La actual presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, es quien encabeza la terna propuesta por el presidente encargado del más alto órgano de justicia ordinaria del país, Marco Ruiz, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) selecciones y designe al reemplazo de la vocal suplente de la Judicatura Alexandra Villacís.
Esta no es la primera vez que la rioense, de 39 años recién cumplidos, está entre los postulantes para representar a la Corte Nacional en el pleno del CJ y así presidir el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
En diciembre de 2022, su nombre fue el segundo en una terna encabezada por el entonces también juez nacional Wilman Terán, quien llegó a ser presidente del CJ y hoy cumple tres condenas por actos de corrupción en el sector justicia, y completada por el magistrado de la Sala Penal Luis Rivera. La lista fue enviada por el entonces titular de la CNJ, Iván Saquicela, pero los nombres fueron postulados y consensuados durante una sesión del pleno del organismo después de un extenso debate interno.
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Caicedo en su exposición de planes de enero de 2023 resaltaba su orgullo por ser oriunda de Los Ríos, ser montuvia y una mujer joven que desde los 12 años “quiere luchar por la justicia”. Por esos años arrancaba su exposición haciendo un diagnóstico: “Hay una crisis en la Función Judicial”, por lo que consideraba que se necesita una reforma, una “revolución” marcada por la equidad de género, promoviendo que las mujeres ocupen puestos de mando.
“Esta postulación tiene rostro de mujer. Para garantizar la paridad, la administración requiere reformas con rostro de mujer”, afirmó la jueza, que creía que la justicia requiere un modelo de reforma ciudadana que podría llevarse a cabo a través de mesas de diálogo para que los operadores de justicia entiendan qué está mal en esta rama.
Además, rescató la necesidad de que se decrete la emergencia en la Función Judicial por las condiciones precarias que enfrentan unidades judiciales de varias provincias del país, así como trabajar en la tecnologización de los procesos judiciales, crear un aplicativo móvil que permita a los ciudadanos acceder a los procesos con inmediatez y crear el “expediente digital”.
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Ganó el concurso en 2021 para ingresar a la Corte Nacional de Justicia como conjueza y actualmente es jueza encargada y presidenta de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Se mantuvo como encargada del despacho del entonces presidente Iván Saquicela y luego quedó como jueza encargada cuando salieron en 2024 de la institución por completar sus periodos los jueces Walter Macías, Luis Rivera y Byron Guillén.
Dentro de su perfil académico se destaca que es abogada de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad de Guayaquil, es especialista y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctoranda en la Universidad de Buenos Aires.
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En lo que respecta a la experiencia profesional, la hoy jueza penal ha sido responsable del Departamento Legal del Banco Nacional de Fomento y ha desempeñado el cargo de analista jurídica en la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Con 24 años fue jueza del Juzgado Tercero del Cantón San Miguel de Bolívar en el periodo 2012-2015. Entre 2015 y el 2021 fue jueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos. Es docente universitaria y ha colaborado con la Escuela Judicial.
Ya en el plano jurisdiccional, como jueza, Mercedes Caicedo en junio de 2025 fue la ponente en el tribunal que condenó de forma unánime al exvicepresidente Jorge Glas y a Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción, dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Como autores del delito de peculado ambos fueron sentenciados en primera instancia a trece años de cárcel.
En la lectura de su decisión, la Sala de Juzgamiento aseguró que en el juicio se acreditó que en virtud de la potestad estatal que tenían Glas, como presidente del Comité de Reconstrucción, y Bernal, como secretario técnico de esa instancia, abusaron de dineros públicos, recaudados por la Ley de Solidaridad para la atención a las víctimas del terremoto de abril de 2016, en beneficio de terceros, es decir, familiares del procesado Bernal.
Como conjueza nacional, en 2021 fue parte de la Sala de Revisión que declaró la inocencia del exlegislador Galo Lara, quien había recibido una sentencia de diez años de cárcel como cómplice de un triple crimen registrado el 4 de agosto de 2011 en una hacienda del recinto Balcerío, en el cantón Quinsaloma (Los Ríos).
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También integró como ponente el Tribunal que Apelación del caso Helicópteros Dhruv, el cual prescribió. El 10 de octubre de 2023 se convocó a la audiencia para conocer el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y la Procuraduría, pero con un fallo de mayoría, de los jueces Marco Rodríguez y Byron Guillén, se ratificó lo resuelto en primera instancia por el juez Luis Rivera, es decir, un sobreseimiento que favoreció a 18 personas dentro de una investigación por presunto peculado en la adquisición de siete helicópteros Dhruv en 2008.
Rodríguez y Guillén creían que instalar la diligencia era “inoficioso”, pues el Código Orgánico Integral Penal regula el tiempo del trámite de los pedidos de apelación y fija un plazo de 60 días; de lo contrario, el recurso queda confirmado por el ministerio de la ley. En cambio, Caicedo pensaba que debía instalarse la audiencia y resolver el recurso.
Entre los sobreseídos estaban Javier Ponce y Wellington Sandoval, exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa; altos oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como Rodrigo Bohórquez, Leonardo Barreiro, Alonso Espinoza, entre otros.
La Fiscalía, titular de la acción penal, y la Procuraduría General del Estado, como acusador particular, apelaron la decisión de Rivera para que sea resuelto por un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional, pero caducaron los plazos para tramitar el recurso, cuyo efecto fue la ratificación del sobreseimiento de los 18 involucrados.
El caso Metástasis fue otro en los que intervino Mercedes Caicedo como ponente. En ese Tribunal de Juicio, junto con los magistrados Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, el 25 de noviembre de 2024 se emitió una sentencia contra los 21 sospechosos del delito de delincuencia organizada que llegaron a la etapa de juzgamiento.
Entre los condenados a una pena de privación de libertad estuvo Wilman Terán, expresidente del CJ y exjuez de la CNJ que mantenía el alias de Diablo en el expediente de Metástasis. A Terán como colaborador de la red criminal que manipuló la justicia ecuatoriana junto con el narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, se le impuso de manera unánime la pena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Un mes después, en el juicio del caso Independencia Judicial, en el que se investigaba el delito de obstrucción de la justicia, Terán en su testimonio, el cual fue entregado como medio de defensa, mencionó a casi una docena de jueces nacionales que lo habrían visitado cuando presidió la Judicatura para supuestamente pedirle favores. Uno de los nombres señalados fue el de Mercedes Caicedo, quien, según alias Diablo, habría pedido ayuda para llegar a ser jueza nacional titular.
En Independencia Judicial, Terán y la exvocal del CJ Maribel Barreno fueron condenados, el 23 de diciembre de 2024, a una pena agravada de nueve años y cuatro meses como autores del delito investigado. Ambos fueron ubicados como parte de una red que buscó evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez de la CNJ, Walter Macías, actúe legalmente dentro del caso penal por tráfico de influencia denominado Vocales.
Caicedo fue la magistrada que, en enero pasado, dentro del debate para elegir a un nuevo presidente temporal para el organismo, pidió a los integrantes del pleno de la Corte Nacional “declinar posturas personales, pensar en la institucionalidad de (la) Corte, pensar en la democracia, en el bienestar del país y, sobre todo, pensar que la ciudadanía quiere creer en (ellos)”. (I)
