Ecuador llega al Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora este viernes, 1 de mayo del 2026, con normativas que han buscado generar más oportunidades de empleo, empleo joven y garantías laborales para las mujeres.

Desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 hasta la fecha, se han emitido al menos cuatro leyes sobre empleo y cuatro acuerdos ministeriales en materia laboral, expedidos por el Ministerio del Trabajo, en ese entonces liderado por la exministra Ivonne Núñez.

De hecho, la primera normativa que impulsó el Gobierno de Noboa y que se aprobó en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2023, tiene que ver con empleo. Se trata de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.

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Esta norma fomenta la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años, a cambio de incentivos tributarios.

Entre otras cosas, esta normativa plantea que los empleadores que incrementen el número de sus plazas de trabajo mediante la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años tendrán derecho a una deducción adicional del 50 % en la base imponible del impuesto a la renta.

Asimismo, establece un 75 % adicional en la base imponible del impuesto a la renta por la contratación de personas que hayan cumplido una pena privativa de libertad de un año o más, y un 50 % por la contratación de personas sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

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Además, señala que las empresas que contraten personas obligadas a pagar pensiones alimenticias tendrán un 50 % adicional en la base imponible del impuesto a la renta.

La segunda ley en materia laboral que se impulsó desde el Ejecutivo es la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, que se aprobó en el Parlamento en febrero de 2025 y entró en vigencia un mes después.

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Esta normativa busca crear un entorno favorable para las mujeres emprendedoras, facilitando su acceso a recursos financieros, capacitación y oportunidades de mercado. Además, establece políticas públicas que promueven la igualdad de género en el ámbito económico y empresarial.

La ley de economía violeta es otra ley en favor de las mujeres. Aunque fue expedida en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, su reglamento se emitió antes de la posesión del presidente Daniel Noboa; mientras que en esta administración la cartera de Trabajo impulsó el sello violeta en las diferentes instituciones y registró el cumplimiento de esta ley con el Acuerdo Ministerial n.º 2024-013.

Esta normativa también crea incentivos tributarios para quienes fomenten el empleo.

La Asamblea Nacional aprobó una ley para reducir la brecha de salarios entre hombres y mujeres. Foto de Archivo Foto: EFE

También está la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, aprobada en enero de 2024, que busca garantizar la igualdad de remuneración y cualquier otra forma de retribución económica entre hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

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La norma tiene por finalidad erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral para eliminar la brecha salarial y de remuneración por motivos de género en el ejercicio de las actividades laborales acorde a su relación laboral.

En cuanto a acuerdos ministeriales, está el Acuerdo Ministerial n.º 2025-045, sobre la ruta de empleabilidad, que se constituye como una estrategia directa de compromisos con el sector privado para la generación de empleo.

El objetivo de esta norma es establecer, implementar e incentivar acciones con la empresa privada mediante la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional en diferentes provincias del país, con el propósito de generar oportunidades de empleo.

A la vez, se emitieron dos acuerdos ministeriales sobre legislación laboral tras una sentencia de la Corte Constitucional y por pedido de la Asamblea Nacional.

Se trata del Acuerdo n.º 2025-102, que se constituye como una norma para la prevención y atención a todos los casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado.

El documento pretende determinar los lineamientos para la prevención y atención de casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado.

La norma aclara que las disposiciones son de aplicación obligatoria para los trabajadores y empleadores sujetos al régimen del Código del Trabajo y se aplicará cuando las conductas de discriminación, violencia y acoso laboral ocurran durante el trabajo, en relación con el trabajo o como su resultado.

Está también el Acuerdo n.º 2025-093, que es una normativa para la prevención, protección y sanción de las faltas disciplinarias graves por discriminación, violencia y acoso laboral y acoso sexual laboral, en el ámbito laboral del sector público.

Por otro lado, en mayo de 2024, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 255, con el que se promueve una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo; y se fortalece su marco regulatorio mediante el desarrollo de políticas públicas y acciones que permitan fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

En tanto, en febrero de este 2026, el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo ministerial en el cual se regula el procedimiento para la autorización de turnos y horarios especiales de la jornada laboral.

Entre otras cosas, el documento faculta a que las partes, es decir, el empleador y el trabajador, puedan convenir el incremento de horas de la jornada diaria de trabajo a cambio de que se otorgue al trabajador más días de descanso.

En este marco, permite la distribución de la jornada flexible, para que se trabaje hasta diez horas al día con tres días de descanso.

Este acuerdo fue demandado por varias organizaciones sociales en la Corte Constitucional y se encuentran en trámite en el organismo.

Los sindicatos anunciaron movilizaciones para conmemorar el Día del Trabajo, este 1 de mayo, en varias ciudades del país. Foto: El Universo

Exministros evalúan la situación laboral en el país

Para la exministra del Trabajo de este gobierno, Ivonne Núñez, este 1 de mayo el país llega con la expectativa de más empleos en razón de varios acuerdos comerciales y de inversiones suscritos con países como Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y, próximamente, dice, con Estados Unidos.

La exfuncionaria precisa que esto permitirá la apertura o el ingreso de productos agrícolas a dichos mercados que, para cumplirlos, se requiere mayor producción, generando empleos también en el área de la construcción.

“En materia laboral siempre las legislaciones se deben ir adaptando a los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y a las recomendaciones que se expiden”, dice.

Por su parte, Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, considera que Ecuador requiere urgentemente que la normativa laboral se adecúe y evolucione como lo han hecho las actividades productivas.

Para el exsecretario de Estado, se requiere un marco normativo que permita que las nuevas inversiones y los nuevos empleos formales tengan un régimen especial temporal tanto para la vinculación como para la desvinculación. Esto, agrega, con el fin de que sea económicamente eficiente y amigable para el empresario para evitar prevenciones en realizar nuevas contrataciones adicionales a las ya existentes.

Ledesma resalta que en la última década, haciendo un paréntesis por el COVID-19, Ecuador no ha mejorado sus índices de empleabilidad, que se mantiene en un 30/70; es decir, el 30 % con empleo adecuado y 70 % sin empleo o en subempleo informal.

“Por esto hay que darle un espacio de alternativas laborales al actual Gobierno, que los nuevos acuerdos bilaterales comerciales deben ir acompañados de una normativa laboral adecuada”, precisa.

A la vez, el exministro observa que han existido pocos avances en materia laboral en el actual gobierno y opina que el reto más importante, actualmente, en el tema laboral “es lograr un marco normativo amigable para los inversionistas nacionales y extranjeros acompañado de certezas y seguridad jurídica”, opina.

De su lado, Andrés Madero, exministro de Trabajo y decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec, reconoce que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos de cambios de modalidades contractuales, a través de reformas, aunque considera que es necesario dar un paso hacia ideas más disruptivas y directas, como la jubilación patronal.

“Menos del 2 % de los trabajadores logran llegar a cumplir los requisitos establecidos en la norma para ser beneficiarios de la jubilación patronal... Esta norma, este supuesto beneficio de la jubilación patronal, se ha convertido en una letra muerta. Debería ser revisada, analizada y reformada”, sugiere.

Otro de los aspectos que se pueden mejorar, dice el experto, es la simplificación de trámites para que empleadores y trabajadores accedan de mejor manera a la justicia administrativa.

A la vez, el exsecretario de Estado observa que Ecuador tiene un grave problema para incorporar jóvenes al campo laboral, pues explica que es un problema global, aunque reconoce que en el país se ha generado legislación para paliar esta problemática. Sin embargo, evalúa que para esto se requiere un incremento de la economía que genere un mejor clima laboral y mejore las fuentes de empleo.

“Para ello se necesitan condiciones de estabilidad económica, política, de seguridad jurídica, de seguridad física; también un entorno legal laboral que permita incorporarse fácilmente al mercado con la garantía de los derechos establecidos en las normas constitucionales y en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador, evitando la mayor precarización que podría tener un ser humano, que sería la de no tener un trabajo pleno y formal, que hoy todavía aqueja a casi siete de cada diez ecuatorianos que no cuentan con un empleo pleno y formal”, examina.

Madero sostiene también que el país enfrenta retos en esta materia, como la incidencia de la inteligencia artificial y los cambios en las modalidades de empleo.

Para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, organizaciones sindicales convocaron a movilizaciones en varias provincias del país para exigir mejores condiciones laborales. (I)