Aportante a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas está prófuga por un caso de lavado de dinero a través del sistema Sucre

Once días antes de aportar a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas, la empresaria quiteña Micaela Lehrer Alarcón se benefició de un millonario contrato de Fondo Global de Construcción (Foglocons) , la compañía que está en la mira de las autoridades estadounidenses por su relación con Álex Saab Morán, el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.Foglocons había abierto una planta en Durán (Guayas) para hacer casas prefabricadas cuyo destino eran los programas de vivienda popular del gobierno chavista. El 7 de enero de 2013, Foglocons firmó un contrato de $ 4,3 millones, incluido el IVA, con la empresa ecuatoriana Inmobiliaria Comercial y de Negocios Inconeg S. A. , cuya accionista era Micaela Lehrer.Once días después, Lehrer empezó a aportar a la campaña de Correa y Glas para las presidenciales de 2013. Un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) señala que ella dio $ 50.000 al binomio y $ 20.000 a la lista de asambleístas nacionales de Alianza PAIS . El reporte especifica que esos fondos ingresaron a la campaña entre el 18 de enero y el 27 de febrero de 2013.En esa época ya estaba vigente el Código de la Democracia que estableció que una persona podía aportar máximo el 5 % del gasto electoral autorizado para cada dignidad. Con los $ 50.000 que Lehrer dio al binomio Correa - Glas, llegó al 2,9 % de ese monto.Las autoridades ecuatorianas intervinieron Foglocons en julio de 2013, pues había utilizado el sistema Sucre para recibir dinero por exportaciones que nunca realizó. Otra empresa involucrada en ese tipo de irregularidades también benefició a Micaela Lehrer. Ella y su empresa, Inconeg, recibieron $ 7,5 millones de Pifogardens S. A., que usó el Sucre para enviar exportaciones sobrevaloradas a Venezuela. Esos pagos se realizaron entre febrero y mayo de 2012, según un informe judicializado de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional.Por estas transacciones, Lehrer tiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana . Fue llamada a juicio en enero de 2015 por supuesto lavado de activos, pero el proceso está suspendido porque se desconoce el paradero de ella, de su socio Pedro Cornejo Lloré y de otros acusados. Ellos apelaron el llamamiento a juicio, pero una Sala les negó el recurso.Por este caso, un accionista y un colaborador de Pifogardens ya fueron condenados.En los registros de la Policía Nacional, la orden de captura contra Micaela Lehrer permanece activa . EL UNIVERSO la contactó a través de sus familiares y por correo electrónico; de la misma forma, a Pedro Cornejo. Sin embargo, no hubo respuesta a los pedidos de entrevista.Micaela Lehrer inició su vida empresarial a los 26 años, cuando adquirió acciones de Inconeg en 2009. No era una empresa próspera. La Superintendencia de Compañías la declaró en inactividad en 2011, pues no había presentado sus balances dos años seguidos.Lehrer tuvo que hacer un trámite a finales de 2012 para evitar la disolución de la empresa. Presentó todos los informes contables, los cuales indicaban que la firma había tenido ingresos anuales que oscilaban entre los $ 8.000 y los $ 47.000 . Los montos no coincidían con las operaciones reales de la empresa, pues para ese entonces ya había recibido los millonarios pagos de Pifogardens.Las cifras tampoco mostraban suficiente capacidad como para que Inconeg obtenga el cuantioso contrato que Foglocons le entregó a inicios de 2013. Este acuerdo se dio por la compra de 99.000 puertas de madera, a razón de $ 39 cada una. Sin embargo, Inconeg solo hacía de intermediaria. Su Registro Único de Contribuyentes (RUC) le permitía realizar solo actividades inmobiliarias. Otro contrato muestra que la empresa adquiría las puertas a un fabricante guayaquileño.Inconeg emitió la factura de $ 4,3 millones a Foglocons el 13 de marzo de 2013.Cuatro meses después, en julio, el contrato entre Inconeg y Floglocons cayó en manos de la Fiscalía cuando esta allanó las instalaciones de Foglocons , que estaban ubicadas en el Parque Industrial Sai Baba, en la vía a Durán.Esta diligencia se realizó en medio de un escándalo que involucraba a decenas de empresas fantasmas en Ecuador que simulaban exportaciones a Venezuela por medio del Sucre. Algunas de estas consiguieron tantos fondos que ayudaron a capitalizar al Banco Territorial, de Pietro Francesco Zunino Anda, que luego fue intervenido y liquidado. Foglocons llamó la atención de las autoridades porque tenía una cuenta en esa institución financiera y había recibido casi $ 160 millones , pero solo había exportado $ 3,1 millones.Al inicio, el proceso solo involucró a quienes aparecían como accionistas de Foglocons, Álvaro Pulido Vargas , un empresario colombiano que trabajaba para Álex Saab y que ahora es procesado en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero, y Luis Sánchez Yánez, un profesional venezolano cuyo hermano fue asesor del expresidente Correa.Luego fue vinculado el representante legal de la empresa, Luis Zúñiga Burneo , dos personas relacionadas a la empresa ecuatoriana Homexsol S. A., a cuyo nombre Foglocons había girado un millonario cheque, y Micaela Lehrer . Un juez le dictó prisión preventiva contra ella en mayo de 2014, pese a que ya se encontraba prófuga.Sin embargo, otro magistrado anuló el proceso, pues encontró irregularidades en el allanamiento a Foglocons. Finalmente, a inicios de 2016, la Fiscalía acusó a cuatro involucrados en el caso, pero un juez consideró que no había suficientes indicios para llamarlos a juicio . Todos quedaron sobreseídos.Homexsol es una de las piezas que dejan ver la relación de Foglocons con empresas que simularon o sobrevaloraron exportaciones a Venezuela con el fin obtener dólares de ese país con una tasa de cambio preferencial otorgada por el gobierno chavista. Foglocons intentó pagar $ 4,4 millones a Homexsol a través de un cheque, en junio de 2013. Justificó esa transacción argumentando que se trataba de un préstamo, pero los bancos no autorizaron el movimiento. Uno de los accionistas y administradores de Homexsol era Byron Padilla. Él fue apresado junto con un mensajero y una secretaria en julio de 2013, dentro del caso Pifogardens. Padilla recibió una sentencia de nueve años de cárcel en julio de 2016 , por ser considerado autor de lavado de activos. La Fiscalía demostró que él participó en las operaciones de Pifogardens. Según las investigaciones judiciales, esta empresa envió 16.530 kilos de carbonato de calcio a dos empresas venezolanas por un valor promedio de $ 997 cada kilo, cuando el valor en mercado local era de apenas $ 0,12 el kilo.Las empresas venezolanas que recibieron ese producto fueron Inversiones Delsat 1 C.A. y Cooperativa Tapiradeco 24 RL. La primera transfirió $ 22 millones a Pifogardens a través del sistema Sucre, entre febrero y julio de 2012. En esa misma época, Pifogardens entregó los $ 7,5 millones a Micaela Lehrer y a su empresa Inconeg.El mensajero y la secretaria fueron declarados inocentes. El primero testificó que t rabajaba para Pedro Cornejo Lloré haciendo trámites en juzgados y otras instituciones públicas, y que fue él quien le pidió que preste el nombre para formar varias compañías. La secretaria era empleada de la empresa Thermadec S. A., cuyo socio mayoritario era William Torres Ontaneda. Ella testificó que su jefe le informó a inicios de 2012 que compartirían sus oficinas con personal de Pigogardens y que, al poco tiempo, se instalaron ahí Pedro Cornejo y Micaela Lehrer.Otra condena se emitió dentro de este caso en marzo de 2019. Francisco Rivadeneira Chicango recibió dos años de cárcel en calidad de cómplice. Él testificó que trabajaba para Pedro Cornejo y, como se había graduado de abogado, él le pidió que se hiciera cargo de unas cuentas bancarias de Pifogardens como firmante. La Fiscalía demostró que él aprobó millonarias transferencias a paraísos fiscales. La relación empresarial entre Pedro Cornejo y Micaela Lehrer quedó plasmada en otros documentos que permanecen en poder de la Fiscalía. En uno, Lehrer aparece como empleada de Homexsol; en otro, como gerenta comercial de Bloomexport S. A., otra de las empresas donde el mensajero figura como accionista y administrador. La suerte judicial de ambos se sabrá si las autoridades logran localizarlos o si, antes, el proceso prescribe. (I)

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