Mujeres se enfrentan contra la violencia política, que va en aumento

Unos 32 videos dirigidos a candidatas con 1.854 comentarios, de los cuales 25 presentaban algún signo de violencia de género. Solo 20 artículos de un total de 110 publicados brindan un espacio a candidatas a la Presidencia o Vicepresidencia. Dos de quince candidatas monitoreadas son blanco de ataques a través de memes, imágenes, expresiones y frases en redes sociales.Las cifras son parte de los resultados obtenidos de los seguimientos de varias organizaciones, como la Corporación de Participación Ciudadana, el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer y el Movimiento de Mujeres por la Justicia, antes y durante la campaña electoral a candidatas, y que, según señalan, revelan un aumento de la violencia política contra las mujeres.Desde el 3 de febrero del 2020 entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia, cuyo artículo 280 conceptualiza la violencia política de género como “aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”.El incurrir en actos de violencia política de género se considera una infracción electoral muy grave. La ley establece trece causales, entre ellas, divulgar imágenes o mensajes que revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político electoral o en cualquier otra que, basados en estereotipos de género transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres.El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene entre sus facultades establecer sanciones con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados, es decir, de $ 8.400 a $ 28.000. Solo constan tres denuncias sobre presunta violencia política de género, una de estas fue archivada. Este bajo número de causas que se tramitan en la justicia electoral contrasta con los monitoreos que realizan estas organizaciones en redes sociales y en medios de comunicación. Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, dice que en esta campaña electoral se ha evidenciado una presencia sostenida de este fenómeno, que está causando un desincentivo en las mujeres para participar en la política y la pérdida de espacios en los que se toman decisiones de política pública o de la Legislatura.Expresa que las campañas cívicas ya no son suficientes, por lo que después de las elecciones quieren organizar mesas de trabajo para poder discutir este fenómeno con líderes de opinión, academias, sociedad civil organizada, autoridades y partidos políticos.Para Hidalgo, esta celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debería llevar al Estado y a la sociedad a plantear una lista de temas pendientes que se tiene con las mujeres.Dentro de su monitoreo de violencia política de género, la Corporación también registra, por ejemplo, 7.822 tuits con 704 expresiones con sentido discriminatorio y 1.268 frases a mujeres, sean funcionarias públicas, periodistas o figuras públicas.El Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer, creado desde diciembre de 2019, realiza desde noviembre de 2020 el monitoreo de la violencia política en redes, de la cobertura periodística y en espacios físicos, de la candidata a la Presidencia, las candidatas a la Vicepresidencia y de las aspirantes a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino.El monitoreo de las redes sociales se efectúa con una metodología propia sobre cinco tipos: si las mujeres reciben amenazas de daño físico; si son acosadas; si tienen intimidación y abuso, verbal o simbólico; desinformación de género; y difamación o fake news .Uno de los últimos seguimientos efectuados por este Observatorio, del 15 al 24 de enero a las publicaciones de Facebook de los diferentes medios de comunicación nacionales, descubrió un aumento del 14% en ataques de género a las candidatas a presidenta o vicepresidenta. Del 15 al 18 de enero, de los 21 posteos enfocados en candidatas se detectaron 25 ataques discriminatorios, es decir, que existe más de un ataque por cantidad de publicaciones, según el monitoreo.Katherine Mata, excandidata vicepresidencial por Unión Ecuatoriana, que se distanció de su binomio durante la campaña electoral, menciona que, pese a que al inicio de esta propuesta la experiencia fue bastante buena, en el camino se distorsionó al sentirse, por ejemplo, excluida de las reuniones y decisiones por personas que también se iniciaban en la política, además de los ataques en las redes sociales.Mata, que se identifica como defensora de los derechos de la niñez y las mujeres, dice que pretendieron violentar políticamente su imagen, pero no se vio afectada como mujer.Considera que puede ser el desconocimiento de la ley lo que provoca pocas denuncias, pero agrega que más allá de hacerlo jurídicamente muchas mujeres lo hacen de manera pública, lo que ocasiona que la sociedad censure estos actos, se entere de que existe esta violencia política permanente y se reflexione sobre esta problemática.Santiago Pérez Samaniego, que imparte la cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), expresa que en esta última campaña se ha visto violencia política hacia la mujer en relación a la limitada participación en las papeletas electorales, como un relleno, así como dentro de los partidos políticos, donde tampoco son equitativos los procesos para que puedan intervenir.Señala que la política es un espacio que se presta para que se dé este tipo de violencia política contra las mujeres, por lo que es necesario analizar factores como el temor a denunciar y la situación de incertidumbre política que se vive en el país.Pérez considera que más que sanciones se debería tratar de eliminar a través de la educación estos estereotipos contra las mujeres, no solo en la participación electoral, sino este tipo de manifestaciones como el de menospreciar el trabajo de la mujer en el desempeño de ciertos cargos públicos o candidaturas.Cecilia Calderón, con amplia experiencia en la política y candidata en el 2019 a la Prefectura del Guayas por Juntos Podemos, recalca que las mujeres que sufren violencia política no cuentan con el respaldo del partido o movimiento para enfrentar la violencia política. “Ellas están solas porque no tienen un vínculo real con el partido que las debe defender (...); hay violencia dentro de los mismos partidos, no hay una conciencia real de lo que es la participación ciudadana”, manifiesta.Recuerda que la violencia política no es de ahora, pues ella la vivió en época de campaña electoral, en que era casi la única mujer en hacer política y tuvo que salir adelante.Calderón señala que la ley para erradicar la violencia contra la mujer, que crea un sistema de protección contra la violencia de las mujeres, no funciona. “Una ley larguísima, difícil de entender, engorrosa, llena de conceptos (...); las leyes no son para los eruditos, son para los ciudadanos y por eso deben ser simples, sencillas, concretas”, recalca.Según un reporte de la OEA, la violencia política contra las mujeres continúa siendo una de las principales barreras para el ejercicio de la ciudadanía en América Latina. Y aunque se han realizado esfuerzos sostenidos en las últimas décadas para impulsar el acceso y el ejercicio del poder de las mujeres en las instituciones democráticas, se requiere aún cambiar prácticas, valores, ideas y reglas que contribuyan a normalizar la presencia de mujeres como figuras de poder, señala.Las posibles rutas de acción van desde la divulgación de ideas y medidas de acción afirmativa en el interior de los partidos, hasta la promoción de protocolos y leyes que tipifiquen de manera clara y rigurosa todas las dimensiones de la violencia política de género, según el reporte.Además, la voluntad política de los partidos políticos, sus dirigencias y sus bases militantes, resulta indispensable para feminizar la política y generar cursos de acción que erradiquen las prácticas que afectan (y en ocasiones arrebatan) la vida de las mujeres. (I) Para realizar una denuncia por violencia política de género existen dos instancias: la primera corresponde a un juez electoral designado o ante el pleno del TCELos requisitos que debe contener la denuncia constan en el artículo 245.2 del Código de la Democracia y el artículo 6 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral; son los siguientes: 1. Designación del órgano o autoridad ante el cual se interpone el recurso, acción o denuncia. 2. Nombres y apellidos completos de quien comparece, con la precisión de si lo hace por sus propios derechos o por los que representa, y en este último caso, los nombres o denominación del o los representados. 3. Se debe especificar el acto por el que se interpone el recurso, acción o denuncia, quién emitió la resolución y la identidad de a quién se atribuye la responsabilidad del hecho. 4 . Fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados. 5. Se debe determinar el lugar de citación o notificación de los accionados o denunciados. En los casos relativos a conflictos internos de las organizaciones políticas, obligatoriamente deberá notificarse al defensor del afiliado, en la sede de la respectiva organización política. 6. Si presenta pruebas adjuntará la lista de testigos, con copias de cédulas especificando los hechos sobre los que declararán, así como solicitar nombramiento e informe de peritos; la exhibición de audios y video, informes institucionales, etc. 7. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, precisando la institución que las posee para solicitarlas. La solicitud de acceso y auxilio contencioso electoral a la prueba debe presentarse de manera fundamentada. 8. Es necesario solicitar un casilla contencioso electoral y señalar un correo electrónico para las notificaciones. 9. El nombre y la firma o huella digital del compareciente; así como el nombre y la firma de su abogado patrocinador. (I)

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