Mientras el sector oficialista aplaudió la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, de demandar a la empresa Progen en Estados Unidos por dos contratos de $ 149 millones destinados a la compra de motores para generación eléctrica, la oposición reclama el inicio de un proceso penal en la justicia ecuatoriana.
A nivel legislativo, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida de la legisladora Diana Jácome, fiscaliza el caso Progen, desde hace seis meses, y hasta el momento no presenta un informe. Ella dice que lo hará en los próximos días, pero no concretó la fecha.
Jácome aplaudió lo realizado por el presidente Noboa, de iniciar una acción judicial en la Florida-Estados Unidos, y dijo que serán las autoridades quienes determinen los daños; pero que, independientemente de eso, la Asamblea Nacional, a través de su comisión, seguirá trabajando en el proceso de fiscalización, y que en poco tiempo más habrá un informe.
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La legisladora nacional aseguró que el caso Progen estuvo en la Asamblea hace un año, antes de iniciar el actual periodo legislativo, pero que nadie hizo nada, y que ahora se investiga y pronto habrá resultados.
Señala que en el proceso de fiscalización recibieron a las autoridades del Gobierno, a quienes firmaron el contrato con Progen y además el contralor general del Estado, que ha señalado que existen responsabilidades administrativas, civiles y también indicios de responsabilidad penal.
Jácome no quiso adelantar los términos del informe y aseguró que está dentro de sus tiempos, tampoco cree que la mesa llega tarde con el informe cuando la Asamblea Nacional está a las puertas de un receso legislativo de quince días.
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El asambleísta Lenin Barreto, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), considera que es irrisorio que el presidente de la República después de un año de que tenían que estar listas las soluciones energéticas presente una denuncia en el exterior y no ante las autoridades ecuatorianas.
El país debe estar claro, añadió, que lo sucedido con Progen no pudo haber sido efectuado sin el beneplácito, el apoyo y sin los informes favorables por parte de las instituciones que realizaron las contrataciones respectivas; eso quiere decir: Celec, Termo Pichincha, Electroguayas y sobre todo los ministros de Energía y Minas de ese entonces, como Roberto Luque, “quien negoció y fue a visitar las supuestas fábricas de Progen en la Florida, y también la ministra Inés Manzano, quien a pesar de que tanto Progen como ATM tuvieron incumplimiento de contrato, autorizó para que se realicen los pagos respectivos”.
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Barreto insistió en que el delito fue cometido en Ecuador en complicidad con los ministros de Energía, el viceministro de ese entonces y también exgerente de Celec, Fabián Calero, y con complicidad también de Arturo Félix Wong, exsecretario de Administración, que fue uno de los principales defensores de ese contrato.
El representante de la RC en la Asamblea Nacional recordó que el 12 de octubre de 2024 presentó ante la Fiscalía del Estado una notitia criminis, pero no ha existido una acción, peor un allanamiento en este caso.
Afirmó que con esta aceptación tácita del presidente Noboa, de que hubo irregularidades en la contratación de Progen, insistirán en un juicio político, aunque anticipó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo bloqueará o la Comisión de Fiscalización lo archivará.
El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, resaltó la decisión de iniciar un proceso en el exterior, pero que se debería empezar por casa; pues “hubiera querido que el presidente ya presente una acusación particular aquí en el Ecuador a nombre de los ecuatorianos por este gran lleve, por este gran robo que ha sido para el Ecuador el tema Progen y ATM”.
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Insistió en que es bueno que se haga un reclamo a nivel internacional para recuperar recursos, pero la pregunta es al presidente Noboa, si ya inició la investigación de los funcionarios de alto nivel, mediano nivel y bajo nivel que permitieron este atraco al país.
Serrano cuestionó por qué no permiten que la Asamblea pueda hacer una tarea fiscalizadora sobre este tema, por qué no dieron paso a un juicio político a la ministra de Energía, Inés Manzano. Lo que sorprende es que no quieran investigar qué es lo que sucedió aquí en el Ecuador, apuntó.
El asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN) manifestó que la Contraloría levantó un informe identificando responsabilidades administrativas, pero justamente la señal que ha enviado el presidente Noboa, de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, tiene todo el apoyo de la bancada ADN.
Dijo que se presenta la demanda en los Estados Unidos, porque entiende que existen ciertas cláusulas que exigen realizar este tipo de procedimientos.
Insistió en que si del informe se desprende que hubo conocimiento por parte de autoridades mayores a los gerentes de las unidades ejecutoras, se tendrá que llamar e identificar cuáles son los temas. (I)
