Augusto Verduga Sánchez, exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), protestó la noche de este viernes, 31 de enero de 2025, tras conocer la ratificación de su destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por haber incurrido en una sanción electoral.

“Sabíamos que la presión del Gobierno terminaría prevaleciendo sobre estos herederos del trujillato. Lo de (Ivonne) Coloma y (Guillermo) Ortega resulta aún más asqueroso, ya que votaron en contra de sus propias posturas (como en el caso de Alembert Vera, en donde salvaron su voto)“, indicó Verduga en la red X.

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Con cuatro votos a favor y uno en contra, el pleno del TCE ratificó la sanción de destitución en contra de cuatro –ahora– exmiembros del CPCCS por incurrir en una sanción electoral muy grave cuando fueron candidatos a ocupar esta dignidad de elección popular en los comicios de febrero del 2023.

Esta noche se reunió el pleno de jueces electorales para tramitar un recurso de apelación planteado por Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplente) en contra de una sentencia de primera instancia emitida por el juez Fernando Muñoz, en la que se los sancionó con la pérdida de sus cargos, una multa y la suspensión de sus derechos políticos.

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Con los votos de los jueces Guillermo Ortega Caicedo (ponente), Ivonne Coloma Peralta, Joaquín Viteri Llanga, Ana Abril Olivo y el voto salvado (en contra) de Richard González Dávila, se los sancionó con la destitución de sus cargos, el pago de una multa de 70 salarios ($ 31.500) y la suspensión de los derechos políticos por cuatro años, a cada uno.

Este fallo electoral es producto de una denuncia planteada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach en contra de los cuatros exvocales que se bautizaron con el mote de ‘liga azul para salvar la patria’, con el que fueron auspiciados por el expresidente Rafael Correa y su movimiento político Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral de los comicios seccionales de febrero del 2023, pese a estar prohibido por la Constitución y la ley del CPCCS.

No obstante, Verduga consideró que “la canalla mediática aplaude con entusiasmo esta nueva herida a la democracia, mientras los denunciólogos que nunca ganarán una elección, hinchados de ego, celebran su efímero momentum.

El exintegrante del CPCCSque salió del país días atrás― consideró, entre otros puntos, que los jueces electorales “más temprano que tarde rendirán cuentas”. “Lo único que han conseguido es hacernos más fuertes. El tiempo lo dirá“, finalizó.

En tanto que la exvocal Yadira Saltos Rivas, quien recientemente fue posesionada como vicepresidenta del CPCCS, sobre la resoluión del TCE dijo que “al estilo de las tiranías, no les importa la forma de acallar la voz de quienes representamos la voluntad popular, bien ganada en las urnas”.

Mientras que Eduardo Franco Loor calificó de ‘infames’ a los jueces del TCE. “Solicité varias veces ser oído en audiencia como parte fundamental de mi derecho a la defensa, norma que consta en varios instrumentos internacionales de protección de los derechos, sin embargo vergonzosamente fue negado mi petitorio”, aseguró el exvocal.

Con esta sentencia del TCE se ratificó un primer pronunciamiento del juez Fernando Muñoz, quien tramitó la denuncia en primera instancia y concluyó en septiembre del 2024 que los cuatro actores políticos incurrieron en la infracción e hicieron proselitismo político. (I)