Tan solo horas después de que quedó en firme la sentencia condenatoria del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género y se le suspendieron sus derechos políticos por dos años, el Ministerio del Trabajo registró el “impedimento’ para el desempeño de un cargo, función o dignidad en el sector público, lo cual es parte de la decisión adoptada.
En el numeral 5.1 de la resolución adoptada por el TCE se dispone al Ministerio del Trabajo que proceda a inscribir en el archivo a su cargo la suspensión de los derechos de participación de María Verónica Abad Rojas y establecer el impedimento de ejercer cargo público.
Esa acción del Ministerio del Trabajo habría sido notificada este 29 de marzo a la secretaria relatora del Contencioso Electoral, mediante un escrito en el que se indica: “Conforme a su requerimiento, se procede con el registro del IMPEDIMENTO para el desempeño de un cargo, función o dignidad en el sector público, a más de la solicitud de registro de suspensión de los derechos de participación de la ciudadana, en el sistema administrado por el Ministerio del Trabajo”.
La noche del viernes, 28 de marzo, quedó en firme la suspensión de los derechos políticos por dos años de Verónica Abad, una vez que el TCE evacuó el recurso de aclaración y ampliación a la sentencia que interpuso la defensa de la vicepresidenta. Con la decisión, Abad no goza de sus derechos de participación y no podrá ejercer ningún cargo público ni votar en los comicios de la segunda vuelta del 13 de abril.
Durante una sesión extraordinaria, el pleno del TCE resolvió el recurso horizontal planteado por la vicepresidenta antes de disponer la ejecución de la sentencia condenatoria por violencia política de género tras una denuncia planteada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.
📣ATENCIÓN #SOSEcuador @TCE_Ecuador El voto salvado de Juez Fernando Muñoz, coherente con la norma constitucional, les advierte "a los muy vivos", que los efectos materiales de la sentencia jamás deben servir como una forma de remoción indirecta de la Vicepresidenta de la… https://t.co/VHzYdjNQsh
— Verónica Abad (@veroniabad) March 29, 2025
En primera y segunda instancia se ratificó la responsabilidad de la vicepresidenta por esta infracción electoral muy grave, descrita en el Código de la Democracia, por lo que se le aplicó la sanción de suspensión de los derechos de participación por dos años, el pago de una multa por 30 salarios básicos ($ 14.000) y una disculpa pública a la víctima, la canciller Sommerfeld, que deberá publicarse en un diario de ámbito nacional.
Con los votos de mayoría de los jueces electorales Ivonne Coloma, Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri (ponente) se concluyó que se expusieron “de manera clara y jurídica los fundamentos” con los que se aplicó la sanción, quedando así contestado el recurso de aclaración y ampliación propuesto.
En el auto emitido se aclara que las medidas adoptadas no implican que la sanción se extienda a otros derechos constitucionales.
En cambio, los jueces Richard González y Fernando Muñoz ejercieron un voto salvado (en contra) del auto de mayoría. Muñoz argumentó que esta sentencia vulnera los derechos constitucionales y es una “remoción indirecta” de la vicepresidenta Verónica Abad, porque el impedimento para ejercer un cargo en el Estado implicará, en un primer momento, la ausencia temporal y, dentro de tres meses, su ausencia definitiva de la dignidad de elección popular como vicepresidenta de la República.
“La suspensión implica en los hechos la pérdida de la legitimación jurídica para ejercer el cargo electo, configurando una forma de remoción indirecta sin la existencia de un acto formal de destitución ni el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Constitución”, argumentó Muñoz.
El registro realizado por el Ministerio de Trabajo, ante la resolución del TCEcontra Verónicas Abad, la tarde de este sábado fue notificada, mediante oficios, al director de Administración de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República, al secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, Santiago Andino, y al propio presidente Daniel Noboa, de quien Abad fue su binomio.
Se conoció que el día lunes,31 de marzo, se hará llegar de forma física esta información al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidenta Diana Atamaint. (I)
