La Comisión de Fiscalización conoció y calificó el juicio político en contra de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una vez que el legislador Bruno Segovia (antes de PK) reconsideró su voto respecto a la unificación de las dos solicitudes de interpelación.
El pasado 29 de agosto, Segovia votó en contra de la unificación de los juicios políticos presentados por los legisladores de Pachakutik.
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Este 8 de septiembre, la mesa de Fiscalización sometió a debate y votación una moción planteada por la legisladora Ana Belén Cordero (BAN) para que se reconsidere la decisión y se vuelva a votar. Esta vez hubo cinco votos a favor de que se unifiquen los procesos.
Juicio al Consejo de Participación Ciudadana también bajo reconsideración de la votación para resolver unificación de solicitudes
El primer juicio político fue planteado por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño en contra de cuatro vocales del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por incumplimiento de funciones.
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El segundo proceso lo pidieron los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, de PK, en contra de los siete consejeros, también por incumplimiento de funciones.
Con la decisión tomada este 8 de septiembre se unifican los procesos de interpelación. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, dispuso la notificación a los acusados, pero el trámite de este proceso se suspenderá desde el lunes debido a que la Asamblea Nacional inicia un periodo de vacancia legislativa por quince días y que concluirá el 26 de septiembre próximo.
Las acusaciones que se presentan en este juicio tienen relación con la ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo del superintendente de Ordenamiento Territorial.
Arrogación de funciones por inclusión del orden del día de la sesión ordinaria n.º 3 del pleno del Consejo de Participación Ciudadana del debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.
Supuestas irregularidades en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y un supuesto conflicto de interés para la designación del defensor del Pueblo, César Marcel Córdova. (I)