Desde la Constitución, pasando por los códigos orgánicos de la Función Judicial y Administrativa, hasta leyes orgánicas del Servicio Público y de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son los cuerpos legales que actualmente recogen conceptos aplicables al derecho de repetición que le asiste al Estado ecuatoriano para recuperar dineros que pagó debido a una actuación de funcionarios públicos o judiciales que generó una violación de derechos a terceros.