Los sobornos de Odebrecht alcanzaron el entorno del torturador de Venezuela

Como si fuera una serie de televisión, el periodismo sigue descubriendo más pistas de los sobornos de Odebrecht en Venezuela, más de cinco años después del acuerdo que la multinacional firmó en Estados Unidos. Esta vez se trata de un documento de la fiscalía suiza, que data de 2017, que ha permanecido guardado en alguna gaveta de la Candelaria, de Caracas, en las oficinas de la Fiscalía 55 Nacional, y que hoy revela más nombres y depósitos ilícitos sobre la hemorragia de dinero que significaron las más de 30 obras que la constructora brasileña prometió en Venezuela. Los fiscales suizos siguieron la ruta del dinero de las empresas de pantalla de Odebrecht en los bancos de su país y, entre tantas transferencias dudosas, saltaron varias que habían aterrizado en una maraña de cuentas asociadas al grupo Decsa (Diseño, Estudio y Construcciones S. A.), una constructora venezolana que figura en la lista de subcontratistas que facturaron para establecer la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas . Venezuela es el único país de la región donde no hay juicios ni responsables por el caso Lava Jato, que incluye a Odebrecht. Estas empresas offshore manejaron unos 1.600 millones de dólares de las obras de Odebrecht , pues los sobornos se pagaban desde esas compañías, que a veces también contrataban empresas locales en los distintos países. Los propietarios de las entidades locales también ganaban comisiones por estos servicios.El fiscal federal de la Confederación suiza, Stefano Herold, envió a Caracas, como parte de un proceso de transmisión voluntaria de información, un detalle sobre el caso para que la Fiscalía General de la República de Venezuela terminara el trabajo. En la carta advertía que “se han comprobado ulteriores transferencias de dinero a las sobredichas cuentas a nombre de Decsa”. Para el momento de corte, los fiscales se habían encontrado con más de 21 millones de dólares en once cuentas bancarias cuyos nombres y depósitos, cuando menos, llamaron la atención de Herold: “En el estado actual de la investigación, resulta que, con fecha del 7 de octubre de 2009 se ingresó en la cuenta (...) del banco Julius bar & Co S. A. a nombre de la sociedad DISEÑO ESTUDIO y CONSTRUCCIONES S. A. (DECSA), atribuible a Francisco Lino RAMÍREZ ARTEAGA y su familia, con firma para Thomas HACKER, un importe de USD 300,000, provenientes de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, sociedad atribuible al grupo ODEBRECHT”. Detrás de Decsa figura el matrimonio de Francisco Ramírez y Carmen López. El primero ligado a la propia Odebrecht y la segunda al Gobierno venezolano. “Resulta que Carmen Josefina López Arismendi es o fue vicedirectora general de la oficina de planificación y desarrollo de recursos humanos en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela”, previene Herold en su misiva. En lo que no reparó el fiscal es que el nombre de Ramírez está ligado al del jefe de la inteligencia nacional, el general Gustavo González López. Francisco Ramírez destacó entre 2007 y 2009 como vicepresidente de Grandes Obras del Metro de Caracas, cuando ese organismo estaba en manos del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González , uno de los primeros funcionarios venezolanos sancionados en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y hasta la propia Suiza, como responsable de las violaciones a los derechos humanos.Su gestión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian torturas y abusos dentro de la policía política. Destaca como uno de los artífices de la represión y las más de 170 víctimas fatales que suman las protestas de los años 2014 y 2017. “Representa el rostro de la tortura y los crímenes contra los DD. HH. en Venezuela”, reseñó el diario El Comercio de Lima en el año 2019 en un perfil sobre el general en jefe. Ramírez Arteaga y González López ya habían sido denunciados como parte de un escándalo por la renovación de los vagones de la Línea 1 del Metro de Caracas. La obra no fue al histórico grupo francés Frameca, que hasta entonces había provisto los vagones del Metro. Se la adjudicó sin licitación a un desconocido consorcio conformado por las ibéricas Cobra, Dimetronic y Constructora Hispánica, por las que una década más tarde no solo se ven trazas de corrupción como parte del escándalo de la Banca Privada d’Andorra sino en nombre de las que España ahora demanda una deuda de 155 millones de dólares. No hay muchas referencias del caso en la web. Pareciera que el nombre de Ramírez desapareció de la faz de Internet después de un barrido digital. A esa conclusión ha llegado el periodista Manuel Isidro Molina tras varios años denunciando el caso en sus columnas del diario La Razón . “El vicepresidente de grandes obras de Cametro era entonces el ingeniero Francisco Ramírez , quien renunció al cargo después que el presidente Chávez firmó la partida solicitada, y se fue a España a fraguar el doloso contrato”, afirmó Molina en un foro de Aporrea de abril de 2018, en una de las pocas columnas del caso que aún resisten en la web. Pero una puerta giratoria muestra hoy al Ramírez de hace unos años –subordinado de González López– al frente de una de las empresas que recibió depósitos irregulares de las offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que Odebrecht llamó a su división de sobornos. No fue posible contrastar estos datos con el propio Ramírez. No atendió ninguno de los llamados telefónicos que se le hicieron; tampoco pudo recibir las peticiones de informaciones que se intentaron en la sede del grupo Decsa. En las oficinas advierten que hace rato que la empresa cerró sus puertas. En papeles, la compañía apenas duró cinco años: el acta constitutiva precisa que fue establecida el 5 de junio de 2007 –días después de que Ramírez saliera del Metro de Caracas– y vendida en noviembre de 2012, a escasos dos años de los últimos contratos que firmaron con Odebrecht. Según la escasa información que se lee en el Registro Nacional de Contratistas, el grupo Decsa trabajó para la Constructora Norberto Odebrecht en la “excavación de fosos”, “estabilización de taludes” y “arrendamiento de equipos”. La página web de la empresa presenta a su grupo como una compañía ahora establecida en Panamá, para cuyo público muestran un catálogo con obras de Venezuela que –paradojas de esta historia– incluye a una de las emblemáticas fosas de la Línea 5 que quedaron a medio hacer en plena urbanización Chuao, una de las promesas faraónicas que anunciaban unir al este de Caracas desde Colinas de Bello Monte hasta La Urbina. La Línea 5 del Metro de Caracas es hoy una de las 17 –de las 32 obras de Odebrecht– que quedaron por hacer ; la única línea de metro del mundo devenida en una sola estación, la de Colinas de Bello Monte. Una obra cuando menos exótica, que Maduro inauguró apurado en noviembre de 2015 como la primera piedra de un proyecto que descongestionaría la Línea 1 del Metro de Caracas. “Misión cumplida. Ha iniciado operaciones la Línea 5 del Metro de Caracas en su primera estación” , manifestó Maduro el 4 de noviembre de 2015 desde uno de sus andenes, en el afán de mostrar obras en plena disputa electoral por el parlamento, en una suerte de preludio de la derrota en las urnas que sufriría menos de un mes después.Ni la Línea 5 pasó de Bello Monte ni la mayoría de las obras se materializaron. Si bien en todos los países se pagaron sobornos a cambio de contratos, los proyectos de Venezuela son un cementerio de elefantes blancos. El comandante Hugo Chávez vinculaba el futuro del país al de Odebrecht. Una empresa entonces de renombre, para la que no escatimaba halagos que le permitieran dibujar –y anunciar– el mapa de una Venezuela rutilante con no uno ni dos sino tres puentes sobre el río Orinoco, el más largo del país y el tercero de Sudamérica. Otros dos puentes sobre el Lago de Maracaibo (Zulia). También una retahíla de trenes, ferrocarriles y teleféricos, que entrelazaran la Gran Caracas desde Los Teques –estado Miranda– hasta Guarenas y Guatire, los suburbios que siguen a más de 40 kilómetros del otro extremo de la ciudad. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía renovado y ampliado fue una de las pocas obras concluidas. Su estampa sirvió para seguir la lista de promesas con plantas de etanol y energías limpias en los llanos venezolanos; una refinería de crudos para la faja petrolífera del Orinoco e instalaciones de gas en Anzoátegui. Un país grandilocuente que no pasó de catálogos y mapas. Ni hablar de la central hidroeléctrica de Tocoma (estado Bolívar), cuya operación habría salvado al país de los apagones. El inventario de Odebrecht suma un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares de los que ninguna autoridad ha rendido cuentas. “Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, suficientes para pagar toda la deuda comercial que tiene el país”, declaró Juan Guaidó el 24 de agosto de 2017, entonces al frente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ninguna auditoría podría precisar a ciencia cierta el tamaño del botín de Odebrecht en Venezuela. Agregaron adendas a los montos originales, simularon contratos o alquileres de equipos que nunca llegaron al país y hasta compraron obras de arte, pagadas desde sus offshore de la corrupción, en las más prestigiosas galerías de Caracas. Incluso, sus subcontratistas aprovecharon pagos a tasa de dólar oficial –según se pudo confirmar en la nunca concluida central hidroeléctrica de Tocoma– para luego revenderlos en el mercado negro azuzando el fuego de la inflación de esos años. Llegaron hasta falsificar la firma del propio Hugo Chávez cuando desapareció de la esfera pública para tratar su cáncer terminal en La Habana. En eso coincidieron los dos principales directivos de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, cuando se sumaron a los otros 76 testigos que colaboraron en el programa de delaciones premiadas que en diciembre de 2016 llevó la justicia brasileña. Ambos mencionaron a un lobista de nombre Luis Delgado, que pasó de ser funcionario del Metro de Caracas a una suerte de caballo de Troya con el que –desde adentro– infló y truncó contratos y pagos por más de 100 millones de dólares. “Pasamos a tener acceso privilegiado a minutas de Puntos de cuenta, y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción”, confesó Euzenando Azevedo, el ya célebre director de Odebrecht en Venezuela. “En la elaboración, Luis Delgado era quien conseguía hacer el borrador. Yo le decía: ‘Nos interesa más eso, (…) esa obra necesita más recursos, esa de aquí requiere de poco dinero’”, agregó el segundo a bordo de la constructora brasileña en Caracas, Alessandro Dias. El de Delgado fue un nombre común que pasó desapercibido hasta que apareció en Suiza en una maraña de cuentas bancarias en las que aterrizaron pagos sospechosos de varias de las empresas de pantalla que los brasileños emplearon para el trabajo sucio. La sorpresa fue encontrar sus datos en un tinglado de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares, que compartía en 2017 con dos prominentes damas venezolanas: María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz, nada más y nada menos que la esposa y la suegra del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi. Conocido como del grupo de los “ideológicos” del chavismo, El Troudi se estrenó en 2005 en el gabinete de Chávez como director del Despacho de la Presidencia de la República. Dos años después destacó entre los fundadores del Centro Internacional Francisco de Miranda, un think tank del chavismo, del que pasó a coronarse primero como ministro para la Planificación y el Desarrollo y luego una carrera en infraestructura, que empezó en el Metro de los Teques, más tarde en el Metro de Caracas y, finalmente, a cargo de toda esa cartera. Datos parciales de la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, dan cuenta de al menos 142 millones de dólares que los brasileños desviaron en comisiones ilegales solo entre 2011 y 2014. El derrame de fondos públicos tuvo que ser mayor, pero semejante cifra –la que se ha podido computar– lleva precisamente a esos años en que El Troudi estuvo a cargo de los proyectos de un país que no fue. Ha sido imposible alguna respuesta de su parte. Desde hace tres años El Troudi ha ignorado todos los mails , llamados telefónicos, mensajes por WhatsApp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica. Pero el silencio también es una respuesta. El exministro y exdiputado ha preferido aguantar la tormenta y apelar al bajo perfil frente a la retahíla de documentos y filtraciones que han mostrado a su esposa primero como cliente de la banca suiza, luego como propietaria de un privilegiado apartamento en Portugal y, finalmente, como beneficiaria de una visa dorada que pagó para salir de Caracas a Lisboa. No en vano, El Troudi confía en que no lo van a investigar. Al menos no en Venezuela. Eso resolvió el juez Luis Marcano Sarabia en una sentencia que el 13 de diciembre de 2017 desconoció las investigaciones que había enviado la justicia suiza. Tal vez por eso el exministro ahora se vende en sus redes ya no como el chavista redomado de otros años, sino como un “apasionado de lo afirmativo venezolano”. A su vez, en los juicios de Brasil, Euzenando Azevedo evitó siempre referirse a “sobornos”, pero como a Luis Delgado, mencionó también a Héctor Dáger como comisionista. Lo que no dijo entonces es que él compartía firma en cuentas bancarias en Suiza con el propio Dáger que había señalado. Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development muestra más de 14 millones de dólares, que Odebrecht depositó entre 2012 y 2014 desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda a varias cuentas de Dáger en Suiza. A diferencia de sus pares, Azevedo reportaba directamente al presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia de África y América Latina. Un privilegio que explica su rol y el de Venezuela en la trama local; si eso no es elocuente, es clave recordar que logró meterse al mismísimo Chávez en el bolsillo.Discreto, como buen hombre de negocios, y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el propio Chávez nunca escatimó elogios y buenas palabras para él. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”. Azevedo tuvo que abandonar Venezuela en 2013, a la llegada de Nicolás Maduro al poder. El mandatario venezolano no soportó que a espaldas de su gobierno el representante de Odebrecht en Caracas se hubiera reunido y aportado contribuciones para la campaña de su oponente, Henrique Capriles Radonski, como luego lo relató Azevedo ante los fiscales del caso. Contó allí Azevedo que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y a la vez otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. Pero a diferencia de otros, se cuidó de mencionar comisiones a funcionarios.Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras. Después de todo, el embajador de Odebrecht en Caracas bien supo cómo se movían los hilos del poder en el andamiaje chavista. Es bien sabido que tenía puerta abierta en el Palacio de Miraflores y mejor que muchos locales, Azevedo fue testigo de excepción de la debacle de un país boyante.Ahora desde su natal Pernambuco, al oeste de Brasil, pasa de largo. Se mantiene al margen no solo de Venezuela sino también de la propia Odebrecht, que le quitó el apoyo legal tras el reportaje de Armando.info que mostró cómo cobró parte de las coimas que él mismo gestionaba. Pero si Euzenando Azevedo supo siempre cultivar la discreción, Odebrecht también. A diferencia de casos como el de Perú o Ecuador, en la República Bolivariana nunca precisaron la identidad de una lista de más de 80 nombres en código que esconden a los funcionarios que recibieron coimas. Allí quedaron asentados seudónimos tan llamativos como el de “Cabelo”. La empresa ha sabido esquivar todas las solicitudes –formales e informales– que solicitan confirmar si ese ‘Cabelo’ es Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Aunque no se ha precisado si cobró sobornos, se sabe de cualquier forma que sí estuvo en la lista de políticos que financiaron sus campañas electorales por cuenta de Odebrecht.Si bien no precisaron montos, la constructora brasileña señaló que financió campañas de gobernadores y alcaldes tanto de gobierno como de oposición. Fue así como apoyaron a los oficialistas Diosdado Cabello, Elías Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di Martino y Farith Fraija. También a los opositores Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma. No podía ser menos con Chávez. Uno de los primeros testimonios desclasificados en los tribunales brasileños fue el de la pareja de Mónica Moura y Joao Santana, gurús en el mundillo de la publicidad electoral. No solo revelaron que –a cuenta de Odebrecht y las otras contratistas brasileñas– habían cobrado 35 millones de dólares por la última campaña del “Comandante Presidente”, sino que incluso parte del dinero fue recibido en las oficinas del alto gobierno con maletines de dinero en efectivo que iban y venían. Incluso entregados por el entonces canciller, Nicolás Maduro.“Él me mandaba a buscar con carros blindados –dos camionetas americanas, una adelante y otra atrás– y me llevaban a Cancillería. Entraba por el garaje, los vigilantes subían conmigo y me dejaban esperando. Después él me llamaba a la sala y conversábamos un poco de política y después él mismo me entregaba el dinero”, declaró Moura en mayo de 2017.El corolario de esta historia ya es bien sabido: nunca se procesó a los responsables. Poco antes de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonara el país en agosto de 2017, algunos de sus subalternos iniciaron investigaciones que rápido se quedaron en el aire. El actual fiscal general, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el chavista Tarek William Saab, ha enterrado el caso Odebrecht. “No vamos a trabajar en función de especulaciones”, dijo el 8 de septiembre de 2017 sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Odebrecht dispuso una forma de gobernar a través de sobornos, incluso el equilibrio político de América Latina. Lejos del imaginario colectivo, el ingreso de Venezuela a la órbita del Mercosur –el Mercado Común del Sur– no fue gracias a Lula ni Chávez. Entre tantos casos de corrupción, ha pasado inadvertido el lobby y los favores que la empresa pagó en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño para que acabaran con el boicot al gobierno del líder de la revolución bolivariana.El propio Marcelo Odebrecht lo reconoció durante el proceso de delaciones premiadas. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”, dijo frente a los fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil. Seis años después siguen apareciendo piezas en un rompecabezas que ahora también apunta al general Gustavo González López, el torturador del Sebin. (I) * Este artículo forma parte de la serie ‘Viaje al centro de Lava Jato’, realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), EL UNIVERSO (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

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