Ley urgente sobre fortalecimiento de la minería y energía en el país se define este jueves en Samborodón

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó para este jueves a las 10:00 al Pleno en Samborondón, para conocer y resolver sobre el segundo informe del proyecto de ley urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. La sesión del pleno se realizará en el campus de la Universidad Ecotec, en Samborondón . Las bancadas legislativas definirán su posición este miércoles luego de las consultas respectivas y el debate interno sobre el contenido de informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto incluye reformas a la Ley de Minería sobre actos administrativos previos para ejecutar las actividades mineras, la patente de conservación, la etapa de exploración de la concesión minera, regalías a la explotación de minerales, entre otros. Las críticas de los sectores de oposición a esta reforma contemplada en el artículo 26 de la ley de Minería, se refieren a la eliminación de la obligatoriedad de una licencia ambiental que actualmente debe ser otorgada por el Ministerio del Ambiente para poder ejecutar las actividades mineras. En vez de la licencia ambiental, el texto señala que a la autoridad ambiental competente le corresponde otorgar la correspondiente autorización administrativa ambiental, de conformidad con el régimen y a las etapas aplicables.Además se amplía de cuatro a quince años la etapa de exploración de la concesión minera, donde se señala que el titular estará obligado a ejecutar labores de exploración dentro del área concesionada por un plazo máximo de quince años; y esta etapa comprenderá dos subfases: exploración inicial, que duraría hasta cuatro años y la exploración avanzada y evaluación económica, con una duración de hasta once años. Las reformas también incluyen un texto que cataloga las áreas mineras de protección de seguridad estratégica, que son los espacios territoriales, que por su ubicación, importancia económica, carácter estratégico, infraestructura asociada o riesgos para el interés nacional, r equieren protección por parte de las Fuerzas Armadas . La declaratoria de áreas mineras de protección de seguridad estratégica la realizará el ministerio sectorial y la autoridad de control minero.En las áreas en las que existe presencia de grupos criminales, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo hasta neutralizar la amenaza y reestablecer las condiciones de normalidad. Se agrega un texto en artículo 130 de la ley de Minería donde se señala que la Empresa Nacional Minera, en su calidad de empresa pública estratégica del Estado, será el único facultado para la suscripción y otorgamiento de contratos de operación minera exclusivamente respecto de sus concesiones inscritas bajo el régimen de pequeña minería, sin perjuicio de los contratos que pueda celebrar en otros regímenes, tales como mediana o gran minería, conforme a la normativa aplicable.Ninguna otra entidad pública o privada podrá suscribir y otorgar contratos de operación bajo el régimen de pequeña minería.En torno a la ley del sector eléctrico , la propuesta reforma algunos aspectos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica , como el cumplimiento del plan maestro de electricidad por parte de las empresas privadas y estatales, el sistema de generación distribuida para autoabastecimiento, la autogeneración de energía y más.La propuesta del Ejecutivo busca optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, con disposiciones de carácter especial y de orden público aplicables en todo el territorio nacional. En materia minera, se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales, regular los actos administrativos previos a la actividad minera, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, así como incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.Se introducen reformas orientadas a fortalecer los controles ambientales, el régimen de regalías, la distribución de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de la pequeña minería y la minería artesanal, priorizando la sostenibilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo territorial. Los cambios que se introducen a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica pretenden establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria; y crear mecanismos como el mercado de capacidad, para garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Se prevén disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico, autogeneración, y distribución de utilidades para proyectos de desarrollo territorial en las zonas de influencia.Las bancadas y sectores legislativos analizan el contenido del proyecto de ley para definir su posición cuando les toque consignar su voto por este proyecto de ley. La legislatura necesita al menos de 77 votos para aprobar el proyecto urgente remitido por el Ejecutivo, y el plazo para pronunciarse vence el 27 de febrero de 2026. (I)

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