Ni el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Mario Godoy ni el exdirector del CJ en Pichincha Henry Gaibor asistieron la mañana de este jueves, 26 de febrero, a la Fiscalía de la 9 de Octubre y Patria, en el norte de Quito, para rendir versión dentro de la investigación previa derivada de la denuncia presentada por el propio Godoy y Jorge Carrillo contra el abogado Washington Andrade.
Justamente fue Andrade quien solicitó las versiones de Gaibor, Godoy y Carrillo. “Estas versiones las solicitamos para que respondan preguntas, sobre todo (para que) digan qué información fidedigna del caso Pendrive yo he revelado que les afecte. Es decir, queremos saber... Si ellos dicen que yo he revelado, que digan qué información es la verdadera. Que respondan de dónde viene; o, si yo he revelado, de qué estudio jurídico vendría el pendrive que la jueza Nubia Vera denunció que había entregado”, señaló el demandado.
Nubia Vera es la jueza de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha que el 23 de diciembre de 2024 aceptó la acción de protección propuesta por la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad, la cual permitió a la accionante volver al cargo.
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De esa decisión se han desprendido varias investigaciones y procesos legales. Por ejemplo, existe una investigación previa abierta por hechos denunciados por Vera, los cuales hablan de una supuesta presión hacia la jueza de parte de autoridades del CJ, como el expresidente de la institución Mario Godoy, para que su decisión fuera contraria a lo que buscaba la entonces vicepresidenta Abad. Dentro de esta indagación se acusó a Andrade, hoy exabogado de Vera, que habría expuesto información que estaba en reserva.
Al menos Gaibor y Godoy ya no están en el CJ. El primero renunció a su cargo luego de ser acusado por el juez anticorrupción Carlos Serrano de intentar incidir en la sentencia del narcotraficante serbio Yezdimir Srdan, quien fue condenado a diez años de cárcel por el delito de lavado de activos.
En cambio, Mario Godoy renunció al cargo la mañana del 18 de febrero pasado, horas antes de que se concretara su censura y destitución en la Asamblea Nacional con 148 votos a favor. El desenlace se provocó luego de que el abogado de profesión se mantuviera en el cargo un año y siete meses en dos periodos: el primero para completar lo que restaba de una presidencia de la Judicatura hasta enero de 2025, y el segundo para cumplir funciones en el periodo 2025-2031.
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“Ante estas persecuciones, uno tiene que dar la cara. Acá estoy para que, viéndoles a los ojos, digan de qué delito es del que me acusan. A ver si es que tienen la valentía de hacerlo hoy que ya no están en el Consejo de la Judicatura, que ya no están en el poder. Si antes no les tuvimos miedo, ahora mucho menos. Nosotros vamos a continuar para que esta denuncia que ellos presentaron, para tratar de silenciarme, sea declarada maliciosa y temeraria”, concluyó Andrade. (I)
