Este jueves, 21 de mayo de 2026, el pleno de la Asamblea Nacional volverá a debatir el informe del proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, que se aprobó el domingo, 17 de mayo en la Comisión de Biodiversidad.
La propuesta plantea regular las actividades marítimas, establece un marco jurídico para preservar y proteger las zonas de olas rompientes y ecosistemas marino-costeros, regular los usos del espacio marítimo y promover actividades alineadas con las políticas oceánicas nacionales. El texto tiene catorce artículos, cinco disposiciones generales, dos transitorias y una disposición final.
Este proyecto de ley ya pasó por un segundo debate en el hemiciclo legislativo, pero recibió algunas alertas, por lo que regresó a la Comisión de Biodiversidad para que recoja las observaciones formuladas por los asambleístas y elabore el texto final, el cual fue aprobado con seis votos.
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En este nuevo informe, la mesa legislativa incorporó observaciones relacionadas con la protección de ecosistemas sensibles y zonas de anidación; definición de competencias institucionales; fortalecimiento del régimen especial de Galápagos; estructura y funciones del Consejo Interinstitucional del Mar; técnica legislativa, disposiciones transitorias y seguridad jurídica.
La iniciativa destaca que el mar constituye uno de los principales patrimonios naturales del país. En el caso de Ecuador, cerca del 80 % del territorio nacional corresponde a espacio marítimo, una zona estratégica que sostiene actividades como la pesca, genera empleo, impulsa el turismo y alberga una importante riqueza ambiental y cultural.
El proyecto plantea que estas áreas formen parte del patrimonio natural del Estado y que su manejo se realice bajo un enfoque ecosistémico. Esto significa que cualquier actividad que pueda alterar la dinámica natural del oleaje o afectar los ecosistemas costeros deberá someterse a criterios técnicos y ambientales más rigurosos.
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Uno de los principales puntos del proyecto de ley es la creación del Consejo Interinstitucional del Mar, que, según se propone, será la máxima instancia de coordinación y planificación estratégica para la gobernanza marino-costera y oceánica del Ecuador y estará conformado por entidades vinculadas al ambiente, defensa, relaciones exteriores, pesca, turismo, investigación científica, gestión de riesgos, infraestructura y el Régimen Especial de Galápagos.
La propuesta es que este consejo emita lineamientos de planificación espacial marina, coordinar políticas públicas marítimas y promover mecanismos de prevención y mitigación de impactos ambientales.
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Entre otras cosas, la normativa también crea el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un instrumento técnico y público para identificar, proteger y gestionar estas áreas bajo criterios de seguridad jurídica y coordinación interinstitucional.
Para la aprobación de este proyecto de ley se requieren 77 votos de los legisladores. (I)