El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, respondió la mañana de este viernes 24 de noviembre después de haber conocido que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia en su contra por presunta infracción electoral grave.
“Yo a esto no voy a darle ni cinco centavos de importancia, a quien quiere ganar protagonismo desde la denunciología”, enfatizó el personero.
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Al ser consultado si no cometió algún acto de proselitismo político, respondió: “En lo absoluto. Ya mi abogado y yo responderemos al órgano competente”.
El próximo miércoles 27 de diciembre será la audiencia convocada por el TCE para resolver la denuncia interpuesta por Mónica Jaramillo y Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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TCE admite a trámite denuncia contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito
Este jueves, 23 de noviembre, el juez Ángel Torres, quien conoce la causa, admitió a trámite una vez que los accionantes aclararon y completaron la denuncia.
Los denunciantes sostienen que Muñoz, mientras ejercía su cargo de alcalde de la capital, realizó proselitismo político a favor de la campaña electoral de Luisa González, excandidata a la Presidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Por su parte, el juez en su auto de admisión otorgó el plazo de cinco días para que Muñoz conteste a la denuncia en su contra. En su respuesta, el alcalde podrá anunciar pruebas de descargo.
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Además, se solicitó que en el plazo de dos días el Municipio de Quito entregue documentos certificados indicando si Pabel Muñoz estuvo en funciones entre el 6 y 7 de julio, el 7 de octubre y el 14 de agosto de este año.
También se deberán presentar otros certificados, como recorridos del vehículo que transporta al alcalde, entre otros documentos solicitados por Jaramillo y Guarderas como parte de su denuncia.
El exalcalde de Quito Jorge Yunda publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) aseverando que el juez que conoció la causa pidió dinero a cambio de no fallar en su contra.
“Torres me citó a un edificio en la República de El Salvador y Portugal, me pidió 300.000 para fallar a mi favor, le di yuca, sin derechos políticos pero tranquilo. Cuánto le pedirán a este pana”, dice su mensaje.
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Sobre esto, Muñoz respondió que es “gravísimo lo que señala el exalcalde, ojalá ahí se activen también estos mecanismos de notitia criminis o lo que fuera, pero evidentemente deberán contestar los involucrados”.
La infracción electoral grave está tipificada en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, el cual sanciona con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años a “los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato”. (I)