La Corte Constitucional tomó la decisión ‘más radical’ al destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, dice el expresidente Hernán Ulloa

La Corte Constitucional (CC) tomó la decisión “más radical” al destituir a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que lo acatará, pero no lo comparte, manifestó Hernán Ulloa, quien hasta este lunes fue el presidente del organismo.Su reacción se dio horas después de conocer que por unanimidad los jueces de la Corte Constitucional decidieron destituirlo a él y a los otros seis vocales del CPCCS, porque en un acto “deliberado y sistemático” no designaron al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) de una terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pese a que superaron todas las fases del procedimiento de selección.Con ello quedaron fuera de la institución Hernán Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Sofía Almeida Fuentes, Francisco Bravo Macías, Juan Dávalos Benítez, Graciela Estupiñán Gómez y David Rosero Minda.La resolución derivó de un auto de verificación de cumplimiento de la sentencia en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso Álvaro Román, quien pretendía asumir la presidencia de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, pues era su suplente.La CC aceptó parcialmente el recurso, aunque no dispuso que asuma la presidencia, ya que provenía de la terna de la Fiscalía General y no de la CNJ, como lo establece el artículo 179 de la Constitución.Así, ordenó al CPCCS que elija a la autoridad de una terna que envíe la CNJ de forma célere, lo que no ocurrió.El 2 de enero último, Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán participaron en una sesión en la que no llegaron a un acuerdo por ninguno de los tres candidatos Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.Los otros, Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, no participaron de esa plenaria.Durante once meses el Consejo de la Judicatura permaneció presidido de forma temporal por Fausto Murillo, mientras la CNJ envió cuatro ternas sin que la designación avance.Los jueces iniciaron un seguimiento del cumplimiento de la sentencia al ver que no se designó a la autoridad y aplicaron los artículos 86 y 436 de la Constitución, que les permite destituir a los funcionarios por incumplir sus sentencias.“En un acto de coherencia y de principios, aunque no comparta los argumentos de la CC, es un deber acatar en torno al Estado constitucional de derechos en el cual vivimos. La verdad, esperaba más coherencia en torno a lo actuado por la CC”, increpó Ulloa en un mensaje final que dio en la sede del Consejo en Quito este martes 24 de enero, a la que acudió para retirar sus pertenencias.Increpó que la Corte no ha tenido la “posición radical” de destituir funcionarios estatales por incumplir sus sentencias y, al contrario, ha buscado mantener la institucionalidad.Por esto, se mostró sorprendido. “No pensábamos que una decisión así se iba a tomar”, dijo.Pero dados esos efectos, la exautoridad exhortó a los jueces del alto Tribunal de Arbitraje del Estado a actuar con estos mismos principios de igualdad y no discriminación frente a las acciones de la Asamblea Nacional, que habría incumplido una sentencia del 2019.“La Corte Constitucional es incongruente con sus decisiones porque existía una visión de defensa de la institucionalidad”, lamentó Ulloa.Frente a la conclusión de los jueces de que hubo una actuación deliberada y sistemática en la no designación del presidente del CJ, Ulloa se defendió. “No hubo una intención deliberada para atrasar este procedimiento, al contrario, creo que avanzamos de manera prolija”, aseveró.Entre sus explicaciones, indicó que el CPCCS ni siquiera era parte, ni como amicus curiae, de la acción extraordinaria de protección que planteó Román y reprochó que existan estos efectos para ellos.Insistió finalmente en que también se dé una “lección” a la Asamblea Nacional a la que acusó de desinstitucionalizar el Consejo de Participación Ciudadana y a otras instituciones.A varios metros de distancia del CPCCS, el exconsejero David Rosero se pronunció desde las oficinas de la Unión General de Trabajadores (UGTE) e increpó a la Corte Constitucional de tomar esta decisión para distraer la atención de las denuncias de presuntos hechos de corrupción que enfrenta el régimen.Él busca ser reelecto en este cargo en los comicios del 5 de febrero próximo y anunció que de ganar, volverá al organismo, pues él “no ha perdido los derechos políticos”.“La Corte Constitucional no topa mis derechos políticos, incluso hay jurisprudencia en un caso similar que pasó con la prefecta Lucía Sosa de Esmeraldas, que fue destituida de una manera irregular por la anterior CC; sin embargo, se presentó a la elección para ganar una dignidad popular y, en ese contexto, nuestra candidatura está en firme”, explicó.Según Rosero, con base en el caso de Sosa, él puede participar y volver al CPCCS, y aclaró que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público no aplicaría para los cargos de elección popular.Dicho artículo determina que el “servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido”. Para Rosero, la Corte no se ha pronunciado sobre sus derechos políticos, por lo que podrá asumir el cargo de ganar la elección en estos comicios.La exconsejera y también expresidenta Sofía Almeida se pronunció en redes sociales sobre este suceso. “La Corte Constitucional ha cedido a las presiones del Gobierno para ganar la consulta popular. Los que hemos luchado para que se designe al presidente del CJ demostramos claramente en cumplimiento. Pero que mi sacrificio y el de mi puesto sirvan al menos para darle una justicia independiente al país”, escribió Almeida, quien no desestimó acudir a instancias internacionales.En el CPCCS el ambiente entre los funcionarios era de incertidumbre. Mientras Ulloa se despedía, les aconsejaba seguir sus actividades, en tanto se conforme un nuevo pleno con la posesión de consejeros suplentes, electos en las elecciones del 2019, para que se principalicen y tomen decisiones.

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