente de la Conagopare.

El gobierno saliente de Guillermo Lasso sostiene que se ha pagado $ 690 millones corresponden a deudas con los GAD por atrasos de administraciones pasadas, entre 2015 a 2021, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. El titular de esa Cartera de Estado, Pablo Arosemena, ha asegurado que solo se ha pagado valores hacia atrás, sino que están al día con el Modelo de Equidad Territorial. (I)