El Ministerio de Gobierno se pronunció luego de que se conociera que Fiscalía General del Estado formuló cargos y solicitó medidas cautelares contra los ciudadanos Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, los tres primeros exconsejeros y la última actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como presuntos autores directos del delito de asociación ilícita contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
“iNo al Golpe de Estado Azul!”, se titula el comunicado que difundió en sus redes la cartera de Estado presidida por el ministro José de la Gasca.
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“Con base en los acontecimientos recientes, en los que la Fiscalía General del Estado ha puesto de manifiesto un plan para perpetuar el poder a través de maniobras encubiertas por parte de la ‘liga azul’, el Ministerio de Gobierno reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia, la legalidad y la defensa de nuestra institucionalidad”, escribió la institución.
Asimismo, señaló que “el Gobierno nacional rechaza de manera contundente los intentos de manipulación y control de la justicia, a través de los jueces, por parte de la ‘liga azul’, cuyos miembros intentaban desvirtuar el propósito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para fines partidistas”.
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“La trama delictiva de la ‘liga azul’ evidencia los nexos de la vieja política en las instituciones democráticas y en la justicia para desestabilizar al Gobierno y dar un golpe de Estado Azul”, subrayó el ministerio.
En el comunicado se afirma también que el Gobierno de Daniel Noboa tiene una “clara oposición a cualquier intento de perpetuación en el poder, a través de mecanismos ilícitos” y se “reafirma la voluntad de avanzar hacia un Nuevo Ecuador donde cada nombramiento y decisión se realice con absoluta transparencia y en beneficio del pueblo. En contraposición a las prácticas inaceptables de aquellos que buscan utilizar las instituciones como herramienta de intereses particulares”.
“Este Gobierno impulsa políticas de renovación, justicia y progreso que fortalecen la participación ciudadana y el Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley, y este principio es innegociable en el Nuevo Ecuador. No permitiremos que intereses oscuros y prácticas delictivas, de la vieja política, desvirtúen los pilares de nuestra democracia”, finaliza el comunicado.
En tanto, en el proceso legal el conjuez nacional Marco Aguirre Torre resolvió y acogió parcialmente el pedido del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y estableció para los cuatro prohibición de salida del país y presentación periódica quincenal ante la justicia en una sala especializada de lo penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, comenzando desde el 31 de marzo en adelante y la retención de cuentas bancarias de $ 5.640 por la multa prevista para este tipo penal.
Durante el desarrollo de la audiencia, la FGE habilitó y difundió un enlace de una carpeta de Google Drive en la que presenta más de 30 PDF de conversaciones relacionadas con los procesados y el presunto delito por el que se los procesa.
Este es el hipeevínculo para visualizar los archivos: https://drive.google.com/drive/folders/1Z9huJdzMVB0tA4uBV4gav74O-Bcsq4j6
El proceso que la Fiscalía ha denominado como Caso Ligados se deriva de la denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, actual superintendente de Bancos, y se origina en una decisión de los exconsejeros y la actual de desconocer el nombramiento de Romero como superintendente de Bancos actual y en su lugar nombrar a Raúl González como titular del organismo para el periodo 2022-2027.
Durante la presentación de su dictamen acusatorio, Toainga dijo que el CPCCS “se convirtió en la sede de un partido político” que tenía “el objetivo de captar los espacios de poder que fueran posibles”.
En tanto, el delito por el que fueron señalados está en el artículo 370 del COIP. Se establece así: “Asociación ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
En el dictamen acusatorio, Toainga también señaló que la acusación se hacía con base en el 278 del COIP, en concordancia con el artículo 42, numeral 1, literal a del mismo cuerpo legal. Esta norma explica que responderán como autoría directa quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. (I)