Organizaciones sociales levantarán sus pliegos de demandas en la jornada de protesta nacional

Las protestas que enfrentará este martes el Gobierno nacional tienen un frente en común, que es la exigencia de que se reduzcan los precios de la gasolina extra y el diésel a lo establecido en junio pasado, sin embargo, cada organización social participante tiene reivindicaciones particulares.Desde la madrugada de este martes, sindicalistas, maestros, estudiantes, las bases del movimiento indígena y agricultores afines al Parlamento de los Pueblos iniciarán una “jornada de lucha y resistencia” en las provincias que tendrá el carácter de progresiva. Es decir, prevé extenderse por los siguientes días y la intensidad de su manifestación dependerá de cómo responda el presidente Guillermo Lasso.En Quito, la marcha se concentrará pasadas las 16:00 de este martes, y se dirigirá hasta el centro histórico de la capital, para hacer escuchar sus demandas al Ejecutivo.El denominado Parlamento de los Pueblos se constituyó en octubre del 2019, tras el violento paro nacional por la derogatoria del decreto 883, con el que el expresidente Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles, aunque retrocedió en la medida debido a la crisis política social y económica que vivió el país en esos once días de descontento.Ese colectivo agrupó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) que encabezaron el paro en ese entonces. En la actualidad confluyeron otros sectores como la Federación de Nacionalidades Indígenas Evangélicas (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) (que respaldaban al expresidente Rafael Correa), entre grupos campesinos y agricultores.Los une la misma demanda de hace dos años: los precios de los combustibles.Con la llegada de Guillermo Lasso al poder, estos colectivos exigían que derogue los decretos que fijan los costos de la gasolina extra y el diésel suscritos por Moreno, entre ellos, el 1054 de mayo del 2020 que dispuso el incremento gradual mediante un sistema de bandas, con lo que, al 12 de octubre, la gasolina incrementó su valor a $ 2,50 y el diésel a $ 1,68.Pero este 22 de octubre, el jefe de Estado anunció que suspendía el alza gradual, y a la par fijó un último valor de la gasolina extra en $ 2,55 y el diésel a $ 1,90.Para los gremios sociales esta decisión es una “burla” porque elevó los precios y luego suspendió el aumento progresivo.Entonces, su exigencia varió para que Lasso retroceda y fije el precio al de junio pasado en los márgenes de $ 2 la extra y extra con etanol y hasta en $ 1,50 el diésel.En la efervescencia de esta convocatoria, cada organización hará prevalecer sus reclamos. Ayer, en una declaración pública en conjunto se expusieron varias de sus posturas.El FUT quiere que la Asamblea Nacional trate su proyecto de Código Orgánico de Trabajo que presentó días atrás y que el régimen no implemente su propuesta de Ley de Creación de Oportunidades, porque creen que precarizará el sistema laboral.El titular del FUT, Ángel Sánchez, alertó que el régimen aprovechó para declarar un estado de excepción de 60 días para ingresar en el Parlamento nacional leyes con el carácter económico urgente. “Advertimos, estar atentos sobre estas leyes, con eso nos quieren tener confinados e imponer leyes que van en perjuicio de la sociedad. Conminamos a presentarse en las calles y apoyar esta movilización en defensa de la vida y de los derechos”, apuntó Sánchez.La Conaie no solo quiere que se rebajen los precios de los derivados del petróleo, sino que Lasso derogue los decretos 95 y 151, con los que amplía la explotación minera y petrolera.Su presidente, Leonidas Iza , dijo que quieren que el régimen dé una moratoria de un año para el pago de los créditos en las instituciones financieras, que se transparenten los precios de los productos de primera necesidad que producen los agricultores.Rechazan el modelo neoliberal de Lasso por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las privatizaciones. Quieren que la Asamblea Nacional fiscalice al secretario de Pueblos, Luis Pachala, por “dividir” a sus comunidades.El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, anunció ayer que resolvieron romper el diálogo que venían mantenido con el Gobierno porque en la instalación de una mesa técnica para la reactivación económica enviaron a asesores y no a autoridades de ministerios de Estado.Y plantean que se “eche a andar los créditos al 1 %” evitando la burocracia en la solicitud de requisitos; y además, quieren que se implemente una salida para los deudores del BAN Ecuador y el Banco de Fomento como que se “condonen” las deudas que no van más allá de los $ 30.000, señaló Espinoza.La Feine mantiene su exigencia de que se reduzcan los precios de los combustibles y socializarán con más de 2.500 iglesias evangélicas del país para que se plieguen a las manifestaciones sociales.La UNE exigirá que se ejecuten las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que se apruebe el proyecto de Código del Trabajo planteado por el FUT, presupuesto para la educación y salud, precios justos a los productos. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, expresó que su objetivo es impedir que Lasso avance en el proyecto neoliberal que implicará, por ejemplo, una reforma laboral que afecte a los derechos.Detalló que su voz de protesta se dará con mítines, plantones, marchas en las provincias y en Quito se realizará una caminata hasta el Palacio de Gobierno. “No descartamos acciones más elevadas si el Gobierno no entiende que debe retroceder en su proyecto neoliberal”, advirtió.Otro grupo que se unirá a esta medida de rechazo es la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, también se unirán a estas protestas como parte de una “resistencia social a un modelo excluyente”.Este colectivo se declaró en estado de emergencia social y movilización y hacen un llamado a la sociedad civil a plegarse a la protesta en “contra de la violencia en las calles y las denuncias de corrupción y evasión fiscal”.La Fiscalía General del Estado convocó para las 11:00 de este martes al dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, a ampliar su versión libre y voluntaria en la investigación de los hechos violentos registrados durante el paro nacional de octubre del 2019.El organismo público le advirtió que si no comparece a este llamado se lo hará comparecer por “intermedio de la fuerza pública”.En el expediente fiscal se incorporó también el libro Estallido , en el que Iza describe su versión sobre las manifestaciones de octubre del 2019, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que decretó el expresidente Lenín Moreno. (I)

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