Liquidadora pide al Gobierno que se cancelen más de $ 1,8 millones por retransmisión de sabatinas para pagar a extrabajadores

Se evidencia “desinterés” en brindar el apoyo urgente para que las compañías de comunicación incautadas por el Estado puedan llevar un normal proceso de liquidación o para que se resuelvan las causales que motivaron la liquidación.Así lo indicó Cristina Reyna, liquidadora de las compañías incautadas por el Estado: radio Bolívar (radio Super K800), Organización Radial C. A. (radio Carrousel), radio La Prensa TV, Americavisión S. A., Cablevisión S.A. y Editorial Unimasa, en una comunicación remitida el 10 de febrero pasado al presidente de la República, Guillermo Lasso. Este “desinterés” ha impedido que desde el 2018 hasta la actualidad los extrabajadores de los medios incautados puedan cobrar sus liquidaciones.La liquidadora aseguró que por cancelar se encuentran las obligaciones laborales, el IESS y la administración tributaria, que juntas ascienden a un monto estimado de $ 2′000,000. A ese valor, agregó, se debe adicionar la resolución del Ministerio de Trabajo por un pliego de peticiones por pagar a los extrabajadores que asciende a $ 7′492,186 y el monto por cuantificar originado de procesos judiciales.Sin embargo, Reyna ve una salida para que se cancele una parte de esos haberes, a través del pago de los recursos que radios Super K800 y Carrousel dejaron de percibir por la transmisión de los enlaces ciudadanos por el periodo desde el 28 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2017. La liquidadora cita un informe de la Contraloría del 11 de abril de 2019, en el que se indica que radio Super K800, que durante 190 sábados realizó 39.943 minutos de transmisiones de Enlaces Ciudadanos de la Presidencia de la República dejó de percibir $ 1′258.204,50. Mientras que radio Carrousel dejó de percibir $ 605.525 por la retransmisión de 128 enlaces ciudadanos.La liquidadora presentó un ejemplo de cómo sí se cancelaron estos haberes para otros medios privados. Es el caso de las sabatinas transmitidas sin ser facturadas por la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A, que también consta en un informe de Contraloría, sobre el periodo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, en el que también se determinó que el canal dejó de percibir ingresos por $ 3′949,954 por la transmisión de 97 enlaces ciudadanosSin embargo, al medio sí se le cancelaron los servicios, por lo que la liquidadora reveló que se encuentra en trámite la solicitud a Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia, para que los valores reflejados en los informes de la Contraloría sean cancelados a sus empresas representadas.“Lo cual permitirá cubrir en gran parte las obligaciones existentes con los extrabajadores y las instituciones públicas”, aseguró la liquidadora, quien aseguró que presentó los sustentos de los servicios prestados.No obstante, Reyna citó hechos externos que han impedido un normal proceso de liquidación de los medios incautados e insiste al presidente Lasso: “Que por su intermedio se interceda y se disponga a las autoridades competentes que se agiliten los procesos en beneficio de las compañías a las cuales representa”.Recordó que el 25 de noviembre del 2020 en la primera convocatoria a la Junta General de Accionistas, Edison Toro, representante de la Empresa Pública de Medios de Comunicación del Ecuador- Medios Públicos EP en Liquidación, expresó la imposibilidad de cubrir las obligaciones debido a pronunciamientos del Ministerio del Trabajo y de la Procuraduría General del Estado que lo exoneran de la solidaridad patronal.En tanto, Reyna señaló que la alternativa de que se emita un Decreto Ejecutivo Presidencial no fue considerado en el análisis de la Procuraduría como una opción para poder cumplir con las obligaciones laborales de los extrabajadores, puesto que en el artículo 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece: “Se prohíbe a todas las entidades del sector público, excepto a la banca pública y las entidades públicas crediticias la realización de operaciones de crédito a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado...”.Otro obstáculo para conseguir los recursos, explicó la liquidadora, es la imposibilidad de enajenar los bienes incautados, debido a que en el 2018 los hermanos William y Roberto Isaías Dassum , propietarios originales de los medios, interpusieron una acción constitucional de medidas cautelares para prevenir el posible inicio de un procedimiento de remate.Esto, por la existencia de proceso de reparación integral dictaminado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que según Reyna hasta la fecha no se ha resuelto, y tampoco se ha revocado la medida cautelar. (I)

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