Patricio Maldonado, presidente de AME: No estamos en contra de ningún Gobierno, sino a favor de los derechos de los gobiernos locales

Patricio Maldonado, alcalde de Nabón (Azuay) y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), lamenta que el gobierno de Daniel Noboa haya vetado totalmente la ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Cree que faltó apertura al diálogo por parte del Ejecutivo y espera que pueda hallarse alguna solución. Si no habrá que esperar un año para que la Asamblea retome el tema, como lo establece la Constitución. Ya para entonces habrá, seguramente, nuevos legisladores. ¿Qué opina de la decisión del presidente de vetar totalmente esta norma? Nosotros hemos tenido la expectativa de que los recursos lleguen de manera transparente y oportuna a los diferentes niveles de los GAD. Fue un día de júbilo cuando la Asamblea Nacional aprobó esta ley en segundo debate y esperábamos que el Gobierno nacional, con sentido de pertenencia y empatía con los municipios y los ciudadanos, cumpla con la obligación de entregar los recursos que nos corresponden. Con sorpresa y descontento vemos como dentro de las líneas argumentales de este veto presidencial se indica que la implementación de esta ley pondría en riesgo sectores vitales, como la salud, la educación.Y todos los ecuatorianos sabemos que esto no pasaría porque en la estructura del Presupuesto se tiene ya en porcentajes preestablecidos (lo que corresponde a los GAD) de los ingresos permanentes y no permanentes en función de la proyección, si hay aumento de ingresos, con ese efecto dominó se genera un aumento en las asignaciones por el modelo de equidad territorial y si hay una disminución, lo propio.Esperábamos que si el Gobierno quería vetar la ley no lo haga de forma total sino parcial, y luego de un espacio de trabajo técnico, en una mesa de diálogo. Y lastimosamente se hizo de manera unilateral. ¿A qué atribuye esto? Lastimosamente, por falta de comunicación, el no poder tener un diálogo como lo habíamos solicitado; incluso días antes nos reunimos con representantes del Gobierno y les solicitamos un diálogo para analizar el tema. ¿No sienten ustedes que están en el medio de la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo? Este veto podría ser un desquite del presidente Noboa por la aprobación de la enmienda de los vetos. Nosotros hemos buscado siempre ser los medios de ser gestores de los recursos y que nuestra ejecución presupuestaria vaya en función de nuestros planes de trabajo. Más allá de las diferencias que pueda haber entre el presidente de la República y el presidente de la Asamblea hemos considerado que técnica y administrativamente la norma era correcta. Esto se buscó desde el 2010 y se ha dilatado, pero luego de varias insistencias y diálogos se puso a consideración de la Asamblea. Pero estas diferencias les afecta a ustedes. En este último año hemos venido experimentando estos retrasos en la entrega de recursos y lo que ha producido es que la gente no pueda tener la garantía, no solo del acceso a la obra pública nueva, y que además vea un desmejoramiento o la desatención en cuanto a los servicios. Bajo esta circunstancias hemos buscado soluciones y esta (ley) se nos presentaba como una buena alternativa. Si el Gobierno se compromete a pagarnos los recursos no solo con prontitud sino a pagar mes a mes como lo establece la Constitución, seguiremos afectados porque no solo son los recursos del modelo de equidad sino otros recursos preestablecidos en competencias como la ley 047, la ley amazónica o la de patrimonio. El 85 % de los municipios somos pequeños y no gozamos de una verdadera autonomía. ¿Cuánto es lo que ahora les adeuda el Gobierno? Son $ 690 millones, aproximadamente, $ 330 millones corresponden a algunos saldos por el modelo de equidad territorial que vienen arrastrándose desde septiembre y son $ 360 millones por ley 047, patrimonio, devolución de IVA. Y ahora, legalmente, ¿qué opciones tienen? Porque, con el veto total, este proyecto podrá retomarse recién en un año. En este momento el veto regresa a la Asamblea y hay que ver si se puede plantear alguna salida. Si no, esto ya tendría que tratarse en un año. Para entonces tendremos un escenario diferente. Habrá una nueva Asamblea. Desde el Partido Social Cristiano, que impulsó fuertemente esta ley, se ha advertido que promoverán un juicio político al ministro de Economía y Finanzas si no paga a tiempo y completo las asignaciones de los GAD. ¿Ustedes apoyarán esto? Leí el comunicado y está clarísimo que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su principal personero, tiene que garantizar la transferencia transparente y oportuna de los recursos a todos los niveles de gobierno; sin duda, el PSC, con sustento jurídico, sabe de lo que están hablando y es probable que esto puede pasar. Nosotros no estamos contra ningún Gobierno sino que estamos a favor de hacer respetar los derechos de los municipios, cuyos alcaldes y alcaldesas somos las autoridades más cercanas a la gente. (I)

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